Otro Escandalo

Ley Barrios Altos

Fotos GILMAR PEREZ

Miércoles, 11.40 p.m.

Oficialismo aprueba otra ley trasnochada.

Ni los mismos parlamentarios del oficialismo que aprobaron la "ley Barrios Altos" la conocían hasta poco antes de presentada. Les dieron un papel para que pudieran argumentar a favor. (Abajo) Jueza Saquicuray y Fiscal Magallanes.

La inesperada oposición de la jueza Antonia Saquicuray, que insistió en la investigación del caso de Barrios Altos, desconcertó a los autores de la ley de Amnistía, que creyeron que con su promulgación se resolvía también ese problema. Desde hace varios días corría el rumor que se aprobaría otra ley para cortar el proceso, que la jueza insistía en llevar adelante. La jueza incluso había preguntado al fuero militar sobre el paradero de Santiago Martin Rivas y otros encausados con orden de detención por ella. Para terminar con la resistencia del Poder Judicial, aprobaron la "ley Barrios Altos". Pero todavía no se ha dicho la última palabra.

A Víctor Joy Way le tocó esta vez la ingrata tarea de presentar la ley. "Quien puede lo más, puede lo menos", dijo con versación de jurista.

Veinte minutos después de aprobada la "ley Barrios Altos" en el CCD, los magistrados que hacían una huelga japonesa -trabajar más de lo normal- en el Palacio de Justicia, acudieron al despacho de la jueza Antonia Saquicuray. Le manifestaron su respaldo y se solidarizaron con ella, frente a los ataques vertidos por congresistas del oficialismo en la sesión del miércoles por la noche.

Como ya se ha hecho costumbre, parlamentarios de C90-NM presentaron el proyecto de ley sin aviso previo, cerca de las 8 de la noche del miércoles. No había pasado por comisiones ni estaba en la agenda. Ningún congresista de la oposición sabía nada. Sólo algunos miembros de la mayoría fueron informados, poco antes de presentarse el proyecto, sobre lo que se venía.

(De izq. a der.) Estela Hurtado, William Castillo y Luisa Napa, integran la 11º Sala Penal Superior.

Como no tenían idea de cómo fundamentarlo, los proveyeron de un libreto. A cada uno de los encargados de hablar, le dieron una o varias hojas con el discurso que tenían que repetir. Así, desde Gilberto Siura a Martha Chávez, la última en intervenir, leyeron la sustentación preparada por los verdaderos autores de la ley.

Esta vez le tocó a Víctor Joy Way iniciar el debate. Carlos Torres y Torres Lara y César Fernández Arce, que habían votado contra la Ley de Amnistía, no asistieron a la sesión. Carlos Ferrero y Ricardo Marcenaro, sí estuvieron presentes, pero no acompañaron a su bancada en la aprobación de la ley.
"Basta ya de atropellos a la Constitución!", dijo enérgica Lourdes Flores. Añadió que no se puede coaccionar a los jueces de esta manera. Si hay discrepancia entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, quien debería resolver es el Tribunal Constitucional, argumentó.
Coincidentemente, la mayoría había obviado la elección de los integrantes de ese tribunal, retrasando por más de un mes su conformación.
Fernando Olivera en un encendido discurso criticó el proyecto. Exhibiendo una copia del mismo, lo estrujó y arrojó a la basura. "Esta ley no vale nada", sentenció.
Róger Cáceres recordó que se estaban violando los tratados internacionales sobre DD.HH. que el Perú ha suscrito. Si no existen garantías jurídicas, los inversionistas se van a retraer, sostuvo. "Esta es una democracia fingida y la ley es una amenaza contra los jueces", concluyó.
Dos connotados miembros del Opus Dei defendieron la ley. Rafael Rey, citando a Raúl Gonzáles, expresó un pensamiento profundo: hay que buscar el fondo de la ley, que quiere la reconciliación nacional, y no la forma. Y luego atacó el aborto, coincidiendo con Martha Chávez.
La lideresa de la bancada oficialista cerró la lista de oradores, censurando a la jueza Antonia Saquicuray y al Departamento de Estado de los EE.UU. Ellos critican la amnistía y apoyan el aborto, dijo Chávez indignada.
Luego del brevísimo debate, se pasó a votación. Por 35 contra 11 la ley se aprobó sin ningún cambio.

EN EL PODER JUDICIAL

El general Howard Rodríguez, el miércoles pasado, presidió el Día de las Comunicaciones del Ejército, ante la ausencia de Nicolás Hermoza que sigue en China.

El lunes 3, a las 8 de la mañana, la Undécima Sala Penal de la Corte Superior de Lima debería escuchar los alegatos de la parte civil los familiares de las víctimas, del Fiscal Superior, Carlos Mansilla Gardella, así como los de los defensores de los acusados de la matanza de los Barrios Altos. Luego, en un plazo máximo de 8 días, debería determinar si prevalece la Ley de Amnistía o la resolución de la jueza Antonia Saquicuray.

Fiscal Mansilla respaldó a jueza Saquicuray.

La ley aprobada el miércoles intenta impedir o condicionar el pronunciamiento de la 11 Sala Penal.

Esta sala está presidida por el vocal William Castillo Dávila, e integrada por las vocales suplentes Estela Hurtado Herrera y Luisa Napa Lévano. Castillo es nuevo. Recientemente fue nombrado por el Jurado de Honor. El mismo ha declarado improcedentes las recusaciones que le plantearon porque anteriormente perteneció al cuerpo jurídico de la Policía Nacional.
En efecto, Castillo antes de ser vocal, trabajó entre 1983 y 1991 como abogado en el ministerio del Interior.
Hurtado, titular del 29 Juzgado Penal y Napa del 33 Juzgado son suplentes en la Corte Superior. Esta situación precaria podría influir en su decisión.
El fiscal Carlos Mansilla, en un dictamen de cuatro páginas del 24 de junio, "confirma en todos sus extremos la resolución (de la jueza Saquicuray) apelada, manteniendo la inaplicación del artículo 1º de la Ley 26479 amnistía a la presente instrucción, por ser incompatible con los límites constitucionales impuestos al ejercicio del derecho de amnistía."
Apoya, pues, sin reservas a la jueza.
El abogado del jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, general Julio Salazar Monroe, el Dr. Armando Lengua Balbi, también podrá intervenir en la audiencia.
También ha pedido el uso de la palabra Feliciano Aucahuaque Quispe, abogado del suboficial de inteligencia, Hugo Coral Goicochea, uno de los encausados.
Mayor Santiago Martin Rivas, convicto del crimen de La Cantuta y acusado de la masacre de Barrios Altos. Leyes para protegerlo.

EN LA FISCALIA

Esta semana la Fiscal de la Nación hizo varios sondeos para cambiar y/o expulsar a algunos magistrados. Descubrió que el único que la apoyaría sería el Fiscal supremo Pedro Pablo Gutiérrez. Miguel Aljovín y Nelly Calderón se opondrían.

La Colán tenía en la mira a los fiscales Ana Magallanes, Víctor Cubas Villanueva y Carlos Ramos Heredia, éste último del cono Norte.
Los asesores advirtieron a la Colán que iba a violar el artículo 146º, inciso 2 de la Constitución, que señala que "nadie puede ser trasladado sin su conocimiento". Además, iba contra la propia ley orgánica de la fiscalía.
A pesar de lo cual Colán firmó la Resolución 587, el 26 de junio, removiendo de su cargo al fiscal Carlos Ramos, enviándolo al Instituto de Investigación del Ministerio Público.
Ramos ha sido un fiscal que acusó a militares de violaciones contra los Derechos Humanos en Ayacucho y se había convertido en uno de los líderes de la huelga de los magistrados en el Ministerio Público.

CARETAS 1369.