Los Apetitos del Azúcar

Las costeñas tierras del azúcar son parte de la historia social y política del Perú contemporáneo. Ahora se convierten en la llave maestra capaz de reactivar el agro, facilitar la inyección de capitales, modernizar empresas, equipos y métodos, brindar un futuro mejor a miles de familias. El gobierno llama a esto una operación fiscal de saneamiento. En rigor, es una conversión de amplio espectro, con sus riesgos sociales e inocultables aristas políticas, jurídicas y económicas. Un aspecto importante son los movimientos cautelosos pero firmes de grupos económicos que ven la oportunidad de invertir y cambiar el rostro de las grandes empresas. Una vez más, el país apuesta por la posibilidad de un capitalismo con rostro humano.

Ministro de Agricultura Absalón
Vásquez: acusado de populista y
tibio por los ultraliberales, en el otro
extremo recibe críticas por haber olvidado
el lado social del problema.
Entre dos fuegos, considera que la ley
de saneamiento es una filigrana viable. Derecha, Cañero de Tumán:
el cooperativismo es difícil que pueda salvar a empresas postradas por largos años.

EL 13 de marzo se abrió una nueva etapa en la agitada vida de las cooperativas azucareras.
El gobierno se decidió por dar una "Ley de Saneamiento Económico Financiero" de las empresas azucareras, básicamente los famosos 13 complejos cooperativos heredados de la reforma agraria velasquista (1969), que las induce a cambiar de modelo empresarial mediante la fórmula de "regularizar" sus voluminosas deudas con los trabajadores, el Estado y particulares y con el objetivo de darles una nueva y larga existencia productiva.

Desde 1994 se inició
el cambio de modelo.
Y así se convirtieron
en sociedades anónimas
Paramonga, Chiclín, El Ingenio,
Chucarapi y San Jacinto.
Desde entonces, grupos
financieros y financistas estudian
el campo propicio.
En la nueva galería, de izquierda
a derecha: Dionisio Romero,
grupo Crédito,
Hernán Garrido
Lecca, Alfredo Barnechea,
Jaime Mur, Carlos Boloña,
Jorge Rodríguez Banda.

Paso audaz que, pese a las críticas de diversos frentes, se reconoce era impostergable no sólo porque se requería para completar los cambios estructurales en el agro conforme al modelo liberal, sino también para hacer frente a un problema que se viene arrastrando desde 1980 sin que ningún gobierno democrático se atreviera a hincarle el diente.
Las mejores tierras del país -que dicho sea de paso no es agrario- estaban postradas, producían por debajo de los estándares mínimos, no satisfacían la demanda interna de azúcar y no lograban siquiera mantener a sus miles de socios y sus familias.
Hay un mar de imprecisiones acerca de lo que valen estas empresas, el número de asociados, el volumen de producción, las pérdidas y deudas. Por eso el debate se entrampa en aspectos históricos, políticos, económicos, financieros y sociales.
Alguien tenía que ponerle el cascabel al gato. Le ha tocado esa tarea al controvertido ministro Absalón Vásquez, un ministro de larga duración, al que le cargan por igual los ultraliberales (que hubieran querido la declaración de quiebra y la venta de las cooperativas) y los irredentistas del pasado (que defienden el viejo e insostenible estado de cosas).

En Paramonga se realizó una IV Junta General de Accionistas el pasado 16 de marzo para decidir la ampliación de capital (US$17 millones). Ese proceso se repetirá en las 8 cooperativas en trance de cambio.

Hay varias objeciones jurídicas en el decreto de marras. Empezando por el hecho que se acoge a los decretos de urgencia, siendo que debió ser materia del debate en el Congreso.
En efecto, el Estado establece un régimen de excepción al condonar parte de las deudas tributarias (entre 60 y 70%), lo que podría provocar reivindicaciones de otras empresas que se encuentran en condiciones similares y que son importantes para la vida económica del país.
Por eso la Asociación de Promoción Agraria (ASPA) ha hablado de "un mal menor al que hay, sin embargo, que apoyar" para salir del entrampamiento en que se hallaban las empresas azucareras.
Hay dos aspectos, sin embargo, que aún quedan pendientes en el ardoroso debate suscitado por la ley de "saneamiento".
*El primero, si, en efecto, la nueva norma logra animar la inversión de capitales nacionales e internacionales que constituyen el esperado efecto reactivador que ésta persigue.
*El segundo, resta ver si los trabajadores-socios de las cooperativas (8 en total) y de las empresas ex cooperativas (5 en total) se acogen al PERTA (Programa Extraordinario de Regulación Tributaria) y se orientan a convertirse en sociedades anónimas.

EL GRAN CAPITAL

La crisis de las empresas azucareras ahuyentó al capital. Nadie podía tener interés en apoyar una gestión a todas luces suicida.
Sucesivas leyes de este gobierno permitieron que cuatro cooperativas cambiaran de modelo empresarial: Central Azucarera Chucarapi-Pampa Blanca en Arequipa, Agroindustrias San Jacinto en Chimbote, El Ingenio y Paramonga en Lima.
La legislación saneadora ha producido un vivo interés en los medios financieros y económicos.
Por lo pronto, Paramonga aprobó un aumento de capital de US$ 17 millones. Aquel que los oferte se convertirá en propietario del 70% de las acciones. "Socio estratégico" que le llaman. Hasta el momento hay dos postores en firme.
Uno, el grupo encabezado por Jaime Mur, se estima que posee intereses en Pan PYC, Pan Todos, Limatambo, Distribuidora de Lada y Hyundai. Se estima que posee más de US$ 100 millones en activos y ventas por unos US$ 150 millones.
El otro grupo ED & Man de Inglaterra es el más grande comercializador de azúcar en el mundo, con representación en 42 países. En 1995, registró US$ 137 millones en utilidades. Las gestiones de este grupo las estaría realizando en el Perú, Futura S.A. de Alfredo Barnechea.
El directorio de Paramonga es presidido por Rodolfo La Rosa, economista e hijo de ex cooperativista, poseedor del mayor número de acciones. Paramonga cuenta con una junta de 90 delegados que representan cerca del 80% de las acciones de la empresa. Integran también el Directorio Alfredo Santa María, ex senador aprista, y Hernán Garrido Lecca, asesor financiero de la empresa desde sus inicios en 1994.
Paramonga ha convocado a una junta extraordinaria de accionistas el 20 de abril próximo para definir con quién se asocia.
Los apetitos financieros extienden la mirada por muchos otros valles azucareros. El Ingenio ha pasado a formar parte de la sociedad Osterling-Alvarado. Según se dice, compraron las acciones a precios muy favorables. Chiclín -un anexo de Cartavio que también estuvo codiciado por los cubanos de Tecnoazúcar pertenece a una sociedad integrada por Oscar Jibaja y Jorge Luis García Pazos, ex altos funcionarios del Banco de la Nación, y el sociólogo José Mejía.
San Jacinto fue pasando de manos de los trabajadores accionistas al grupo Sacio, que es actualmente quien comanda la empresa.
Chucarapi, del grupo Rodríguez Banda, no parece ser un ejemplo para animar al cambio de modelo. Hasta hace unas semanas sus acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Arequipa no atraían a inversionista alguno.
Se señala que tanto el Grupo Romero del Banco de Crédito, el Banco Wiese, el Grupo Fierro -Ignacio Fierro hace tres meses hizo detallada visita al valle de Chicama- están estudiando las potencialidades de las tierras agroindustriales del norte.
Algunos ex miembros del gobierno fujimorista también tienen los ojos bien abiertos ante las nuevas perspectivas. Carlos Boloña y Oscar de la Puente estarían estudiando seriamente las posibilidades de invertir en las empresas reconvertidas.
Jorge del Castillo del Apra, partido cuyos intereses en el tema se remontan a las horas aurorales del sindicalismo azucarero, ha denunciado que hay propuestas de inversionistas colombianos que, según, podrían ser testaferros de los cárteles de la droga. Otra denuncia suya señala que la Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral, de Guayaquil, está interesada en comprar Pomalca por ser adyacente a la Base Aérea de Chiclayo.

EL PAPEL LABORAL

Desde el punto de vista de los trabajadores, es improbable que no resulte atractivo que el Estado asuma hasta el 70% de las deudas tributarias (estimadas en US$ 449 millones), pues esto les permitiría volver a usufructuar sus derechos -hoy en suspenso- de jubilación y de atención médica vía el IPSS.

La obsolescencia de la maquinaria en las cooperativas es la razón de la bajísima productividad.

La situación de los trabajadores azucareros es dramática. La ley les franquea los derechos mencionados arriba y les permite asegurarse la capitalización de los adeudos que les tienen las cooperativas (sueldos, CTS y otros) mediante acciones nominativas. Del total de la deuda azucarera, no menos del 70% está constituido por estos rubros laborales. Al Estado se le debe 20% y el 10% restante corresponde a particulares.
Según últimos reportes, Tumán, Andahuasi, Casagrande y Laredo han tomado acuerdos para no pagar la deuda pendiente y mantenerse como cooperativas.
No se trata, sin embargo, de decisiones definitivas. Según fuentes de la Federación Nacional de Cooperativas Azucareras (FENDECAP), en Laredo se contempla la posibilidad de vender el anexo El Cortijo que, por su proximidad a Trujillo presenta dificultades para su explotación, especialmente en la etapa del quemado de la caña.
En Casagrande, en cambio, se contempla la posibilidad de hipotecar 100 Hás. Cayaltí y Pucalá que están virtualmente quebradas, tendrán dificultades para reflotar pronto incluso si se convirtieran en sociedades anónimas.
En Cartavio, a nivel de gerentes y consejo de administración, existe ya una decisión tomada: cambiar de modelo.
En Pomalca está programada una asamblea para el martes 2 de abril a fin de tomar una decisión, que deberá ser ratificada en una suerte de plebiscito.

CARETAS 1407