Poder Judicial

El proyecto de ley preparado por el gobierno para reorganizar el Poder Judicial (CARETAS 1418) y presentado por el congresista Oscar Medelius, siguió un camino tortuoso. Otro diputado oficialista, Carlos León Trelles, propuso que se le delegaran facultades al Ejecutivo, cosa que era obviamente ilegal, por lo que desechó la iniciativa. Por último, Anastasio Vega, también de Nueva Mayoría-Cambio 90, añadió todo el proyecto a otro de Antero Flores Aráoz y así se aprobó la madrugada del domingo.

Moisés Pantoja, quedó en el aire.

Nuevo organigrama del Consejo de Coordinación Judicial, donde José Dellepiane será el hombre fuerte. (Derecha) Recinto del Palacio de Justicia donde se efectúan las ceremonias más importantes de la Corte Suprema, ahora con significativas calaveras, colocadas ahí por disposición del mismo Dellepiane.

EL domingo pasado, día del padre, el vocal supremo Víctor Raúl Castillo Castillo era doblemente felicitado por sus familiares y amigos. En la madrugada, el Congreso había aprobado otra ley-sorpresa reorganizando el Poder Judicial (PJ) y creando como órgano máximo el Consejo de Coordinación Judicial que será presidido por Castillo hasta el 31 de diciembre de 1998.
En efecto, la ley dice que el presidente del Consejo será hasta el 31 de diciembre de este año el presidente de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, es decir, Castillo. Y durante 1997 y 1998, por el decano de los vocales de la Corte Suprema que, por casualidad, es el mismo Castillo.
Así, el magistrado cajamarquino, nombrado durante el gobierno de Alan García, y que sobrevivió a la poda del 5 de abril, se ha convertido en la cabeza visible del nuevo Frankenstein judicial, como lo ha calificado el congresista Antero Florez Aráoz.
En el Palacio de Justicia se conoce a Víctor Raúl Castillo como un magistrado tímido y no muy decidido. Cuando reemplaza al presidente de la Suprema, Moisés Pantoja, demora muchísimo para firmar cualquier documento. Se cuenta en el Poder Judicial que el día de la secretaria, estudió detenidamente el saludo y pidió varias versiones a los asesores hasta decidirse por una de ellas.
Así las cosas, caben pocas dudas de que el hombre fuerte del PJ será el comandante AP (r) José Dellepiane, cuyos poderes han crecido geométricamente. Precisamente el domingo pasado en la noche, Dellepiane y Castillo viajaron a los EE.UU. para entrevistarse con los funcionarios del Banco Mundial que financiarán parte de la reorganización.
El Banco Mundial había ofrecido dinero, en forma de préstamo, para mejorar la administración de justicia, pero no se sabe cómo reaccionará ante la nueva ley que muchos juristas califican de anticonstitucional. Dellepiane y Castillo tratarán de convencer a los funcionarios de la institución multilateral que la reorganización está bien encaminada.
El gobierno, que usualmente le cierra el caño al Poder Judicial, ha financiado la primera etapa del trabajo de Dellepiane, que empezó en noviembre del año pasado, con US$ 60 millones de dólares. Pero esta cifra resulta insuficiente para los planes de reorganización, por lo que pedirán préstamos al Banco Mundial.
Según una versión, Dellepiane se entrevistaría en Washington con Santiago Fujimori, que fue el que lo llevó al puesto que ahora tiene.
El Departamento de Estado, por su parte, no tenía ningún programa oficial para Castillo y Dellepiane.
La jueza Inés Villa Bonilla, flamante presidenta de la Corte Antidrogas, también viajó a los EE.UU. el martes 18 por la noche. Ella será recibida por el general (r) Barry MacCaffrey, el zar antidrogas.
En medios judiciales se cree que Dellepiane usará la buena imagen que tiene la jueza Villa para fundamentar su pedido de recursos al Banco Mundial.

EN SUSPENSO

El lunes pasado Moisés Pantoja tenía previsto iniciar un viaje de una semana al centro del país, para visitar varias cortes superiores. Ese mismo día suspendió el viaje y asistió a la Sala Plena, reunión de todos los vocales de la Corte Suprema. Algunos vocales estaban proponiendo que se elabore un pronunciamiento sobre la ley aprobada en el Congreso. Sin embargo, la reunión se suspendió al cabo de unos pocos minutos porque nadie tenía el texto de la norma.
Se citó a nueva reunión para el jueves, aunque algunos temían que para ese día la ley ya hubiera sido promulgada con lo que la Sala Plena estaría fuera de juego.
Aunque algunos magistrados calificaban en privado a la ley como un nuevo golpe de Estado, otros la veían con simpatía. Entre ellos dos de los tres vocales miembros de la Comisión Ejecutiva del PJ, Lino Roncalla Valdivia y Pedro Iberico Mas, que deberían jubilarse este año al cumplir 70 años. Ahora podrán permanecer 5 años más, pues la disposición octava de la ley eleva el techo de los supremos a 75 años de edad. En el mismo caso están los vocales Luis Ortiz Bernardini y Jorge Buendía Gutiérrez.
Algunos supremos confiaban que el presidente Alberto Fujimori no promulgaría la ley. Pero no encontraban el camino para plantear sus objeciones, pues el Presidente no recibe a Moisés Pantoja hace aproximadamente un año. Fujimori se habría disgustado porque Pantoja no pudo controlar a la jueza Antonia Saquicuray que rechazó la Ley de Amnistía -o de impunidad-, por lo que el Congreso tuvo que aprobar otro dispo-sitivo con nombre propio, la `ley Barrios Altos, para impedir que la jueza siga con el proceso al grupo Colina.

REACCIONES ADVERSAS

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) ya estaba con la espada desenvainada por la disposición del Secretario Ejecutivo, José Dellepiane, que prohíbe a los jueces hablar con los abogados.
Un comunicado de la Junta General del CAL dado a publicidad el martes pasado, pide "la renuncia del capitán de fragata AP (r) José Dellepiane, declarándolo persona no grata por su actuación en contra del derecho de defensa y contra los abogados. También censuran a los presidentes de la Corte Suprema y la Corte Superior de Lima, Moisés Pantoja y Marcos Ibazeta, "por su actitud obsecuente y pasiva con las acciones promovidas por la Comisión Ejecutiva" del PJ.
El decano del Colegio de Abogados, Vladimir Paz de la Barra, rechazó la ley porque significa una nueva injerencia del poder político en el PJ. En declaraciones a CARETAS, Paz de la Barra sostuvo que la reforma judicial tiene "un alto contenido autoritario" y que, al igual que las anteriores reformas, incide "solamente en la superficialidad de problema, por lo que en breve estará condenada al fracaso, aun cuando contenga espectaculares medidas administrativas".
Paz de la Barra también advierte que al crearse el Consejo de Coordinación Judicial, se ha introducido un organismo suprainstitucional no previsto en la Constitución, pues constituye un organismo de dirección, administración y control del PJ, el Ministerio Público, el Consejo y la Academia de la Magistratura.
"Si esto se quiso hacer, debió previamente modificarse la Constitución Política. De ahí la inconstitucionalidad de esta ley", añade el decano del CAL.
Finalmente, enfatiza Vladimir Paz de la Barra, "se corre el grave peligro de estar formando jueces sumisos al poder político que desarrollen sus actividades dentro de un obsoleto sistema procesal optimizado con medidas administrativas impuestas autoritaria e inconstitucionalmente. Eso, definitivamente, no es ninguna garantía para nuestra población ni para la sociedad internacional".
Por su parte, fuentes vinculadas al Ministerio Público señalaron también la inconstitucionalidad de la intervención de esa institución, solicitada por la propia Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, nombrada para ese cargo inmediatamente después del golpe del 5 de abril.
Según esas fuentes, la ley viola el artículo 158° de la Constitución que consagra la autonomía del Ministerio Público en los niveles funcional, administrativo, presupuestal y de gobierno.
También señalaron que un Poder Judicial y un Ministerio Público intervenidos por funcionarios designados por el poder político, dejan de ser un elemento equilibrante entre el Poder y la Libertad.