Por FERNANDO ROSPIGLIOSI

Fujimori y Menem

SONRIENTES cada vez que han aparecido juntos, los presidentes de Perú y Argentina, Alberto Fujimori y Carlos Saúl Menem, tienen mucho en común, como ellos mismos se han encargado de relevar.
Se separaron de sus esposas en medio de grandes escándalos, y las echaron de los palacios presidenciales. Cambiaron las reglas del juego a medio camino para hacerse reelegir. Basan su popularidad fundamentalmente en la aplicación de programas de ajuste que han detenido la inflación, pero aumentado a la vez desempleo y pobreza.
También son hijos de inmigrantes -japoneses uno, sirios el otro-, y les gusta lucirse en público con mujeres guapas y artistas populares.
Las similitudes no quedan allí, sin embargo. Ambos son presidentes de estilo autoritario y, como casi siempre ocurre en estos casos, la corrupción florece en sus gobiernos ante la falta de control de instituciones que deberían servir de contrapesos al poder. Y en el Perú, al igual que en Argentina, los responsables de los malos manejos por lo general permanecen impunes.
Aunque hay que reconocer que en Argentina, por lo menos en algunas ocasiones, las denuncias y las investigaciones de casos específicos han ido mucho más lejos que en el Perú. Ya sea porque se convirtieron en parte de la lucha por el poder, como cuando el ministro de Economía, Domingo Cavallo, acusó públicamente y con documentos en mano a miembros del propio gobierno. O porque la prensa independiente ha persistido en investigar a fondo casos como el del tráfico de armas a Ecuador.
Hace algunos años, también en Argentina, el periodista Horacio Verbitsky publicó un libro titulado, "Robo para la Corona', aludiendo a la frase de un ministro de Menem que sostuvo eso, "yo robo para la Corona".
A pesar de las fundadas sospechas de corrupción, que llegan hasta los niveles más altos, Menem pudo hacerse reelegir el año pasado, al igual que Fujimori. Y es que en Latinoamérica, continente de carencias elementales y urgencias impostergables, la opinión pública privilegia otros aspectos como la estabilidad y el buen desempeño de la economía.
En Italia o Japón el asunto de la corrupción en la cúpula del Estado se convirtió en un tema de primera importancia, derribando a varios gobiernos y llevando a prisión a políticos de primera línea. Allí, además de una opinión pública mucho más sensible al tema, existe división de poderes y las instituciones funcionan independientemente. Por lo menos en mucho mayor medida que en estas tierras.
En Latinoamérica eso no ocurre, salvo cuando los gobernantes fracasan en sus políticas económicas. Eso le sucedió a Carlos Andrés Pérez, elegido presidente en 1989 a pesar de las gravísimas acusaciones de inmoralidad que pesaban en su contra durante su primer gobierno, a principios de la década de 1970. Pero el electorado tenía en mente la abundancia que gozó durante su mandato, aunque sin reparar que en realidad se debió a la espectacular alza de los precios del petróleo, en 1973, más que a las habilidades económicas de Carlos Andrés.
Paradójicamente, la acusación con la cual lo destituyeron de la presidencia, era probablemente una de las más inocuas de todas las que recibió en su larga carrera política: haber usado fondos reservados para apoyar a la presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro. Pero de lo que se trataba era de sacarlo del gobierno a como diera lugar, por su fracaso en sanear la economía venezolana.
Caso similar es el de Fernando Collor de Mello en Brasil. Y, por cierto, el de Alan García en el Perú.
En otras palabras, si a Pérez, Collor y García no les hubiera ido tan mal con sus políticas económicas, es probable que las acusaciones de corrupción, por más ciertas que fueran, no habrían tenido los efectos devastadores que tuvieron.
Inversamente, Fujimori y Menem navegan indemnes en un mar de corrupción, básicamente porque lograron derrotar al peor enemigo de la gente, la hiperinflación.
Mucho tienen en común, pues, Alberto Fujimori y Carlos Menem. Quizás por eso la posición peruana es tan débil respecto a la venta de armas argentinas a Ecuador en pleno conflicto, a pesar de que a estas alturas es muy claro el involucramiento del gobierno -y no sólo de funcionarios subalternos-, en el inicuo negociado.