Aló Defensor
Enérgica y oportuna acción de Jorge Santistevan.

Silencio de los inocentes Mientras Defensor Jorge Santistevan, sacaba la cara por los frustrados accionistas, Beatriz Boza de Indecopi y Alfonso Bustamante de la Asociación de Bancos guardan prudentísimo silencio.

La intervención del Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, en el caso de las acciones de la Telefónica, sorprendió a muchos, que no esperaban que el flamante Defensor asumiera un problema de esa naturaleza. Pero la verdad es que dió en el blanco, porque el asunto de la Telefónica ha involucrado directamente a más de un cuarto de millón de personas y ha sido la comidilla de los medios de comunicación durante varios días. Y -más importante-, existe practicamente unanimidad en reclamar por el derecho de los peruanos a adquirir las acciones que compraron.

LA reacción de Jorge Santistevan fue inmediata y oportuna, al sacar la cara por la gente que compró papeles de la Telefónica y vio frustradas sus expectativas cuando el número de acciones distribuidas internamente se redujo a la mitad.
Después de reunirse con representantes de Copri y la Cepri de Participación Ciudadana, Santistevan emitió un pronunciamiento en el que pedía al gobierno que destine un monto suficiente de la propiedad de acciones que el Estado se ha reservado en Telefónica del Perú para atender las expectativas de todos los inversionistas locales. Señaló que ésto es necesario para mantener la confianza en la Participacion Ciudadana.
El Defensor hizo público su pronunciamiento, al día siguiente de terminado el Foro Internacional Defensoría del Pueblo, realizado en Lima el 1 y 2 de julio, que permitió recoger la experiencia de 6 instituciones de ese tipo que actúan en Latinoamérica y España. El evento, organizado por la Comisión Andina de Juristas y la Defensoría peruana reunió a los defensores de Argentina, Costa Rica, El Salvador, España, Honduras y México.
A lo largo de las dos sesiones se trataron temas como las funciones, problemas y experiencias de las defensorías de otros países. En algunos casos, las quejas de los usuarios de servicios públicos representan la mayor carga de demandas de los Defensores.

HABLAN LOS DEFENSORES

La existencia de las defensorías del pueblo es relativamente nueva en Latinoamérica, pero muchas ya están funcionando con éxito. En el caso de Argentina, la mayor cantidad de reclamos presentados a la defensoría son por servicios: "El 50.5% son quejas por mala prestación de servicios públicos, 26.6% en demora de trámites, como jubilación, 8% por servicios de salud y por último los problemas de medio ambiente y lentitud en los trámites judiciales. Los derechos humanos abarcan un 6% y se ven por intervenciones de oficio'', afirma Jorge Luis Maiorano, Defensor de Argentina.

Defensora española Margarita Retuerto.

"Asimismo, los procesos de liberalización de la economía fortalecen las macroeconomías, pero debilitan -cuando no destruyen- a las microeconomías, a las familias, los profesionales y las pequeñas empresas. Nosotros defendemos a los usuarios del abuso al que los someten algunas veces las empresas monopólicas, producto de la privatización. A veces se aprovechan de esto a espaldas o en complicidad del Estado. Nosotros hemos interpuesto ya varias acciones judiciales contra la Telefónica por el aumento en sus tarifas y les hemos ganado".
La defensoría de Costa Rica se estableció el 23 de marzo de 1993 y cuenta con una absoluta independencia del Estado, según afirma el defensor costarricense, Rodrigo Carazo. El aspecto más tratado por su despacho es la falta de atención a los habitantes por parte del Estado: "Lo más frecuente es que alguien llegue a quejarse de que no le atendieron, fue mal recibido o no se le contestó. La omisión de respuesta constituye una violación a un derecho fundamental del ciudadano y nosotros nos encargamos de que el Estado tenga la mínima decencia en contestarle."

Jorge L. Maiorano, de Argentina, problemas con la Telefónica. (Derecha) Costarricense Rodrigo Carazo.

En Costa Rica, los derechos humanos se ven afectados por la mala distribución de la riqueza. "Por este motivo -dice Carazo- siempre se tiene el germen de violación al derecho a la vida, salud, y vivienda, además de las flagrantes violaciones que se dan en el sistema penitenciario. El Defensor del Pueblo debe estar muy cerca de la gente, a través de los medios de comunicación y el contacto directo. No debe trabajar desde el escritorio, hay que preguntarle a la gente dónde aprieta el zapato."
CARETAS preguntó a Margarita Retuerto, defensora adjunta de España, acerca de la posición de su defensoría ante la impunidad de los paramilitares que asesinan a los miembros de la ETA, grupo terrorista español, dado que la defensoría en ese país ha jugado un papel relevante en ese tema.
"La posición es de condena rotunda al terrorismo, y de utilización de todos los métodos que en derecho se permiten para la lucha contra el terrorismo. Lo más eficaz para esto es la Justicia en la medida en que son los jueces los que tienen que determinar la imputabilidad de ciertas condenas, pero al mismo tiempo recibir la decidida cooperación policial y material. Esa es la única forma para combatir al terrorismo", dice Retuerto. Entre las principales quejas recibidas por la defensoría española se encuentran aquellas por retrasos en la administración de justicia, falta de información de las administraciones públicas y problemas relacionados con las prestaciones de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Empleo. (C.L.)