Escribe desde México,
Jorge Castañeda
Inquietante panorama el que presenta el estudioso mexicano Jorge Castañeda acerca de la mutación experimentada por el narcotráfico en nuestros países, fenómeno que no conoce bien o que no calibra adecuadamente Estados Unidos. Analiza también los desencuentros entre el Norte opulento y los países latinoamericanos, recorridos en climas y latitudes diferentes por esta coexistencia problemática entre política y narcóticos. Colombia y su mandatario Ernesto Samper son una parte de este drama que significa una etapa distinta y una ola amenazante.
MUCHO se ha escrito en tiempos recientes sobre las nuevas características que ha adquirido el narcotráfico en nuestras latitudes. Aquí mismo, hace algunos meses, intentaba formular un par de reflexiones sobre las mutaciones de la industria de los estupefacientes en América Latina. Estas se centraron principalmente en la transformación de los antiguos narcotraficantes de pelo en pecho y pulseras de oro y diamantes en hombres de negocios eficientes y discretos, así como en la creciente tendencia de los gobernantes latinoamericanos a buscar formas de coexistencia con un sector cada vez más poderoso del empresariado local. Pero los acontecimientos se han precipitado, y la actualidad del tema y la magnitud de los cambios que han sufrido la producción y el comercio de narcóticos lo ha vuelto a colocar en el centro de la política y la cultura latinoamericanas. No en balde García Márquez dedica su nuevo libro a la danza de los conciliábulos y traiciones en torno al narco en su tierra.
Las tribulaciones del presidente de Colombia fungen como revelador del asunto, a condición de no ser vistas como meras anécdotas o idiosincrasias colombianas. Hasta ahora Ernesto Samper ha capeado el temporal, sobreviviendo a las acusaciones lanzadas por el ex tesorero de su campaña presidencial. Los cargos proferidos por Santiago Medina ante el Fiscal de la República revisten una gravedad devastadora: según Medina, Samper y su jefe de campaña, el ex ministro de la Defensa, Fernando Botero, aprobaron con pleno conocimiento de causa las contribuciones a las arcas de la campaña por el Cartel de Cali. Más allá de la posibilidad ciertamente no descartable que Samper hubiera sido ajeno a este tipo de decisiones, el hecho es que alguien resolvió aceptar el dinero del narco. Incluso si resultara cierto, como lo ha insinuado el propio Samper, que Medina se infiltró en su campaña por encargo de los carteles, para poder luego controlar o en su caso debilitar o derrocar al nuevo Presidente, se trata ya de una operación de gran envergadura. O Samper sabía, o se las arregló para no saber. En cualquier caso, el grado de acercamiento y entendimiento entre narco y autoridades nunca había llegado tan lejos, y posiblemente no se ha jalado todo el hilo de la madeja. No es gratuito que funcionarios colombianos como el ex fiscal y actual embajador en México, Gustavo de Greif, se hayan pronunciado a favor de la legalización; tampoco constituye una casualidad que algunos magnates mejicanos hayan tomado contacto con organizaciones no gubernamentales para intercambiar puntos de vista con ellas sobre la legalización de la producción y comercio de estupefacientes.
Las presiones de Washington también han arreciado. En Colombia, en México y en Bolivia en particular, los Estados Unidos se han vuelto cada vez más intransigentes e intervencionistas. Se acercan peligrosamente a la consecuencia lógica del conjunto de sus planteamientos: si los gobiernos latinoamericanos no quieren, o no pueden, librar una guerra a muerte contra el narcotráfico, Estados Unidos lo hará en su lugar, pero in situ: en el Chapare y el Alto Huallaga, en Cali y Medellín, en el espacio aéreo mejicano y en Ciudad Juárez, Matamoros y Tijuana, no en Nueva York, Los Angeles y Miami. El primer mandatario boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada, supuestamente les confió a sus colegas del grupo de Rio reunidos en Quito hace unas semanas que ante las más recientes y extravagantes demandas norteamericanas, se había visto tentado de preguntarle a los enviados de Washington: "diganme a quién prefieren que le entregue el poder, porque así no puedo seguir gobernando".
Asimismo, las recurrentes visitas a México de altos funcionarios estadounidenses como Robert Gelbard y Janet Reno han colocado a Ernesto Zedillo en una situación de extrema delicadeza. Goza de un muy estrecho margen de maniobra frente a las presiones del Norte, en vista de su dependencia completa a raíz del paquete de rescate de principios de año, pero su flexibilidad interna también se ha visto mermada por la debilidad general de su gobierno. Si rechaza las exigencias americanas más descaradamente injerencistas, puede perder apoyo y simpatías en Washington, y poner en peligro el financiamiento que requiere la economía mejicana para recuperarse. Si se pliega ante dichas presiones, puede desatar las furias nacionalistas mejicanas, ya difícilmente contenibles después de los excesos proamericanos del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. La suma del acercamiento entre narcos y autoridades, y la consiguiente insistencia de Washington de poner manos a la obra y combatir frontalmente al negocio de los narcóticos pero, como se dice en México, en los bueyes de mi compadre, ha generado un vacío político insostenible a mediano plazo.
Hasta ahora, existía un punto intermedio, un intersticio por donde podían colarse soluciones típicamente latinoamericanas al dilema planteado: como luchar contra el narcotráfico al tiempo que se buscaba entendimientos más o menos tácitos con sus cabecillas. No se había establecido una clara identidad entre términos de ecuaciones distintas: se podían procurar formas de coexistencia pacífica con los carteles -de Cali, de Medellín, del Golfo, del Pacífico, de Juárez, etc.- sin pugnar por la legalización del comercio de los estupefacientes. Y algunas voces, sin duda aisladas y tenues, podían proclamar las ventajas de la legalización, y simultáneamente ser partidarias de una lucha mortal contra el hampa del narcotráfico.
Pero la creciente penetración del dinero del narco en las principales esferas de la vida nacional en casi todos los países de la región -pocos se escapan: quizás Chile, Costa Rica y Venezuela, aunque éste último caso ya es discutible- aunada a la obsesión norteamericana por arrancar los púdicos y eficaces velos latinos que sólo permiten entrever la verdad entera, ha comenzado a fundir ambas ecuaciones. La negociación vergonzante con el narco se volverá cada vez más difícil de lograr en los crepúsculos o las tinieblas; o se dará a la luz del día, o será denunciada y publicitada por Estados Unidos, como sin duda ha sucedido en parte con el caso Samper. En realidad, a los gobiernos latinoamericanos se les abren sólo dos caminos, ambos tortuosos y agrestes. O bien convencen a sus sociedades de los beneficios y de la viabilidad de una guerra sin cuartel contra el nuevo imperio del mal, logrando persuadirlas de la necesidad de una movilización y un nivel de sacrificio sin precedentes en nuestros días, o bien tiran la toalla. Pero esta opción deberá ir acompañada de su justificación ideológica y moral: la legalización de la producción, distribución y consumo (lo último representa sin duda el aspecto más complejo) de drogas, verdadero anatema para Estados Unidos. Es una disyuntiva pavorosa, que quizás no se presente hoy en todo su esplendor, pero que acecha: no tardará en irrumpir en el escenario latinoamericano.
CARETAS 1382
