Sumisión Judicial

LA tercera reorganización del Poder Judicial en 4 años fue aprobada al estilo ya característico de este gobierno, entre gallos y media noche, con un proyecto cuyo texto era desconocido para los congresistas hasta el último minuto, incluyendo a los que lo presentaron e intentaron fundamentar.
Una conclusión que salta a la vista, es que las dos reorganizaciones anteriores promovidas por el gobierno resultaron un fracaso, pues ahora ensayan una tercera, más radical que las anteriores.
La primera fue la realizada inmediatamente después del golpe del 5 de abril de 1992. El gobierno destituyó a los magistrados que le vino en gana y puso a los que creyó podían servirlo mejor. Tuvo discrecionalidad absoluta para hacer los cambios que le parecía.
Luego, el CCD producto del golpe, nombró un Tribunal de Honor que evaluó desde 1993 a los jueces, empezando por los de la Corte Suprema, separando algunos y poniendo a otros.
La Constitución de 1993 también creó instituciones que se pusieron en marcha, como el Consejo Nacional de la Magistratura, que debería nombrar y eventualmente destituir a los jueces.
Ahora resulta que de acuerdo al oficialismo nada de eso sirvió para reformar realmente al Poder Judicial.
Una pregunta obvia es, ¿por qué si dos reorganizaciones externas al PJ promovidas por este gobierno fracasaron habría de ser exitosa la tercera? No hay respuesta para esta interrogante.
Los defensores de esta nueva intervención en el PJ sostienen que la solución para la ineficiencia y corrupción de nuestro sistema judicial radica en la gerencia fuerte y la modernización administrativa.
En realidad, el problema principal del PJ es -y ha sido- la dependencia del poder político. Varios libros de Luis Pásara y otros estudiosos de la problemática judicial coinciden en eso.
Mientras el poder político pueda mantener un sistema judicial sumiso y dependiente, será imposible tener una administración de justicia honesta y eficiente.
Un juez que cede a las presiones del gobierno, o se deja comprar por él, también será propenso a venderse a cualquier litigante o abogado dispuesto a corromperlo.
Es claro que si un gobierno quiere controlar el PJ, necesita que los jueces sean corruptos. De esa manera puede chantajearlos y extorsionarlos fácilmente.
Además, un gobierno así no sólo actúa en función de objetivos políticos, sino también de intereses particulares. Es decir, el gobierno necesita que el PJ acepte la ley Cantuta y la ley Barrios Altos. Pero al mismo tiempo, personajes poderosos del gobierno se enriquecen sirviendo de intermediarios y resolviendo casos, con la razón o sin ella, utilizando la influencia que tienen sobre el PJ.
Ese es el problema fundamental, y con la ley que aprobó el Congreso la madrugada del domingo, se refuerza la inestabilidad del PJ y la injerencia gubernamental en él.
El PJ es una pieza importante en el mecanismo de poder de un gobierno autoritario como el actual. Controlándolo tienen garantizada la impunidad, pues ese PJ jamás se atreverá a juzgar y sentenciar a alguien que forme parte de la cúpula gobernante.
Pero también es un arma formidable contra sus adversarios. Cualquiera que se oponga al gobierno es arrojado sin demora a la maquinaria judicial que no tardará en triturarlo, como está ocurriendo con Ricardo Belmont y varios de sus colaboradores.
Y siempre sirve como amenaza, de factor disuasorio, tanto para adversarios como para potenciales disidentes. Aquel que represente un peligro para el gobierno, sabe que corre el riesgo de caer en esa casa de jabonero.
Hasta ahora el gobierno ha logrado su propósito de dominar al PJ y con la nueva ley su control será mayor. El problema es que, como acaba de escribir Carlos Alberto Montaner "no puede haber democracia ni estabilidad ni, por lo tanto, garantía de desarrollo económico sostenido si no existe un fortísimo poder judicial, independiente y honrado" (El Comercio 17.6.96).
"Sin eso agrega el liberal cubano sencillamente estamos sentados en un polvorín mezclado con estercolero, amalgama que cuando estalla suele darle a la onda expansiva una insoportable fetidez de muerte."
Precisa definición olfativa para el futuro que augura esta nueva intervención del Poder Judicial.