Lima Quita Que te Tumbo

La caída de una pared en el jirón Cotabambas el viernes pasado y la muerte de ocho personas, ha hecho temblar a más de uno. Otra vez cobra actualidad el preocupante informe de Defensa Civil: en caso de un sismo de seis grados sólo en Lima Histórica y Barrios Altos podríamos tener 30,000 muertos. Hace tres semanas, el alcalde Alberto Andrade hizo un llamado de alerta: el 30% de las casas de Lima Monumental están en peligro de colapso. No se le hizo caso. En 79 días de gestión, el alcalde se ha batido sin descanso. Está pidiéndole al Congreso una ley que le dé régimen de excepción a El Cercado. Pero hay falta de voluntad política.

En el último año, 57 casas se desplomaron causando 10 muertes. Las paredes ya no dan más.

A las 2 a.m. del lunes 25, el jirón Lampa fue testigo de un silencioso despliegue policial. No se trataba de ningún operativo Ventarrón o Rastrillo sino del desalojo de las ferreterías ambulantes y la esperada erradicación de "La Cachina".
Sin demasiado ruido se procedió a retirar los quioscos, incluyendo los que venden revistas pornográficas. No fue una sorpresa porque todos los ambulantes de esa zona estaban notificados que esto ocurriría. Pero a ninguno le pasó por la cabeza que el barrido sería nocturno.
El alcalde Alberto Andrade volvía a la carga con otro de sus silenciosos pero efectivos operativos esta vez en una zona muy sensible. Los ambulantes no atinaron a nada y acataron la orden dejando las calles. Al despuntar el alba, sorprendidos y madrugadores transeúntes que marchaban a trabajar se encontraron con que las veredas estaban despejadas.
Quedó sentado que la administración de Andrade no anda con medias tintas. La ley es la ley y hay que respetarla, ha dicho. Sin embargo al día siguiente, grupos de informales armados de fierros generaron un cierrapuertas en el Centro. No había un solo policía que controlara el desorden.
"Siento que la Policía me quita el cuerpo cuando me mando de hacha", dijo Andrade en su habitual conferencia de prensa de los martes.

El Cercado tiene 5,509 casas en condición de alto riesgo. El alcalde Andrade no es recibido por el jefe de la Policía Ketín Vidal.

Desde que se inició su gestión municipal en Lima, Andrade ha solicitado reiteradamente entrevistarse con el general Ketín Vidal, jefe de la Policía Nacional, para coordinar acciones ediles que por ley deben ser apoyadas por la fuerza policial. Sólo ha logrado hablar con el jefe de la VII Región.
Igual ha ocurrido con su iniciativa remitida al Congreso para crear una ley que dote a El Cercado de un tratamiento especial. Se captaría rentas sin crear nuevos tributos redistribuyendo porcentajes del ISC o del IGV.
El pasado viernes una gruesa pared de 15 metros de largo sepultó a un grupo de comensales en las cercanías del Parque Universitario. Ocho personas, incluyendo dos niñas, murieron aplastadas. Tres semanas antes, Andrade había advertido que numerosas casonas de Lima Antigua estaban en serio riesgo de colapsar.
Pero el ministro de la Presidencia, Jaime Yoshiyama, que maneja el 20% del Presupuesto de la República, y el Banco de la Nación, al que en enero se le solicitó un préstamo de US$ 20 millones, han sentado a Andrade en la mecedora. Mientras tanto, la mayoría de las casas de Barrios Altos no necesitan un sismo de seis grados -que causaría 30,000 muertos según Defensa Civil- para venirse a tierra. Se están cayendo solas.
Un informe del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, señala que en El Cercado (160 manzanas) hay 18,000 casas en deplorable estado y que la zona histórica de la capital tiene 5,509 viviendas en condiciones de alto riesgo. De éstas, 3,340 están en estado ruinoso y deberían ser demolidas; 1,822 podrían reconstruirse; y 347 serían refaccionadas. Incluso en la zona comprendida en el perímetro de Abancay, Emancipación, Tacna y ribera izquierda del río Rímac, hay 34 inmuebles que están en alerta roja.
"Se podría recurrir al apuntalamiento. Sin embargo, es un método muy caro y al parecer, nadie está dispuesto a asumir esto", señala Juan Gunther, director del Patronato de Lima, quien tiene más de 20 años de estudios sobre la realidad arquitectónica limeña.
El arquitecto Gunther es muy claro: los edificios en situación de riesgo que no sean monumento histórico hay que demolerlos. Y aquí se refiere específicamente a muchos inmuebles de los Barrios Altos.

Dos viejas casonas se caen al mes en Lima Histórica. (Derecha), arquitecto Juan Gunther.

Las investigaciones del INDECI señalan que en el Centro Histórico existen 349 predios tugurizados en peligro de colapsar. En estos residen 29,070 personas. Del total de predios en esas condiciones, 85 corresponden a callejones, 172 son viviendas subdivididas y 92 solares con una antigüedad de 60 a 75 años.
"La gran pregunta es qué se hará con los vecinos", comenta Gunther. Para realizar las reconstrucciones, según el INDECI, será necesario realojar previamente a 980 familias y reubicar a 2,360; en cuanto a las demoliciones habría que realojar a 1,100 familias y reubicar a 722; y para las refacciones quedarían 150 familias por realojar y reubicar a 197.
"El alojamiento temporal de esos inquilinos podría ubicarse en algún local disponible; en un cuartel como La Pólvora; o en un Pueblo Joven donde se les daría facilidades de agua y luz mientras se concluyen los trabajos de construcción. La zona de Jicamarca es ideal para esto. Allí se podría crear una segunda versión de Villa El Salvador" , dice el arquitecto.
Gunther cree que estas nuevas casas deben ser puestas a la venta y los antiguos vecinos podrían comprarlas a través de créditos a largo plazo. Quienes no sean capaces de asumir la transacción se quedarían en el Pueblo Joven donde recibirían el suficiente apoyo para salir adelante.
"La solución podría venir por el lado del FONAVI que bien podría brindar los créditos que se requieren para salvar a Lima. Existen planes, proyectos e incluso propietarios que están dispuestos a afrontarlos. Sólo hay necesidad de voluntad política", concluye.
De hecho, en los próximos días Andrade firmará un decreto de alcaldía que declarará a Barrios Altos como zona prioritaria de renovación urbana. Esto está basado en el D.S. 1195 o Reglamento de la Inversión Privada para la Renovación Urbana, según el cual la Municipalidad será la que califique los proyectos que la ciudad requiera, en coordinación con el Sistema de Planificación, organismo que fue aprobado por unanimidad la semana pasada en la Asamblea de Alcaldes. Y esto requerirá de la participación del Fonavi, la cooperación internacional y también la Policía. Faltaba más.

CARETAS 1407