Ni Quiere Ni Puede
La indignación frente a la ley de impunidad se ha expresado con admirable fuerza y elocuencia. Resta analizar por qué el fujimorismo se disparó al pie cuando, según parece, lo necesita para andar.
El inmensamente mayoritario rechazo a la Ley de Amnistía no ha conmovido al gobierno, que la puso en vigencia de inmediato. Varios medios de prensa han hablado de las "presiones" que habría ejercido Nicolás Hermoza sobre Alberto Fujimori para lograr la aprobación y promulgación de la ley. Esa habría sido la condición de Hermoza para alejarse de la Comandancia General del Ejército. Sin embargo, hay otra interpretación sobre el propósito de la ley y respecto a las relaciones de poder entre el Presidente reelecto y los mandos militares.
A primera vista, pareciera que el gobierno de Fujimori calculó mal el momento en que ordenó a su Parlamento aprobar la ley de "amnistía". Bien visto, empero, Fujimori no necesitaba a Madame Carmelí para predecir el repudio que iba a provocar la ley de impunidad. Antes que el tarot, la base de datos de su Toshiba (donde encontraría que las más sólidas protestas contra su régimen, fueron en torno a violaciones atroces de derechos humanos) era suficiente para presuponer, grados más, grados menos, el rechazo a esa ley.
¿Por qué, entonces, persistió en imponerla? ¿Encuestócratas desairando encuestas? Para un régimen que justifica todo lo que hace en el apoyo de las mayorías, imponer y mantener una medida abrumadoramente repudiada resultaba contraproducente y embarazosa.
Una interpretación común es la de "Fujimori-rehén-de-los-militares". No es una hipótesis nueva. Desde 1990, ca da vez que Fujimori no hacía lo que se esperaba que hiciera un presidente democrático, se sugería el escenario de una bordaberrización. Hubo incluso algunas semanas en 1991, creo, cuando el apodo de "Fujiberry" estuvo de moda.
Escultor Víctor Delfín y general Rodolfo Robles: capacidad de indignación moral.
Es una interpretación terca, pero totalmente errónea. Quien manda en el Ejército (y las Fuerzas Armadas por extensión) es Fujimori. A estas alturas, después de los cambios de los comandantes generales del Ejército; de las inéditas podas y purgas dentro de la línea de comando militar; de los testimonios, a veces escaldados, a veces doloridos, pero siempre retrasados, de muchos de los recién purgados generales. De las denuncias con nombre (generales Robles y Arciniega, por ejemplo), o anónimas (comando León Dormido, Comaca). Y, por último, después de lo que se vio durante el conflicto con el Ecuador, la hipótesis bordaberriana debería quedar del todo desechada. El Ejército no utiliza a Fujimori: Fujimori (y su cogollo) utiliza al Ejército.
La ley de impunidad no ha sido, entonces, una imposición a Fujimori. Debe haber sido una decisión discutida y planeada entre éste, Montesinos, Hermoza y algunos pocos asesores más; pero finalmente decidida y ordenada por Fujimori.
Pero, ¿por qué tomar una decisión que lo perjudica políticamente?
Porque no hacerlo representaba, entre otras cosas, un perjuicio mayor. Por la misma razón por la que el gobierno, me temo, no permitirá que la jueza Saquicuray y la fiscal Magallanes sigan adelante con el proceso a los asesinos de los Barrios Altos.
Antes y después del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, Fujimori despachó y pernoctó con frecuencia en el Pen tagonito o en la sede del SIN, en las Palmas. Por más que las ideas e iniciativas hayan provenido frecuentemente de Vladimiro Montesinos, quien daba y da las órdenes en última instancia ha sido y es Fujimori.
El grupo "Colina" funcionaba entonces bajo las órdenes directas de Mon tesinos. Pero Fujimori conocía bien a sus integrantes. El actual gobernante y próximo presidente es, como él mismo afirma y muestra cuando se da la ocasión, un micro-gerente. Tanto en lo civil como en el ámbito militar, en especial el de inteligencia. El 20 de junio de 1991, por ejemplo, el jefe nominal del SIN, general Julio Salazar Monroe, dirigió el oficio 028-SIN-01 a Fujimori, pidiéndole que hiciera "llegar su reconocimiento" a un grupo de oficiales "que vienen trabajando intensa y abnegadamente en tareas relacionadas con la lucha contra subversiva". Encabezaba la lista de 9 oficiales y un suboficial el comandante Fernando Rodríguez Zabalbeascoa y la integraban, entre otras joyas, los entonces capitanes Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingüe.
La ley de impunidad no fue impuesta a Alberto Fujimori. Fue más bien una decisión discutida y planeada entre Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza y algunos pocos asesores más. Y finalmente decidida y ordenada por el propio Fujimori. Pero ¿por qué tomar una decisión que lo perjudica políticamente?
El 25 de junio de ese año, el presidente Fujimori envió un memorándum al entonces ministro de Defensa, general Jorge Torres Aciego, ordenándole que "se haga llegar el reconocimiento del Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas", a los 9 oficiales y el suboficial, por prestar "eficientes servicios en materia de Seguridad Nacional y defensa de los altos valores de la Democracia". Como se lee.
El 10 de julio de 1991, el ministro Torres Aciego remitió el oficio 3991-SGMO-A al comandante general del Ejército, adjuntando el memorándum de Fujimori y precisando que el "reconocimiento respectivo por trabajos especiales", debía ser incorporado a los "Legajos Per so nales de los interesados y tomado en consideración en el proceso de ascensos del presente año".
El 30 de julio de 1991, Fujimori dirigió otro memorándum al ministro de Defensa, ordenando que su felicitación del 25 de junio fuera incluida en la Tabla de Puntaje para ascensos de ese año, en la sección "Nº 4, F(2) `por trabajos individuales'", a los oficiales que "han par ticipado en exitosas Operaciones Especiales de Inteligencia". La lista se redujo a ocho oficiales del Ejército, entre ellos Martín Rivas y Pichilingüe (también estaban Fernando Rodríguez, Roberto Páucar, Luis Cubas, Alberto Pinto Cárdenas, Roberto Huamán Azcurra, Ronald Robles).
La matanza de los Barrios Altos fue 90 días más tarde, el 3 de noviembre de 1991. Poco después, a fin de año, los bien recomendados oficiales ascendieron. Siguieron prestando sus "trabajos especiales" durante el golpe del 5 de abril, y poco después en La Cantuta.
¿Supo Fujimori el contenido de esos "trabajos"? Si le damos el beneficio de la duda (pese a la mencionada micro-gerencia, y a ser inquilino frecuente de las Palmas y el Pentagonito), habría que suponer que al enterarse de las actividades de parte de sus recomendados, se sentiría deshonestamente utilizado, y que -para no ser considerado el mariscal del Palto- sancionaría por lo menos a Salazar Monroe, la persona que le dirigió el oficio pidiéndole la felicitación.
Nada le pasó al impertérrito Salazar. Si acaso, le ha ido mejor. Hay que recordar, además, que esos oficiales de "trabajos especiales" dependían directamente de los jefes de inteligencia, en especial de Montesinos. No eran oficiales en un frente lejano o una oficina remota. Recibían instrucciones de sus jefes, les reportaban resultados. Y, en el interín, nada tontos, acumulaban información.
Así, el hostigamiento inicial a los investigadores periodísticos, la ley Cantuta luego, y ahora, la "amnistía", tienen un sentido. Esta última se iba a hacer contra viento y marea. Ganara quien ganara la elección. Puesto que, al final, era una medida mucho más importante para el régimen, y para Fujimori, que un bajón en su popularidad. No quería, ni pedía negociar con eso, y no negoció. Por el contrario maniobró. El encarcelamiento de los generales Ledesma y Mauricio, y la inaudita sentencia a este último, fueron destinados a contrapesar la liberación del grupo "Colina".
Es previsible, no obstante, que Fujimori supere esta turbulencia. No habiendo siquiera inaugurado su segundo período, su capital político se mantiene robusto por la solidez de su votación, y la mayoría de su representación. Sin embargo, él y su gente saben que el costo político de esta medida no sólo es alto e insoslayable, sino que es de los que se paga a plazos, y no necesariamente en cómodas cuotas.
No se logrará hoy justicia. Pero es mucho y valioso lo logrado. Nuestra sociedad ha demostrado capacidad de indignación moral. La volverá a necesitar. Y dos mujeres, una jueza y una fiscal, proyectaron su coraje y su entereza a los miles que marcharon por la mejor de la causas.
La justicia vendrá después.
CARETAS 1369.
