Horas perdidas, enredos y contradicciones. Esa es la danza del Parlamento que preocupa a observadores y resta dignidad a uno de los Poderes del Estado.

Escribe PEDRO PLANAS
La actitud dual de la mayoría oficialista en el Congreso quedó demostrada con el desigual tratramiento al desaire del ministro del Interior Juan Briones Dávila, que prefirió Buenos Aires a intervenir en el Congreso, y al levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Javier Noriega del Frepap.

Enrique Chirinos Soto: ¿con quién hablar?

La Mesa Directiva: Dispone cortar los debates, tomar el tiempo e impedir el diálogo.
EL pleno del jueves 30 se inició bajo cierta pública humillación, consignada en algunos titulares periodísticos: "El Ministro del Interior, Juan Briones, desairó al Congreso".
Pero la característica principal fue el contraste casi cinematográfico plasmado por la mayoría parlamentaria. Cómplice, indiferente y hasta mafiosa por la mañana; moralizadora, recatada y cautelosa por la noche.
Por la mañana, los oficialistas rechazaron el pedido para que Briones informe sobre las narco-casas. Por la noche, tras seis horas consecutivas, aprobaron el levantamiento de la inmunidad del congresista Noriega.
Carlos Ferrero, en memorable discurso, lanzó el siguiente argumento síntesis de la posición mayoritaria: estamos obligados, para mejorar la imagen del Congreso y evitar que la población diga que somos "encubridores" a levantarle el fuero a Noriega, aun cuando no existan pruebas. Discutible argumento por la noche, pero excelente si lo hubiese pronunciado por la mañana.
Dejar "plantados" a los miembros de la Comisiones de Defensa y Orden Interno y de Fiscalización para subirse a un avión y asistir a un seminario sobre lavado de narco-dólares (al cual pudo enviar al viceministro o a cualquier otro delegado), hubiese sido considerado una ofensa en cualquier otro Parlamento. Inmediatamente, todas las bancadas -de gobierno y de oposición- habrían hecho causa común para provocar la caída del irreverente ministro. Pero, tales cosas no suceden en nuestro Congreso.
Por el contrario: a primera hora del jueves ya se conocía la estrategia que aplicaría la Mesa Directiva para garantizar el silencio del semiclandestino ministro Briones y para rechazar el anunciado pedido de la oposición para que informe al Congreso respecto a la adjudicación de las narco-casas a altos mandos policiales.
Colocarían ese pedido como primer punto de la agenda, con lo cual aprovechaban la inasistencia de los abogados -parlamentarios, que habían ido temprano- a votar en el CAL. Y así lo hicieron.
Sin mayor debate, la mayoría salvando excepciones, auténticamente honrosas, como la de Miguel Velit, presidente de la desairada Comisión de Fiscalización- rechazó el pedido para que Briones informe personalmente en el pleno.
Más bien, por la noche llegó a presentarse con el respaldo de 44 firmas una moción de interpelación al propio Briones, que será vista en el próximo pleno.
Respecto al debate de la noche, acaso bastaba sólo una de las seis horas invertidas. Tras escucharse los argumentos de Carlos Torres, Henry Pease, Róger Cáceres y Enrique Chirinos, ya había surgido cierto implícito consenso, suficiente para adoptar una posición colegiada del Parlamento frente al oficio del presidente de la Corte Suprema solicitando se levantase la inmunidad parlamentaria al congresista Noriega.
Para decirlo con palabras de Chirinos (quien sin embargo votó a favor del levantamiento): " Estoy convencido de que la acusación es debilísima, es pésima; y la denuncia fiscal es sencillamente espantosa; y el auto apertorio de instrucción comete lo increíble: lo acusa de un doble homicidio simplemente a base de una denuncia por parte de un tercero, a quien la propia jueza descalifica como enemigo del señor Noriega".
Efectivamente: la jueza enmienda el dictamen del fiscal Carlos A. Torres (quien, como recordó Róger Cáceres, tiene abierto un proceso investigatorio en el Ministerio Público) y considera que los cargos contra Noriega se sustentan "en una versión poco creíble e inverosímil del denunciante Juan Ataucusi Ospina, cuyo testimonio debe de tomarse con las reservas del caso dado que ha puesto en evidencia la rivalidad personal y de carácter político existente en el marco de la organización religiosa en la que los protagonistas están vinculados...".
El oficio del presidente de la Corte Suprema, mal redactado, calificando por sí mismo los presuntos delitos ("homicidio y otros"), era razón suficiente para devolverlo a la Corte Suprema, exigiendo, cuando menos, una mejor presentación de hechos y responsabilidades.
No se puede dejar de mencionar el debate en torno al Reglamento del Congreso, iniciado -irónicamente- sin reglas precisas. El jueves anterior, Carlos Torres, presidente de la Comisión de Constitución, sugirió suspender el debate para "concertar" diferencias, actitud aceptada por todas las bancadas, y muy especialmente por el "concertador" Alfonso Grados Bertorini.
Al iniciarse esta nueva sesión, a las 6 de la tarde, tomó la palabra Carlos Torres y leyó las nuevas modificaciones al Art. 35º del Reglamento (nombre y número de las Comisiones Ordinarias). Como no se había entregado copia del Dictamen a los parlamentarios (actitud impropia), Henry Pease reparó que era el mismo Art. 35º defendido por Torres el jueves pasado.
"Aquí no se ha cambiado ni una coma", protestó, exigiendo a la Mesa que se distribuyan copias y a Torres que explique qué modificaciones se hicieron al Dictamen anterior. Torres siguió sustentado el Art. 35º, sin decir qué cambios había, lo cual provocó una nueva intervención de Pease para abordar un problema de fondo. Si este nuevo dictamen está "concertado" con los de la oposición, cuándo y cómo se realizó esa "concertación". Supongo, agregó Pease, "que habrán ido uno por uno a tratar personalmente con el Dr. Torres Lara, porque en la Comisión de Constitución no se ha visto nada".
Entregadas las copias, el debate en tomo al Art. 35º (proponiendo crear dos Comisiones: de Asuntos Ambientales y Amazonia y de Ciencia y Tecnología) se inició sin que se supiera si habían modificaciones "concertadas". Tras 1 hora y 20 minutos de debate y 24 oradores, Alfonso Baella, antes de apoyar la creación de la Comisión de Amazonia, pidió a Torres que ofreciera a los congresistas "una visión global" de las modificaciones al Reglamento.
Pero, por arte de magia, tras una intervención de Rolando Breña cuestionando al dictamen por haber excluido a la Universidad de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el debate continuó sin que Torres solicitase la palabra. Y, por cierto, sin que el pedido de Baella fuese atendido. Sólo cuando iba a someterse a votación el Art. 35º, Estrada Choque preguntó si era cierto lo que él había escuchado de labios de un miembro de la mayoría: que se incorporó el rubro "Transportes" dentro de la Comisión de Turismo y Telecomunicaciones. Así es, explicó Torres, colocando ese agregado como muestra de la flexibilización del dictamen anterior. Finalmente, a raíz de la controversia surgida en torno a la Comisión de Ciencia y Tecnología (que muchos consideraron debe incluir a la Universidad), el propio Torres solicitó que se vote el Art. 35º sin ese agregado, que lo dejaremos pendiente "para hacer nuevas coordinaciones".
Rara manera esa de debatir antirreglamentariamente las normas del propio Congreso. Y de despilfarrar el tiempo. Es la tercera vez, en menos de un mes, que se suspende para una nueva oportunidad el debate en torno a las modificaciones que exige el Reglamento del Congreso.