General EP Rodolfo Robles

Protagonista relevante del caso La Cantuta, el general de división (r) Rodolfo Robles Espinoza acaba de publicar un libro que recoge los principales documentos y testimonios sobre las andanzas del Grupo Colina, y añade nuevos datos que muestran insospechadas ramificaciones de ese escuadrón de la muerte. Según la información que presenta, las actividades delictivas de ese Grupo tenían que ver no solamente con la lucha antisubversiva, sino también con ajustes de cuentas dentro del Ejército. Es una obra que, sin duda, provocará polémica. A continuacion un primer y revelador capitulo

General Rodolfo Robles en la casona del Jr. Huanta, en Barrios Altos, donde un comando paramilitar dio muerte e hirió a 20 personas en 1991.

LA masacre de los Barrios Altos (jirón Huanta), en la que fueron exterminadas o heridas 20 personas, la mayoría humildes heladeros y vendedores ambulantes, en noviembre de 1991, parecía haber quedado en el limbo de los crímenes indeterminados a los que estamos acostumbrados en el Perú.
Sin embargo, el 22 de enero de 1995, el diario La República reprodujo las declaraciones de un ex Agente de Inteligencia Operativo (AIO), hoy en la clandestinidad, que ha formado parte del Destacamento de Inteligencia, elemento orgánico del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). La noticia pasó desapercibida por el clima bélico que se vivía con Ecuador.
Esta organización, cuyos componentes se hacían llamar "Grupo Colina" o "Los Magníficos", ha sido utilizada durante el actual gobierno de manera semejante a los tristemente célebres "Grupos de Tarea" de la guerra sucia en Argentina.

En las fosas de Cieneguilla, donde fueron sepultados los universitarios de La Cantuta.

Está probado que sus integrantes son los autores del homicidio calificado de La Cantuta, existiendo suficientes y sólidas evidencias de que son también los ejecutantes de los asesinatos de Barrios Altos y muchos crímenes más.
La ley 26492, llamada ley "Barrios Altos" estableció, más allá de lo dispuesto originalmente en la ley de Amnistía, que ésta comprendía todos los hechos que involucran a militares, policías y personal civil, sin importar que hayan sido o no denunciados.
El texto de la ley de Amnistía, por descuido de sus autores, exigía una situación jurídica determinada para acogerse a ella: encontrarse a la fecha de su entrada en vigencia en calidad de denunciado, investigado, procesado, encausado o condenado. El legislador no se percató que, con ello, excluía de la amnistía al personal militar, policial o civil que no había sido directamente mencionado ante la autoridad fiscal o judicial, como sería el caso de los miembros aún no identificados del Grupo Colina y de los autores intelectuales de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Recuérdese que en su acusación el fiscal militar del CSJM en el caso La Cantuta, ex profesamente y a priori exculpó a las más altas autoridades del SIN y al comandante general del Ejército de toda responsabilidad.
De esta manera, la ley Barrios Altos fue el necesario complemento de la ley de Amnistía o ley de Impunidad, beneficiando no sólo a los ejecutores sino también a los autores intelectuales que aún no habían sido denunciados. Es decir, se cerró por completo el círculo de la impunidad.
En el proceso de La Cantuta, el juzgamiento ha sido un procedimiento para esconder la verdad y evitar la justicia. El fiscal en su acusación dijo que los ejecutantes han cometido un crimen de función y un exceso en el cumplimiento de su deber. ¿De qué deber habla? ¿Es deber de alguna organización militar ingresar a un recinto, secuestrar a civiles indefensos que no oponen resistencia, torturarlos y matarlos? ¿Es sólo un exceso calcinarlos, trozarlos y desparramar sus restos? En el Ejército peruano no existe ninguna guía de procedimientos, ningún reglamento militar, ninguna directiva que imponga ese deber militar. Si ellos cumplieron su deber en exceso alguien debió imponer ese deber al mayor Santiago Martin Rivas y su escuadrón en forma específica. Es decir, debía haber un plan de operaciones escrito y una orden particular, así como una autoridad que la impartió.
No. La Cantuta no es un delito de función.

Este tipo de crímenes de obediencia, generalmente no tienen órdenes específicas ni escritas, provienen de "lineamientos de política" o "conceptos iniciales" verbales u órdenes vagas que dificilmente conservan su claridad para identificar responsabilidades superiores. Una vez que emanan de la superioridad, pasan por una cadena de mandos medios hasta llegar a sus ejecutores reales. No pueden controlarse eficazmente, pues los integrantes del escuadrón de la muerte, amparados en la sensación de omnipotencia e impunidad fácilmente caen en el descontrol y en los excesos. Esto sucede cuando la autoridad permite que se sobrepasen los límites de la ética y de la ley. Cuando se autoriza implícitamente, se premia mediante ascensos, felicitaciones, y pagas adicionales y se encubre irresponsablemente. Se alienta cuando ocurren casos sospechosos de ser acciones criminales y las entidades oficiales obsecuentes tergiversan los hechos u obstaculizan las investigaciones, o cuando la propaganda oficial presenta como gran victoria militar en defensa de la democracia lo que en realidad es una cruel matanza de civiles. Es la esencia del encubrimiento.
En La Cantuta y Barrios Altos concurren los tres factores que propician las condiciones para que se den los crímenes de obediencia: la autorización implícita, la rutinización y la deshumanización.
Con la autorización, los asesinos ya no se sienten responsables moralmente de sus decisiones personales, internalizan que están actuando en defensa de la sociedad, con beneplácito de sus superiores. Mediante la rutinización, la acción se organiza mecánicamente y los participantes no tienen oportunidad para formularse preguntas de tipo moral. Por la deshumanización, se debilitan las restricciones morales normales y paulatinamente se van bestializando.

"El grupo Colina ha matado también a varios miembros del Ejército que obstaculizaron las actividades delictIvas de esta organización criminal, del general de brigada Walter Peña Rivas, ex director del Hospital Militar", asegura Robles.

OTROS CRIMENES

Recientes informaciones alcanzadas por un ex miembro del SIE, disidente del Grupo Colina, señalan a este comando operativo como autor de los asesinatos del dirigente sindical minero Saúl Cantoral y del dirigente de la CGTP Pedro Huillca Tecse, entre otros.
Según el denunciante, han matado también a varios miembros del Ejército que obstaculizaron las actividades delictivas de esta organización criminal, como es el caso del general de brigada Walter Peña Rivas, ex director del Hospital Militar, cuya muerte disfrazaron con un ficticio crimen escabroso. Del coronel Lorenzo Linares Dávila y la empleada civil del Comando Logístico del Ejército, Maritza Castañeda, haciéndolos aparecer engañosamente como un crimen y suicidio pasional. Estas muertes se produjeron en las instalaciones del Cuartel General del Ejército. La eliminación del coronel de infantería Edmundo Obregón Valverde, ex director de la Escuela de Comandos, aparentando que fue ejecutada por delincuentes comunes, y varios otros crímenes de oficiales que no han sido esclarecidos.
Asimismo, el ex miembro del Grupo Colina acusa a este escuadrón de aniquilamiento del AIO Carlos Santa Cruz Ruiz, por denunciar la homosexualidad de un alto jefe. Del AIO Barbarán por denunciar a oficiales implicados en el narcotráfico. Del sub oficial Pedro Zavaleta Quispe. El confinamiento a cadena perpetua en la cárcel de Yanamayo de los ex agentes de inteligencia Mesmer Carles Talledo y Clemente Alayo Calderón, luego de dos intentos fallidos de asesinarlos, por acusar de apropiación ilícita de dinero a dos altos jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) y a los oficiales del Grupo Colina.
Estos crímenes implicarían que este escuadrón de la muerte ha sido utilizado no solamente para eliminar "terrucos", como interesadamente se ha difundido al interior de nuestra institución, manipulando un mal entendido espíritu de cuerpo, sino que también se ha empleado para asesinar impunemente a los propios miembros del Ejército.
Sin embargo, la investigación de todos estos hechos no podrá llevarse a cabo mientras estén en vigencia en el Perú las leyes de impunidad. Se ha cortado toda posibilidad de denunciar, investigar y procesar estos gravísimos delitos.
Por esta razón, se hace sumamente necesaria la creación de una Comisión de la Verdad.

CARETAS 1398