Operativo Laser
El nuevo plan antidrogas norteamericano anunciado por Bill Clinton y sus repercusiones en el Perú.

Nuevo Zar Mc Caffrey, propone involucrar a las FF.AA. en lucha antinarcóticos.

LA nueva estrategia antidrogas anunciada por el presidente Bill Clinton el lunes pasado, le valió prolongados aplausos en la escuela George Washington Carver, en Miami, donde la presentó, y probablemente sirva a su estrategia electoral de este año, pero no ha suscitado entusiasmo en América Latina.
Para Diego García Sayán, director de la Comisión Andina de Juristas, se trata de más de lo mismo. En conversación con CARETAS señaló que persiste la falta de respuesta integral al fenómeno del narcotráfico, y que los programas de desarrollo rural en los países productores siguen siendo marginales. El grueso de los recursos del programa de más de 15 mil millones de dólares que ha pedido Clinton, se gastan dentro de los EE.UU.
El economista Hugo Cabieses, experto en asuntos de drogas, sostiene que hay una modificación en la estrategia, que se ha expresado en el cambio de un policía, como Lee Brown por un militar como Barry Mc Caffrey, en el puesto de Zar Antidrogas en los EE.U., Eso implicaría una política más dura y represiva, cuyos efectos ya se estarían sintiendo en el Perú.
Un indicio sería que la semana pasada autoridades gubernamentales han reiniciado la destrucción de sembríos de coca en los alrededores de Tingo María, sostiene Cabieses, práctica que se había abandonado desde tiempo atrás.

Luz Salgado sostuvo violento enfrentamiento con el responsable de la política antidrogas del departamento de Estado Robert Gelbard por destrucción de cocales.

La reciente "ley de lucha contra el narcotráfico" (DL N° 824), promulgada la semana anterior por el gobierno, ordena a la Policía destruir los cultivos de amapola y marihuana, pero habla de "promover la sustitución de cultivos de hoja de coca".

COCA EN PICADA

El documento presentado por Clinton el lunes, señala al Perú como el mayor productor de hoja de coca del mundo, con más de 183 mil toneladas métricas en 1995. Eso representa un aumento sig-nificativo respecto a las 163 mil toneladas que se calcula fue la producción de 1994.
Este aumento se produce a pesar que el precio de la cocaína ha bajado significativamente en el último tiempo, como consecuencia de la reducción del consumo en los EE.UU., -el principal mercado- y su sustitución por otras drogas, y los golpes recibidos por los cárteles colombianos, que controlaban el negocio.
Según Hugo Cabieses de las 800 a 1,000 toneladas de cocaína que se producen con la hoja de Perú, Bolivia y Colombia, unas 200 a 250 toneladas se consumen en EE.UU., unas 50 en Europa, se decomisan entre 100 y 120 toneladas, y cantidades menores se consumen en otras partes del mundo. El resultado es que existe un excedente de varios cientos de toneladas que se está stockeando, y que probablemente incidirá en una caída aún más pronunciada del precio en el futuro.
En su discurso de Miami Clinton precisó que en los últimos tres años el número de usuarios de cocaína ha descendido en un 30%. La nueva droga que preocupa ahora a la administración norteamericana es la metanfetamina, cuyo consumo se ha extendido en la costa oeste y en el sur de los EE.UU.
No obstante, los "halcones" de la política antidrogas norteamericana consideran a los campesinos productores de hoja de coca narcotraficantes, y pretenden resolver el problema destruyendo los cultivos. Precisamente la semana pasada, en Miami, se produjo un violento intercambio de palabras en relación a ese tema, entre la congresista Luz Salgado y el responsable de la política antidrogas del Departamento de Estado, Robert Gelbard.

SALGADO vs. GELBARD

El incidente entre la congresista de C90-NM y Gelbard, -que insiste en descertificar al Perú- se suscitó durante el desayuno del último día del Simposio Latinoamericano de Estrategias convocado por el Comando Sur en Miami.
Durante su exposición el norteamericano insistió en que a pesar que Colombia realizaba esfuerzos para erradicar el narcotráfico, Perú no lo hacía. Cuando terminó, Luz Salgado levantó la mano y dijo que "me parece injusto que un país como el Perú, que más que nunca está empeñado en la lucha contra el narcotráfico, sea descalificado de esa manera. No todos los recursos de un Estado pueden dirigirse a la guerra contra las drogas y mientras haya pobreza la erradicación será muy difícil".
Gelbard se salió de sus casillas y replicó que era inaceptable que el presidente Fujimori se haya atrevido a "de cirme cara a cara que él no estaba dispuesto a erradicar los cultivos de coca". Durante su interrupción Gelbard no dejó de señalar con el dedo a la congresista peruana. Salgado abandonó el desayuno y no volvió a presentarse en el resto de las reuniones del día.
Gelbard fue embajador en Bolivia, país que sí ha cedido a las presiones norteamericanas y tiene una política de erradicación de cocales, aunque en realidad es poco lo que se logra realmente con esa estrategia.
El acalorado intercambio ocurrió en una reunión que buscaba definir estrategias conjuntas contra el narcotráfico y poner en marcha una nueva operación de interdicción de aviones llamada Operación Láser.
Durante la clausura del evento el periodista del Miami Herald, Gerardo Reyes, entrevistó a Luz Salgado quien le explicó que "fue un mal rato que espero no tenga mayores consecuencias".
Casi simultáneamente, en Viena se produjo otra batalla en términos más mesurados y diplomáticos, pero de mucha importancia. En la capital austriaca se realizó a mediados de mes el 39° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. El embajador peruano Gilber Chauny mencionó cuatro veces en su discurso, el 18 de abril, el fracaso de la política policial represiva en la lucha antidrogas y reiteró el planteamiento peruano de una política integral.
En el evento se aprobó una propuesta de México, apoyada por Perú, Colombia y Bolivia, para realizar una cumbre mundial antidrogas en 1998, que sirva para redefinir las políticas que se vienen aplicando. Esta propuesta no contó con el respaldo de los EE.UU.
Por su parte Colombia exigió que se reconozca que la única autoridad internacional autorizada para evaluar y recomendar políticas antidrogas sea la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), cuyos 13 miembros son elegidos en la Asamblea general de la ONU. De esa manera intenta cerrar el paso a la política unilateral de certificación de los EE.UU.
El Perú está en la misma línea. El canciller Francisco Tudela ha planteado la corresposabilidad entre países consumidores y productores, ha rechazado la certificación y ha precisado que la Unión Europea es más flexible que los EE.UU. en su lucha contra las drogas.

Diego García Sayán, Hugo Cabieses, Ricardo Soberón, Ibán de Rementería:
opiniones encontradas.

LA NUEVA LEY PERUANA

En este contexto, la Ley Antidrogas promulgada el miércoles 24, ha provocado reacciones encontradas.
Los expertos consultados por CARETAS destacaron que el Decreto Legislativo N° 824, de "lucha contra el narcotráfico" tiene un elemento positivo, el retiro de las FF.AA. de esa tarea que le fuera encomendada en 1992, pero dudan de la eficacia de ese dispositivo para frenar la producción y el tráfico ilícito de drogas.
Ibán de Rementería, experto en la materia y autor de varios trabajos sobre el tema, afirma que la introducción del arrepentimiento en asuntos de drogas es equivocado, porque el consumo de drogas, a diferencia del terrorismo, responde a una demanda social. La comparación entre traficantes de drogas y terroristas también lleva a la sobrepenalización, que no impide ni restringe el narcotráfico, y medidas como el arrepentimiento -que no incluye a los cabecillas- pueden tener consecuencias muy peligrosas.
Ricardo Soberón, de la Comisión Andina de Juristas, afirma que la nueva Ley Antidrogas no guarda coherencia con lo que ha venido sosteniendo el gobierno hasta ahora. "Existe un Plan Nacional Antidrogas aprobado en noviembre de 1994, que incluía un cronograma de acciones que no se ha cumplido", refiere Soberón. Y precisa que ese cronograma incluía la dación de una ley del sistema nacional de drogas y la creación de una secretaría técnica que ejecutaría el plan. Nada de eso se cumplió.
"La ley ni siquiera menciona el Plan de 1994", ni los dispositivos anteriores como la Ley de Bases de Desarrollo Alternativo ni la llamada Doctrina Fujimori.
Soberón considera positivo que salgan las FF.AA. de la lucha antinarcóticos, así como que la FAP continúe con la intercepción aérea, tarea que no puede realizar la Policía. Asimismo, se mostró de acuerdo con la política de "arrepentimiento" en casos de narcotráfico, porque podría ayudar a descongestionar las prisiones, aunque señala el riesgo de que se produzca una "inflación" de arrepentidos que para tratar de salvarse denuncien a inocentes, como ocurrió en el caso de la ley para terroristas. "En este caso podría producirse el fenómeno en una proporción mucho mayor, porque a diferencia de Sendero Luminoso, que tenía una organización más o menos jerarquizada y distinguible, las `firmas' y mafias del narcotráfico son más difusas."
Respecto al artículo que impide las acciones de Hábeas Corpus, Soberón sostienen categóricamente que es anticonstitucional, porque no se puede recortar el derecho de un juez a decidir sobre la legalidad de una detención. Ese artículo viola también los pactos internacionales suscritos por el Perú.
Finalmente, Soberón cree que esta nueva ley responde, en parte, a las quejas y presiones de los EE.UU. y la Unión Europea, que no tenían un interlocutor con quien tratar asuntos de drogas. Ahora el director de Contradrogas, el ministro de Salud Marino Costa, será ese interlocutor.

Ibán de Rementería: plan contra las drogas no tiene ninguna organicidad.

Hugo Cabieses resume en una frase la política antidrogas del gobierno: progresista para afuera, represiva hacia adentro.
La falta de institucionalización es uno de los problemas más graves para Ibán de Rementería, que advierte que Contradrogas no tiene ninguna organicidad.
Ibán de Rementería reitera la alternativa propuesta en su libro "La Elección de las Drogas. Examen de las políticas de control." El propone la creación de un "mercado pasivo" de drogas, es decir, la venta legal y controlada de las drogas, de manera similar a la que existe en varios países europeos.
El Estado tendría el monopolio de la producción y expendio de las sustancias sicoactivas, cuyo uso se restringiría a lugares autorizados. Se controlaría la dosis y la calidad de las sustancias, se prohibiría su reventa a terceros y se realizarían campañas informativas sobre los riesgos y peligros del uso de drogas. Eso golpearía los intereses económicos de los narcotraficantes, disminuiría la violencia y la corrupción y permitiría identificar y tratar a los adictos y toxicómanos.
Un espectacular y costoso sistema de interdicción complementaría el plan norteamericano, aunque su eficacia está por demostrarse.

CARETAS 1412