Balance Legislativo

El gobierno reitera su pedido de facultades especiales, dando nuevas muestras de su desdén o falta de confianza en su propia mayoría y en el Poder Legislativo. No le basta haber reducido a su mínima expresión a las dos pasadas legislaturas, la última de las cuales culmina este sábado. Ha usado como instrumento a Martha Chávez, una presidenta que no ha hecho respetar los fueros del Parlamento y que, vaya ironía, busca la reelección. Y es que el presidente Alberto Fujimori quiere llevarse el mérito de ser el autor de las leyes más importantes. Comerse el jamón, que se dice. El problema es que reincidir en un esquema unilateral, sin equilibrio de poderes, vuelve a revivir la idea de un país autoritario donde la seguridad jurídica y el juego democrático se supeditan a una sola persona.

Presidenta del
Congreso Martha
Chávez.
Su reelección es
todavía un albur.

Votación en el
Congreso. Rituales,
formas, debates y un
dominio exclusivo
de Palacio de Gobierno.

Una de las expresiones de la carencia de fiscalización por parte del Congreso es el hecho que sistemáticamente las solicitudes para formar comisiones investigadoras (40) fueron rechazadas por el oficialismo. Sólo se aprobó un pedido al respecto, el de la cédula viva, que afecta a los parlamentarios de Congresos anteriores. Asimismo de 78 pedidos para que concurran ministros, sólo pasaron 16.

APARENTEMENTE el pedido de facultades cubre frentes urgentes: el desarrollo del sur peruano, la elevación del empleo ( en el marco de una reactivación productiva), la reincorporación de los desplazados, la reestructuración empresarial.
En realidad, forman parte del sistemático esfuerzo por disminuir las funciones del Congreso, una pieza que el gobierno aceptó como una condición que lo legitime pero en el cual no cree. Un congresista de la oposición parece haber dado en el clavo cuando sostuvo el lunes que el presente no era " un Congreso legislativo sino delegativo".
Cualquiera de las leyes de la primera delegación de facultades y de esta segunda pudieron aprobarse siguiendo el trámite orgánico y normal, puesto que la mayoría es oficialista.
Sin embargo, se prefiere el otro camino. En un contexto en el cual se ignora la autonomía del Poder Judicial (ver nota aparte), se obstaculiza la formación del Tribunal Constitucional y se hace lo posible por mantener calato al Defensor del Pueblo, reducir al Congreso es un objetivo que completa un proyecto cesarista.

En el cuadro se aprecia que el Ejecutivo ha producido un 60% de normas frente a un 40% del Congreso. Es decir , se aprecian los frutos de la delegación de facultades. El olmo dio peras.

BALANCE Y LIQUIDACION

El sábado 15 culmina la segunda legislatura y con ella el primer año de un Congreso que no ha colmado las expectativas ciudadanas y políticas.
El 28 de julio de 1995 se estrenó el Congreso unicameral, símbolo del fujimorismo y de la nueva Constitución.
El hecho más relevante fue, sin duda, la amplia mayoría oficialista y la presidencia del Parlamento a cargo de una mujer, hecho sin precedentes en nuestra historia republicana. Martha Chávez de Ocampo pasó así a convertirse en una figura clave para el gobierno y, a juicio de muchos, en el paradigma de lo que ocurriría en el primer año de existencia de este Congreso.

LA CARA DURA

La opinión pública ha sido testigo, en primer término, de una creciente polarización entre el gobierno y los grupos opositores. Esto es normal en toda democracia, pero en el caso peruano, la mayoría ha ejercido una tiranía o cuando menos ha hecho gala de una enervante docilidad, por lo demás poco ilustrada.
De las 40 mociones presentadas por la oposición, solicitando la conformación de comisiones investigadoras (entre julio del año pasado a mayo de este año), 27 no fueron admitidas y sólo 1 fue aprobada (la de la cédula viva).
Igualmente hubo 78 mociones invitando a ministros, 41 de las cuales ni siquiera fueron debatidas. Al cierre de esta edición, las interpelaciones presentadas hace más de 15 días al Primer Ministro Alberto Pandolfi por el asunto de Petroperú y al ministro de Salud, Marino Costa Bauer, por la posible privatización de su sector, se guardan en la Mesa Directiva, donde Martha Chávez urde sus propias interpretaciones.
La oposición, por su parte, es tan sólo una mención hipotética. Ha habido grupos variopintos, incapaces de encontrar un hilo común, que en muchos casos se han sentido inútiles en una contienda de antemano perdida. No han faltado tampoco oportunistas que fungiendo de opositores le han hecho el juego a la mayoría.
No es suficiente, por otra parte, consignar cifras acerca de la productividad del Congreso. El Congreso, por obra de la mayoría, ha evitado ocuparse de las leyes de fondo. En abril de este año, los grupos parlamentarios presentaron sus agendas legislativas: jamás fueron estudiadas y por eso no hubo forma de priorizar el trabajo del Congreso. Leyes tan importantes como las de educación, universitaria, regionalización, fomento a las exportaciones, código electoral, Policía Nacional, pequeña y mediana industria, de aguas, reforma del Estado, etc., duermen un inclemente sueño.
Y lo que es peor, el Tribunal Constitucional no pudo conformarse. Sucesivas postergaciones, el escándalo de una tozudez con nombre propio (Augusto Antonioli), el agravio a destacadas personalidades cívicas fueron elocuente muestra de la decisión del gobierno de evitar un órgano de control independiente. Se consiguió constituir la Defensoría del Pueblo, pero claro, sin presupuesto.
La mayoría alega que si bien no han sido fecundos, los hombres del fujimorismo han cumplido con dar normas tales como la Ley de Arbitraje (realizada por juristas independientes), la Procesal del Trabajo (aprobada unánimemente y tal vez uno de los casos únicos de una adecuada concertación) y la controvertida pero importante modificatoria a la de Política Nacional de Población (control de la natalidad).

LA VISTA GORDA

Aun en el caso que se aceptara que por motivos de urgencia nacional, sea el Ejecutivo el que dé leyes con presteza, se debería esperar que cuando menos el Congreso fiscalizara. Esta tarea tampoco ha sido cumplida. Martha Chávez tiene experiencia al respecto y ha encontrado en Miguel Velit y en Carmen Lozada de Gamboa, discípulos aprovechados.
Una excepción ha sido la actitud asumida por Jorge Trelles y Ricardo Marcenaro (de la mayoría oficialista), quienes coincidieron con la oposición en el sentido que hay decretos legislativos inconstitucionales. Deberían haber ido más lejos pues una consecuencia de este reparo es que el Congreso fiscalice la labor legislativa del gobierno, al amparo de la delegación de facultades, y que asimismo ésta se restrinja a lo estrictamente "extraordinario", es decir, excepcional.
Respecto a la fiscalización sobran adjetivos. Hasta la fecha, la Comisión de Fiscalización constituyó 9 grupos de trabajo. Al cierre de esta edición, ninguno ha presentado informes preliminares.