Tan Simple Como el FMI

EXPERTOS como el ingeniero Daniel Saba, ex miembro del Cepri de Petroperú, coinciden en calificar como un fracaso el inicio de la privatización del ente estatal, donde sólo concurrieron dos postores para la refinería La Pampilla y cuatro para el lote 8/8X.
Fracaso no sólo por el escaso número de participantes -más de treinta empresas habían comprado las bases-, sino porque estuvieron ausentes la mayoría de las grandes compañías que el gobierno esperaba se presentaran a disputar encarnizadamente los fragmentos de Petroperú.
Además, varias de las postoras son empresas estatales, viva demostración de lo paradójico de la situación: mientras otros países no sólo no privatizan su petróleo, sino se expanden a nivel internacional, aquí se remata de cualquier manera un ente estatal rentable y de importancia decisiva para la defensa nacional.
Por último, algunas de las compañías que pretenden hacerse del lote 8/8X no inspiran mucha confianza, ni en cuanto a la necesaria pulcritud y cuidado que se requiere para trabajar en la selva sin causar irreparables daños ecológicos, ni en cuanto a las posibilidades de cumplir con los compromisos de inversión que asumen, a juzgar por recientes experiencias.
En estas circunstancias, no debería descartarse la posibilidad de que el gobierno pudiera ceder a la mayoritaria opinión popular que rechaza la privatización, y buscar una salida decorosa, como por ejemplo, declarar desierta la licitación y postergar indefinidamente el proceso.
Sin embargo, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, ha cerrado cualquier posibilidad de retroceso. En una entrevista con Enrique Vidal, difundida el domingo pasado por Panorama, Camdessus sostuvo explícitamente que si el gobierno daba marcha atrás en la venta de empresas estatales, los acuerdos con la institución que dirige quedarían en nada, y habría que empezar nuevamente.
La amenaza es clarísima, porque sin el aval del FMI el proceso de reinserción, logrado a costa de grandes sacrificios, quedaría trunco.
La intervención de Michel Camdessus pone nuevamente sobre el tapete el papel del FMI en la política y la economía peruana. Recientemente, Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Alvaro Vargas Llosa han publicado un polémico libro, el "Manual del perfecto idiota latinoamericano", donde se burlan inmisericordemente de los lugares comunes de las izquierdas de nuestro continente.
El FMI, por supuesto, ocupa uno de sus acápites. Para los autores "se trata simplemente de una institución financiera", que propugna "un simple mecanismo para desahogar las cuentas del Estado, a cambio del cual se pide restricción de los gastos fiscales para contener la inflación" Sería, pues, una institución injustamente satanizada.
La verdad es que el FMI no es tan simple como eso, tal como hemos podido comprobar los peruanos en los últimos años. De hecho, es el Fondo -junto con otros multilaterales- el que ha diseñado y vigilado la aplicación de las líneas maestras de la política económica peruana en el último lustro.
Benévolamente Mendoza, Montaner y Vargas Llosa afirman que "el FMI pone ciertas condiciones -en verdad negociadas con el país solicitante-, de política macroeconómica." La última visita de Camdessus al Perú muestra que lo de la negociación es un eufemismo. Los márgenes de acción que deja el FMI no son muchos y, en el caso de las privatizaciones, no hay lugar a dudas de que se trata de una condición casi imposible de rechazar para un gobierno que ha jugado todas sus cartas a las buenas relaciones con los multilaterales.
Es cierto que el Perú necesita del FMI y que la ruptura con el sistema financiero internacional, durante el gobierno de Alan García, contribuyó al desastre económico que sobrevino luego. Pero también es verdad que este gobierno ha sido particularmente débil y complaciente en sus tratos con los multilaterales.
El FMI no es el monstruo que pintaron las izquierdas, ni es el responsable de nuestros males. Finalmente, somos nosotros -por acción o por omisión- los culpables de lo que ha sucedido en el Perú. Tienen razón por eso los autores del "Manual..." cuando dicen "sólo pueden hacer el milagro -de salir de la pobreza- las instituciones del país en cuestión".
El asunto es que en un país desinstitucionalizado como el Perú, con funcionarios del más alto nivel cobrando el grueso de sus emolumentos precisamente de los fondos de organismos extranjeros y no de la planilla del Estado, es difícil pensar en una política autónoma.
Dicen los autores que los bancos habría que agregarle los multilaterales- no son instituciones de caridad. Es cierto. Ellos tienen sus propios y particulares intereses. Eso no tiene nada de raro. El problema radica en que los intereses de ellos no son los mismos que los del Perú, y que para negociar se requiere funcionarios que defiendan los intereses del país al que representan, como ocurre con Japón, Chile o Brasil. Pero eso no sucede aquí.