Demolición


Demolición
Varios proyectos de ley del congresista oficialista Oscar Medelius, en debate en la Comisión de Justicia del Congreso, disolverían al Poder Judicial y recortarían su ya menguada autonomía. Los proyectos se habrían cocinado en la oficina del comandante AP (r) José Dellepiane.

Silenciosamente, el 29 de mayo ingresaron a la Comisión de Justicia del Congreso varios proyectos de ley que tendrán el efecto de un terremoto -o, más propiamente, un maretazo- en el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones. Las normas crean el Sistema Nacional de Administración de Justicia (SNAJ), que junta a varias instituciones de distinto nivel, y legaliza la injerencia del Poder Ejecutivo. La propuesta declara en reorganización por un año a todas las instituciones involucradas, que quedarían bajo la férula de una Comisión Ejecutiva.

Escribe JIMMY TORRES


Comandante
AP (r) José Dellepiane,
sería
el inspirador
del proyecto.
(Derecha)
Congresista Oscar
Medelius.




La Corte Suprema, cuyas atribuciones ya habían sido recortadas por una ley aprobada a fines del año pasado, quedaría ahora sin poderes efectivos.

Insólito Proyecto
La propuesta que finalmente presentó solitariamente Oscar Medelius, había circulado días antes con un encabezamiento que decía "Los congresistas que suscriben...". Al final, los autores del proyecto tuvieron que cambiar el plural por el singular. Según fuentes bien informadas, la norma fue preparada en una casona miraflorina ocupada por la gerencia de proyectos de la Secretaría Ejecutiva del Poder Judicial que dirige José Dellepiane, donde laboran también sus asesores.

EL viernes 7, Moisés Pantoja, presidente de la Corte Suprema, se dirigía a la Plaza Bolognesi en su Mercedes Benz negro para asistir a la ceremonia de la Jura de la Bandera. Temprano había comunicado a los jefes de protocolo y seguridad que su agenda comenzaba después del mediodía, al término del acto.
Pero antes de llegar recibió una llamada en el teléfono celular. Un asistente le comunicó que su nombre no estaba entre los que ocupaban el estrado principal, como siempre ocurre con el máximo representante de un Poder del Estado. "Está usted en el puesto N° 31, entre otros parlamentarios y diplomáticos", le manifestó consternado el asistente.
Pantoja le ordenó al chofer que diera media vuelta y enrumbara al Palacio de Justicia.
El rebajamiento de categoría del Poder Judicial (PJ) empezaba a hacerse realidad antes que los proyectos de normas legales presentados al Congreso por el oficialista Oscar Medelius -y presuntamente elaborados por el equipo del Secretario Ejecutivo del PJ José Dellepiane- se hubieran empezado a discutir.

SON RUMORES

El día anterior, jueves 6, Moisés Pantoja se había enterado de la existencia de los proyectos que prácticamente disuelven al Poder Judicial como instancia autónoma y lo subsumen en un "Sistema Nacional de Administración de Justicia".
Llamó al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Jorge Muñiz, para confirmar la veracidad de la información, pero Muñiz no le contestó el teléfono.
Inquirió con otros miembros de la Comisión, y confirmó la versión. Pudo, entonces, convocar a una Sala Plena -la reunión de todos los vocales supremos, para pronunciarse y encarar el problema, pero vaciló.
Otros miembros de la Corte Suprema también se enteraron de los proyectos pero, desconcertados, se callaron.

Vocales supremos:
nadie puede defender
el estado actual de cosas en el
Poder Judicial, pero tampoco
se pueden avalar sucesivas
reorganizaciones digitadas desde
el poder que a nada bueno conducen.

Autónomos

Poder Judicial: Moisés Pantoja

Ministerio Público: Blanca Nélida Colán

Consejo Nacional de la Magistratura: Carlos Montoya

DE CAL Y ARENA

Paralelamente, el Colegio de Abogados de Lima (CAL), aumentaba los decibeles de su enfrentamiento con la Secretaría Ejecutiva del comandante AP (r) Dellepiane.
El marino respondió a las críticas del CAL a la controvertida disposición que prohíbe a los jueces conversar con los abogados, preparando un comunicado que firmaron los presidentes de las Cortes Superiores del país, donde apoyaban la discutida resolución administrativa N° 95 expedida por la Comisión Ejecutiva, que prohíbe a los jueces hablar con los abogados.
Los magistrados habían sido convocados de emergencia el miércoles 5, con el pretexto de analizar su presupuesto. Lo cierto era que Marcos Ibazeta, presidente de la Corte Superior de Lima, los esperaba con un comunicado de cinco carillas ya redactado en los predios de Dellepiane. Algunos magistrados hicieron algunas sugerencias, que no variaron el fondo del asunto.
El CAL, por su parte, demandó que funcione la Comisión Consultiva, paralela a la Comisión Ejecutiva de reciente creación, que se encarga de la administración del Poder Judicial. La Comisión Consultiva debería conformarse con 4 presidentes de Cortes Superiores, 3 representantes del CAL y 2 delegados de las Facultades de Derecho del país, los que se encargarían de elaborar y aprobar proyectos de normas para el Poder Judicial. El CAL y las Facultades de Derecho ya nominaron a sus representantes.
Las funciones de la hasta ahora inexistente Comusión Consultiva las asume ahora la todopoderosa Comisión Ejecutiva, cuyo hombre fuerte es José Dellepiane.

El mismo viernes 7, el CAL que preside Vladimir Paz de la Barra envió a sus delagados a entrevistarse con el presidente de la Corte Suprema, Moisés Pantoja. Cuando los abogados le solicitaron un local para iniciar el trabajo de inmediato, Pantoja les dijo, con ironía, que se lo pidan a Dellepiane.
En medios judiciales se pronostica que el enfrentamiento entre el CAL y Dellepiane continuará, a pesar de la reunión convocada el miércoles 5 por el ministro de Justicia Carlos Hermoza Moya para que Paz de la Barra y Dellepiane fumen la pipa de la paz.

PROYECTO DEMOLEDOR

Al asumir sus funciones de Secretario Ejecutivo del Poder Judicial, el comandante AP (r) José Dellepiane, comentó que el PJ requería una reforma total. Su opinión de los magistrados, incluyendo a los vocales supremos, era negativa.
Sin embargo, en los meses siguientes fue matizando sus apreciaciones, convenciéndose que existe un sector de jueces honestos. No obstante, según se comenta en el Palacio de Justicia, Dellepiane había recibido el encargo de practicar una reforma total del PJ. Su enlace con el gobierno era Santiago Fujimori, pero cuando el hermano del Presidente cayó en desgracia, el ex capitán Vladimiro Montesinos, hombre fuerte del SIN y muy vinculado al Poder Judicial, habría tomado la posta.
Los proyectos para crear el Sistema Nacional de Administración de Justicia (SNAJ) habrían sido preparados en una casona de Miraflores, donde funciona la gerencia de proyectos especiales y trabajan los asesores de Dellepiane.
Los proyectos de reforma son 15 y tanto la Secretaría como la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial niegan su participación en ellos porque eso podría afectar el apoyo económico de instituciones extranjeras que los financian, en tanto el nuevo SNAJ arrasa con principios elementales de la administración de justicia universalmente reconocidos.
Por eso buscaron quien los propusiera en el Congreso. Al final sólo un parlamentario, el notario y ex presidente del club Sport Boys del Callao Oscar Medelius, aceptó el ingrato encargo.
Los proyectos debieron discutirse el martes 11 en la Comisión de Justicia del Congreso, pero su debate se postergó.

  • El primer proyecto crea el Sistema Nacional de Administración de Justicia (SNAJ), integrado por el Poder Judicial, la Academia de la Magistratura, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura.
    Expertos consultados por CARETAS coincidieron en que esto constituye una aberración, pues cada uno de estos organismos es autónomo e independiente, y de distinto peso y jerarquía. El Poder Judicial quedaría disuelto dentro de un Sistema que sería "una melcocha", según manifestó un eminente constitucionalista.
  • El SNAJ tendría, de acuerdo al proyecto, una estructura conformada por un Consejo Directivo, un Comité Consultivo y personal de apoyo necesario. El Consejo Directivo lo integrarían seis miembros: tres vocales supremos -los mismos que conforman la Comisión Ejecutiva del PJ-, el Secretario Ejecutivo del PJ -ahora José Dellepiane-, un Fiscal Supremo designado por el Fiscal de la Nación y un miembro designado por el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.
    La presidencia de este Consejo Directivo es rotativa entre sus miembros y elegida por el pleno del Consejo Directivo por el período de un año. No hay reelección.
  • El Comité Consultivo lo integran un profesional designado por el Consejo Directivo, un abogado por el ministerio de Justicia, un abogado por la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú, un oficial general de la PNP por el ministerio del Interior y un profesor universitario por los decanos de las Facultades de Derecho del país.
    Así, el Poder Ejecutivo tendría directa injerencia en el SNAJ, a través de delegados nombrados por dos ministerios.
  • Para aplicar esta ley, se declaran en reorganización -¡otra vez!- las instituciones integrantes del mismo, durante un año, y se encarga la dirección durante ese lapso, con poderes impresionantes, a la Comisión Ejecutiva del SNAJ que, en la actual situación, estaría de hecho bajo la batuta del comandante (r) Dellepiane. De esta manera, el marino pasaría a dirigir no sólo el Poder Judicial sino todo el Sistema.
  • Durante la reorganización se reduce la sala Plena de la Corte Suprema a una suerte de mesa de partes, quitándole las atribuciones y funciones que todavía le quedaban.
  • La restricción de funciones se extiende a los vocales superiores y jueces. El personal administrativo del PJ queda en manos de la Comisión Ejecutiva que aplicará un "programa de retiro voluntario" y ratificará o cesará al personal. El Organo del Control de la Magistratura, actualmente a cargo del vocal supremo Carlos Giusti, se integra a la Oficina de Inspectoría General.
  • Se suspende también el artículo de la ley Orgánica del PJ que establece que la justicia es gratuita. ¿Quiere decir que ahora se cobrará? Los proyectos del oficialista Medelius, el mismo que presentó un proyecto de ley para legalizar la resolución de Dellepiane que prohíbe a los jueces hablar con los abogados, implican varias modificaciones constitucionales, al cambiar radicalmente la estructura del Poder Judicial limitando seriamente su autonomía.
    Dellepiane, que ha venido cumpliendo una labor eficaz en el Poder Judicial, se fue por la borda en esta oportunidad, al inspirar proyectos que violan no sólo la Constitución sino principios esenciales de todo Estado republicano moderno, como la separación de poderes.
    Es cierto que el Poder Judicial, incluyendo por cierto a la Corte Suprema, no puede ser defendido en su estado actual, y que después de las reformas ejecutadas por este gobierno no se ha librado de los estigmas de corrupción e ineficiencia que tiene desde tiempo atrás. Precisamente por eso, el gobierno no debería insistir en este tipo de intervenciones que terminan agravando los males que pretende combatir.


    La Súper Juez
    Nueva Corte Antidrogas en funciones

    Inés Villa Bonilla, considerada "incorruptible", fue designada para presidir la nueva Corte Antidrogas.

    EN medios judiciales se comenta que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dio en el clavo con el nombramiento de Inés Felipa Villa Bonilla como presidente de la Corte Superior Antidrogas.
    Pisqueña, se le conoce como la "dama de hierro" en el PJ. Integra el grupo de mujeres denominada "las incorruptibles". Durante los 3 últimos años presidió una comisión de investigación en el Organo del Control de la Magistratura.
    En los momentos duros de la guerra antisubversiva, en 1986, se ofreció de voluntaria para integrar los tribunales que juzgaban terroristas.
    Inés Villa estudió Derecho en la Universidad "Federico Villareal". Comenzó como auxiliar en el Poder Judicial, pasando luego a relatora y jueza.
    Ella digirá este nuevo equipo que tendrá dos o tres salas superiores y media docena o más de jueces que se dedicarán exclusivamente a juzgar casos de narcotráfico en todo el país.

    Ex embajada de EE.UU. podría ser local de Corte.

    Esta nueva instancia está buscando un local adecuado para instalarse. Una sugerencia es comprar el antiguo local de la Embajada de los EE.UU., en la avenida Wilson, que tiene ya instalados los mecanismos de seguridad necesarios para una institución como la Corte Antidrogas. (J.T.)