Los Peces y los Pasos
Plan de reordenamiento pesquero de la FAO tendría fecha de presentación.
Mientras el primer ministro Alberto Pandolfi realiza verdaderas maromas para dictar reglas equilibradas en el sector pesca, las miradas se encuentran pendientes de las conclusiones de un misterioso informe de la FAO que se viene cocinando desde hace dos años. Desde que en 1992 se restringió el acceso a la captura de anchoveta y sardina la exigencia por nuevas licencias ha convertido al despacho de Pesquería en una olla a presión.
Ministro Alberto Pandolfi: busca equilibrio en el sector.
En medios pesqueros ha trascendido que a mediados de julio Pandolfi presentaría el informe FAO en un foro cerrado que contará con la participación de expertos del Banco Mundial, IMARPE, FAO, Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), los combativos pesqueros de la Región Chavín y los técnicos del equipo de Pandolfi que dirige Oswaldo Hundskopf.
Es decir, entre otros se juntarían para debatir salmones que nadan contra la corriente pulpos, pejerreyes y merlines.
Cuando se promulgó la Ley de Pesca (1992) el ex ministro Jaime Sobero prometió reordenar el sector, sin embargo el D.S. 01-94 PE pateó el problema hacia adelante al disponer que sería la FAO la que presentaría el plan. Y así se marchó dejando la papa caliente a Pandolfi, en especial en lo relativo a la pesca de anchoveta y sardina. En el debate se ha barajado la posibilidad de introducir un sistema de cuotas como existe en Islandia, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Canadá y Alaska (EE.UU.).
El promedio de captura bordea los 10 millones TM. A grosso modo, se puede afirmar que existen alrededor de 650 embarcaciones y que la capacidad de bodega bordea las 150 mil TM.
No hay que ser un genio en números para darse cuenta que sólo alcanza anchoveta para cuatro meses. (R. Hidalgo).
Según datos de la secretaría ejecutiva de la Comisión Hábitat II del ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre los años 1994 y 2000 la demanda anual de viviendas generada por la constitución de nuevas familias, y de acuerdo con la tasa de crecimiento poblacional, es de 696,000. Entre 1981 y 1993 el número de viviendas creció anualmente en aproximadamente 121,000 unidades.
La tasa de participación en la actividad económica de las mujeres latinoamericanas con 13 años de estudios o más es -de acuerdo con Panorama Social 1995, Informe de la CEPAL- más del doble de las que sólo tienen tres o menos años de estudio.
Apenas cuatro días mediaron entre las declaraciones del ministro Jorge Camet sobre el anuncio del levantamiento de la veda a la importación de automóviles usados "nunca compartí la prohibición aunque sí su regulación", declaró y la notoria autoenmienda respecto al mismo tema. Esta última al parecer ha necesitado algun refuerzo, por lo que el lunes 17 nuevamente el ministro declaró que todavía no ha llegado el momento de suspender la prohibición. Hay quienes creen que el levantamiento y las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo para legislar en torno al porvenir de los puertos de Ilo y Matarani, tienen relación directa. Entre tanto, según cifras de ARAPER, entre enero y mayo del año pasado, cuando se podía importar vehículos usados, y el mismo período de este año la venta de autos se incrementó en 1.7%. Según ADIVPER en 1990, antes de la importacion de vehículos usados, sólo el 14% de la población podía adquirir un auto nuevo y el 86% restante debía esperar a que esos autos se hicieran usados para adquirirlos.
Magistrado del TC José García Marcelo y su relación con Vladimiro Montesinos.
EL INDEPENDIENTE
Inmediatamente después de la formación del Tribunal de Garantías Constitucionles, uno de sus flamantes miembros, el doctor José García Marcelo el mismo que sustituyó a Augusto Antonioli en los reparos de la oposición declaró, la mañana del 17 de junio para el noticiario de Cadena Peruana de Noticias, que él es un jurista independiente, que no trabaja para el SIN y que "Conozco al doctor Vladimiro Montesinos hace veintitrés años. La opinión que tengo es que es un hombre inteligente, bueno, probo, muy prudente y que en alguna circustancia ha sido víctima de imputaciones calumniosas. Yo creo, como cree el doctor Enrique Chirinos Soto, que el país le debe mucho a ese hombre con el cual no tengo un trato diario.
¿Por qué los que lo conocemos no podemos decir algo de sus virtudes? No creo que exista en la ley orgánica alguna posibilidad de inhibición, pero garantizo que si hubiera alguna cosa que lesionase el Estado de Derecho, los preceptos constitucionales o el código de valores que contiene la Constitución, yo por mi formación moral no puedo estar ni atado por el poder económico, ni atado por el poder político. Mi formación se inspira en la teología, por lo tanto digo como San Pedro: conviene obedecer a Dios más que a los hombres".
Manuel Moreyra y deuda externa bajo la lupa.
DEUDA POST-BRADY
Sorprendentemente Mario Tovar, vicepresidente del BCR, anunció que según sus registros la deuda externa ascendía hasta la semana pasada a US$ 33,061 millones. La cifra cayó como balde de agua fría en el Palacio de Pizarro. Y es que Alberto Fujimori inició su gobierno con US$ 22,141 millones. Es decir que la deuda externa se ha incrementado aproximadamente en US$ 11,000 millones (50% de crecimiento nada menos). Lo que significa que, pese a la estrategia negociadora de Jorge Camet "con rodilleras" según su asesor Roberto Abusada, entre 1990 y 1995 cada año el monto de la deuda creció en US$ 2,200 millones. En estos años se realizaron verdaderos esfuerzos para cancelar alrededor de US$ 1,000 millones anualmente. Es decir una variante contemporánea del mito de Sísifo.
La semana pasada, al dar a conocer las cifras Tovar, que afortunadamente tenía a su lado al gerente de estudios económicos del BCR, Renzo Rossini, sin embargo no supo explicar cómo es que el ministro Camet dice que la deuda asciende a US$ 27,000 millones.
Con justa razón el ex presidente del BCR, Manuel Moreyra, exige coherencia entre las autoridades en materia económica. No vaya ser que la deuda externa se convierta en sinónimo de las cuentas del gran capitán, sobre todo si se tiene en cuenta que la cifra de US$ 33,061 millones se ha calculado tras los festejos por preacuerdo del plan Brady.
Víctor Joy Way: espera que su proyecto sea atendido por el Ejecutivo.
Una de las facultades solicitadas por el Ejecutivo para legislar es la referida a la modificación de la Ley de Reestructuración Empresarial dictada hace tres años. Dos experiencias saltan a la vista desde entonces:la reestructuración de Saga y de Textil La Unión. La primera tuvo exito con la participación de capitales chilenos. La segunda espera que Indecopi señale una alternativa.
Desde 1990, cuando se aplicaron las reformas económicas, muchas empresas se han declarado en estado de insolvencia o sencillamente cerraron sus puertas.
No hay un número exacto de cuántas empresas tuvieron que usar el cerrojo, pero sí se sabe que 390 acudieron a la Comisión de Acceso y Salida del Mercado del Indecopi. De esa cifra, el 10% logró establecer un plan de reestructuración y están volviendo al mercado. Otro 10% está en proceso de reestructuración.
Textiles como La Unión están en similares apuros.
¿Qué falló en la ley de hace tres años? Para el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Víctor Joy Way, el problema radica en que el Estado, a través de la Sunat, es el mayor acreedor de las empresas. Según sus cifras 1,320 empresas están en estado de insolvencia que involucra a 127 mil trabajadores y deben a la Sunat US$ 6,393 millones.
Que un mayor número de empresas reestructure sus pasivos permitirá lograr, vía mayor recaudación, el superávit primario comprometido con el FMI. Y ayudaría a que el gobierno reduzca los sobrecostos laborales por el aumento de caja fiscal.
Como la propuesta de la Comisión de Economía, existen otras alternativas, entre ellas las de Indecopi y de la SNI.
Se sabe que el ministerio de Industria, al mando de Lilliana Canale, está a punto de culminar lo que será la nueva Ley de Reestructuración Empresarial.
Para el ex presidente de la Comisión de Acceso y Salida al Mercado del Colegio de Abogados, Ricardo Beaumont, las modificaciones deben considerar la flexibilización del sistema financiero, facultando a las empresas insolventes el acceso a crédito de manera coordinada con la SBS.
En todo caso la nueva ley tendrá que eliminar lo que algunos especialistas consideran rigideces de la legislación y falta de consenso.
La propuesta del Congreso plantea entre otros mecanismos una valorización de los activos fijos de la empresa y la emisión de nuevas acciones. En caso de que el programa no funcione se liquidará la empresa.
La capitalización, descartada de plano por Alberto Pandolfi, es otra de las propuestas. Permitiría al Estado la conversión de sus activos ilíquidos en líquidos. La capitalización será aplicable a deudas tributarias emitiendo acciones a nombre de un banco fiduciario.
Esta alternativa coincide con la de la SNI. Así el Estado podría recuperar entre el 60 y 70% de las deuda de las empresas con la Sunat, según el presidente de ese gremio, Eduardo Farah. Sobre esta base se establecería la nueva Ley de Promoción del Empleo, Reactivación Empresarial y Privatización de Activos Financieros del Estado.