Por FERNANDO ROSPIGLIOSI
Ministerio sin Defensa
Durante varios meses, el diario La República ha publicado sucesivos informes sobre un presunto negociado de venta de armas de la antigua Unión Soviética a la Fuerza Aérea. De acuerdo a esa versión, el ex ministro Víctor Malca habría tratado -entre otras cosas- de favorecer a ciertas empresas intermediarias para que adquieran aviones bielorrusos de segunda mano y sin el soporte de repuestos adecuado.
Ese habría sido el motivo de la salida de Malca del Ministerio de Defensa y del general FAP Enrique Astete Baca del comando de su institución, según esa versión.
Algunos detalles de la información de La República han resultado inexactos y han sido desmentidos, pero el núcleo de la denuncia no se ha aclarado, salvo una alusión al paso efectuada por el presidente Alberto Fujimori en México.
Aunque aspectos de las informaciones del diario parecen poco verosímiles, hay tal cantidad de precisiones sobre nombres de personas involucradas, empresas, viajes, precios y tipo de armas, que el asunto amerita mucho más que una frase en un discurso pronunciado en el extranjero.
En cualquier país democrático -o semidemocrático- del mundo denuncias de esa naturaleza hubieran dado paso a una inmediata respuesta del Ministerio de Defensa y, si ésta no fuera convincente, a una investigación parlamentaria y judicial. Pero eso no ocurre en el Nuevo Perú de Fujimori, donde el silencio y el encubrimiento son la norma.
En realidad, el Ministerio de Defensa ha tenido graves problemas desde su accidentada creación en 1987, en el gobierno de Alan García. En esa oportunidad, la supresión de los ministerios de las tres armas -Guerra, Marina y Aeronáutica- fue resistida sobre todo por la FAP y la Marina, que avizoraban el peligro que el Ejército controlara el nuevo ente en desmedro de las otras dos instituciones.
La insubordinación del general FAP Luis Abram Cavallerino fue debelada, pero dejó un sabor amargo y una advertencia de la naturaleza de las resistencias que originaba la fusión de los tres ministerios.
La idea de la creación de un Ministerio de Defensa no era -ni es- mala, si se entiende como parte de una política democrática de control civil sobre las instituciones militares, de mejora de la eficiencia y racionalización de los recursos.
Pero aquí, como muchas buenas ideas, fue desnaturalizada desde el principio. En lugar de nombrar un ministro civil, García designó a un general del Ejército para el cargo y eso no ha cambiado en 9 años. Todos los ministros han sido militares y siempre del Ejército, institución que ha copado totalmente el Ministerio de Defensa.
Marinos y aviadores se quejan, invariablemente, de los problemas que tienen en el MD, donde sus solicitudes quedan siempre debajo de las de los "verdes" y sus presupuestos no son tratados con equidad.
Aunque las FF.AA. en conjunto han sufrido los efectos de la crisis económica en los últimos años -a lo cual hay que sumar los errores de evaluación del gobierno y la cúpula militar sobre las posibilidades de un conflicto externo-, parece que a la FAP y la Marina les fue mucho peor en la distribución de la torta presupuestal.
Eso probablemente influyó en el desastre que sufrió la Fuerza Aérea en el conflicto con Ecuador el año pasado. La Marina no pasó por esos avatares porque, por la naturaleza de los combates, sólo intervinieron algunas de sus unidades especializadas.
En suma, la idea original del Ministerio de Defensa ha sido deformada y los resultados son contraproducentes, pues se ha producido un desbalance entre los institutos, las fricciones han aumentado y la eficiencia no ha mejorado. Ni hablar, por cierto, del control civil sobre las FF.AA. Lo poco que se había avanzado desde 1980 se revirtió en estos años de gobierno cívico-militar.
Si bien en este último aspecto será muy difícil cambiar las cosas mientras dure el régimen autoritario, podría intentarse mejorar la relación entre los tres institutos armados y obligar a una mayor transparencia en la política de adquisiciones.
CARETAS 1412