En la vastedad de Pampa Galeras, el Presidente Fujimori encarnó un singular inti Raymi, en el Día del Campesino.
Imperturbable, como si fuera ajeno a las corrientes que recorren el interior del régimen, el Presidente Alberto Fujimori continúa con sus giras al interior del país, anunciando la concreción de un proyecto que sólo él conoce. Sin embargo, las batallas legales y la correlación de fuerzas al interior de las facciones políticas del propio régimen van creando la sensación de que la indisciplina y el desconcierto van ganando terreno. Se aproxima julio, hay sorpresas en el plano financiero como la compra de los papeles de la deuda con la banca privada y una ardorosa discusión sobre la oportunidad de aprobar algunas leyes que afectan a cientos de miles de familias peruanas. ¿Adónde va el régimen, cada vez más impenetrable y autoritario? La noche del miércoles, se produjo un nuevo avasallamiento del Poder Judicial, no obstante los consejos de que el Perú requiere estabilidad y autonomía en sus instituciones, y la mayoría parlamentaria persiste sorda a los reclamos de una minoría política que parece asimismo carecer de norte. Son demasiados vientos encontrados.
Fotos ALEJANDRO BALAGUER
Biosfera
EL congreso con la sesión del miércoles pasado cerró una de las semanas más álgidas y discutibles de su controvertida actuación.
Simbólicamente, no sólo aplazó la aprobación de la ley de conformación del Tribunal Constitucional sino que impuso nuevamente el criterio de que ninguna instancia podía revisar la resistida Ley de Amnistía.
En la tarde del mismo miércoles, una pequeña delegación del Ejecutivo se reu nió con los miembros de la Mesa Directiva para entregarles el úkase definitivo: no se podía permitir que arribe el lunes sin que el Poder Judicial no tuviera el aviso perentorio de que no debía prosperar la resistencia a la Ley de Amnistía, pues de lo contrario tendría que adoptarse medidas aún más severas contra el Poder Judicial, cuyas rebeldías habían colmado la paciencia del Ejecutivo.
Dos días antes, nada menos que el Premio Nobel de Economía 1993, el norteamericano Douglass North, había expresado al Presidente Alberto Fujimori que el desarrollo y el crecimiento económicos van de la mano con un proceso de afianzamiento de las instituciones y había hecho una mención específica a la necesidad de mantener la independencia del Poder Judicial, como garantía indispensable para la apertura y la estabilidad económicas.
Tal mención parece ahora una ironía cruel, a la luz de la nueva presión que se ejerce contra dicho Poder del Estado para hacer prevalecer la inconstitucional Ley de Amnistía, resistida por todos los sectores del país.
Algunos observadores señalaban que el gobierno parecía darse cuenta que la temperatura política se había caldeado a raíz de esa ley y que había aconsejado aletargar, en un movimiento táctico, la aprobación de algunas leyes que provocarían nuevas "turbulencias".
SUELDOS Y GOLLERIAS
El indicio partía del hecho que el Consejo Directivo del CCD decidió dejar sin efecto la asignación a cada parlamentario de 4,200 dólares destinados a cubrir los gastos de "servicios" y de representación.
El humor del Presidente se reflejó en un desfile numeroso por el Día del Campesino. Las leyes de aguas y tierras, sin embargo, son presagios de tiempos aún más complicados para el agro.
Si bien, en un sentido estricto, dichos gastos no forman parte del haber de los congresistas (cuyo básico es de 2,452 dólares), la promotora del proyecto que alzaba los gastos de servicios en casi el doble del haber básico, la oficialista Martha Chávez, sostuvo que con ello "se ahorraba" los abultados gastos del Legislativo.
Lo cual quiere decir que algunos congresistas por concepto de servicios o gastos de representación sobrepasaban los 4 mil dólares, teniendo que justificar documentadamente esos excesos. Se trató de involucrar incluso a Rafael Rey de Renovación como uno de los "gastadores" , cuando es público y notorio que la demasía es frecuente más bien entre los "engreídos" del oficialismo.
Rey ha sido, es justo reconocerlo, uno de los que dio la batalla para evitar una alza desmesurada de las asignaciones a cada parlamentario. Tanto que provocó la presión presidencial para que se mantuviera el pago del básico y se pagara los gastos de servicios y de representación bajo la antigua modalidad.
La marcha por las víctimas en las calles no hicieron mudar de actitud al gobierno.Por el contrario, se reincide en la validez de la Ley de Amnistía.
CARETAS intentó averiguar cuáles eran esos gastos en estos 4 últimos años, detallados por cada parlamentario. Acudió al despacho del Oficial Mayor, el Sr. José Cevasco, quien adujo que se trataba de una información reservada y que por lo mismo no podía proporcionarla.
¿Qué criterios impiden que una información que debiera ser pública y transparente, para bien incluso de la actual Mesa Directiva, resulta ser un secreto de Estado?
En los corrillos del CCD, funcionarios y asesores reconocen que los miembros de la mayoría hacen uso indiscriminado de ventajas para sí y sus familiares (viajes y viáticos al exterior, compostura y alquiler de automóviles para sus esposas, cuentas de beepers y teléfonos celulares, cuentas de agasajos y banquetes con fines proselitistas), pero que priman allí criterios de favoritismo que deberían explicar los miembros de la Mesa Directiva.
Ahora, al volverse al antiguo sistema no es que estas gollerías desaparezcan, simplemente tienen que hacerse con la adición de los documentos que prueban esos gastos materia en la que a su vez los congresistas se han vuelto duchos. No hay, en definitiva, una verdadera corrección de un mal que contradice el espíritu de austeridad que Alberto Fujimori anunció después del golpe del 5 de abril y que fue uno de los motivos que adujo para justificar la ruptura del orden constitucional.
La respuesta de los parlamentarios a las acusaciones de un desmedido uso de los fondos públicos es dirigir la atención pública a los sueldos de los directivos del Poder Ejecutivo, otro arcano sobre el cual nadie o casi nadie se manifiesta.
Los pensionistas actuales y futuros se preocupan por los alcances de la ley Marcenaro que virtualmente desaparece al Sistema Nacional de Pensiones.
Según denuncia de "La República" los ministros y viceministros del actual régimen podrían percibir sueldos del orden de los 20 mil soles mensuales, creando una verdadera casta privilegiada frente al más de un millón de empleados públicos que tienen sus sueldos congelados.
En esos estamentos opera igualmente el secreto de Estado, pues si bien formalmente hay escalas remunerativas para el sector público, se añaden primas y sobresueldos en planillas secretas o con cargo a proyectos con financiamiento externo vía el PNUD, el BID,etc.
Este asunto de las percepciones de los altos directivos de un gobierno es una vieja cuestión, jamás resuelta con transparencia. Nadie duda que los ministros y la planta jerárquica de confianza de los ministerios debe ser bien remunerada, como una forma de garantizar la idoneidad de los cuadros y también su honradez. Pero de allí a los subterfugios y el secreto como modalidades de la administración pública hay una larga y penosa distancia.
No obstante que las AFPs claman por la pronta dación de la ley que solucionaría sus acuciantes problemas, el proyecto de Ricardo Marcenaro se aguantó en el CCD. El Superintendente Augus to Mouchard plan teó serias objeciones, indicando que no se le consultó para nada.
ACTUAR CON SORPRESA
Pues bien, en la práctica, no hay marcha atrás en lo de los gastos de los congresistas. Tampoco la hay en lo que respecta a las leyes que se han cocinado bajo el pretexto de completar los llamados "cambios estructurales" del modelo de apertura liberal de la sociedad y el Estado peruanos.
Sucesivamente el país es bombardeado con la proliferación de proyectos de ley que cambian la fisonomía legal de los sectores económicos y sociales, como es el caso de la Ley de Pensiones dictada con el propósito manifiesto de favorecer a las llamadas AFP y las leyes de aguas y tierras, que resultan presentando serias fisuras técnicas y peligrosas tendencias ultraliberales que pueden representar un lastre en el propósito de equilibrar el interés social con la apertura del mercado.
En todos estos casos, se observa que no hay una auténtica voluntad de consulta con los sectores involucrados, ni con los técnicos o profesionales, ni con las entidades representativas.
Una explicación que se alega es que el actual régimen quiere completar el nuevo orden legal antes que arribe el 28 de julio, de modo que no tenga que pasar por un nuevo Congreso en el que si bien se amplía incluso la mayoría gobiernista habrá un número importante en calidad y pluralidad de representantes de la oposición democrática.
Pero ello no justifica la creciente voluntad de actuar por sorpresa, por imposición o por verticalismo antide mo crático.
CARETAS 1369.
