Reestructuración empresarial
Escaramuzas y Requiebros
El debate entre empresarios y el gobierno recién comienza pero más que un juego de posiciones, lo que se busca es una fórmula eficaz para sacar a las empresas de un peligroso y alarmante atolladero.
El ministro Jorge Camet mostró excelente humor durante ceremonia de instalación del Tribunal Fiscal. Los requiebros de las damas le hicieron recordar que las tentaciones de facilidades tributarias están a la orden del día.
Hugo Sologuren, de la Cámara de Comercio de Lima: voz de alerta que se suma a otras de la cúpula empresarial.
No se avecina una guerra, pero el debate sobre cómo hacer para aligerar el peso que acogota a las empresas peruanas es crucial para el conjunto de la economía y para las relaciones entre el Estado y los empresarios. Se han planteado comparaciones entre el manejo de la deuda externa y la deuda tributaria y, con imaginación, se propone ahora un Plan Brady cholo que ayude a las empresas a cumplir con sus obligaciones sin el expediente del suicidio o la flagelación. Razones de ambas partes forman un intrincado mosaico económico que hay que apreciar en su magnitud y trascendencia. A continuación los primeros elementos de una confrontación que tiene para largo.
"No somos duros. Patear una deuda tributaria a 20 años, comprometiendo a 3 futuros gobiernos, es exagerado. Tenemos que saber a ciencia cierta ¿quiénes y cuántos son los deudores? y ¿desde cuando deben, de qué tipo de deuda con el Estado estamos hablando?".
Eduardo Farah de la SNI: rompió fuegos contra la SUNAT. Lilliana Canale, ministra de Industria, no suelta prenda pero pide tranquilidad.
El interlocutor, una alta fuente gubernamental ligada al MEF, que pidió se le mantuviera en el anonimato, responde de este modo a las preguntas sobre lo que el gobierno se propone hacer en materia de reestructuración empresarial.
El tema ha estado presente en todos los corrillos económicos, empresariales y políticos. El marco previo al debate, señala que la crisis de las empresas no sólo lleva a avizorar un horizonte peligroso (Hugo Sologuren de la Cámara de Comercio dio la voz de alarma al decir que el 60% de las empresas locales están técnicamente quebradas), sino que es preciso preguntarse si el actual modelo económico puede funcionar con una creciente debilidad empresarial.
Lanzada por el propio Presidente Alberto Fujimori en el mensaje de Fiestas Patrias, la reestructuración empresarial alcanzó su clímax el pasado 8 de agosto en la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, durante un simposio en el que intervinieron Jorge Picasso, de la Confiep, Eduardo Farah de la Sociedad Nacional de Industrias y la titular de Industrias, Lilliana Canale.
Adrián Revilla de la SUNAT también fue invitado pero por razones de trabajo delegó en el gerente de Estudios Económicos de la entidad, José Arista. Se planteó un malentendido al que el propio Farah contribuyó al pedir en el foro que Revilla " no se encierre en su despacho". El jefe de la Sunat ha aclarado luego que él se excusó a tiempo, que propuso un sustituto y que le respondieron que si no era una persona de su nivel "no recibimos a nadie".
En esa ocasión los empresarios plantearon directamente que el gobierno debería dar a conocer -mediante una prepublicación- las dos normas de reestructuración empresarial que se vienen cocinando en INDECOPI y en la SUNAT.
El pedido de Picasso y Farah parecía razonable, pues un diálogo abierto podría ayudar a que las leyes fueran "claras, sencillas" y consensuales.
Los dirigentes empresariales Jorge Picasso, de la Confiep, y Enrique Pendavis, de ADEX, han señalado continuamente que la situación de las empresas es crítica y que se precisa una convergencia entre el gobierno y las fuerzas productivas. Apoyan que se conozcan con antelación las leyes de reestructuración empresarial.
El símil de Farah -"¿Por qué los peruanos no tenemos derecho a pedir una reestructuración de la deuda a diez años, si el Perú ha conseguido 20 años en el Club de París?- sucesivamente reiterado por Picasso y Hugo Sologuren (ver entrevista) de la Cámara de Comercio ha resultado un afortunado estribillo.
El gobierno, sin embargo, se resiste a esta prepublicación. Todavía no tiene la ley lista pero, además, lo que se debatiría no son teorías sino dinero contante y sonante y cualquier acuerdo puede ser tildado de mercantilista o de juego de influencias bajo la mesa.
LAS LEYES
El asunto no es nada sencillo. Evidentemente todos coinciden en que la situación difícil por la que atraviesan las empresas en el Perú no puede continuar sin una flexibilización del Estado respecto a la deuda tributaria.
Adrián Revilla, el hombre fuerte de la Sunat, señala que en el conjunto de las empresas del país (500 mil), la crisis de 400 es severa pero no pasan de ser un 1%. Recomienda estudiar caso por caso.
Se trata de dos leyes distintas. La primera busca mejorar el Decreto Legislativo N° 26116 que creaba una nueva instancia para evitar la quiebra inmediata de las empresas. Ese decreto tiene casi 3 años de existencia y hasta el momento ha recibido casi 400 solicitudes que no son un número desdeñable.
Según Sologuren, sin embargo, muchas empresas no se animan a presentarse a Indecopi porque el trámite y calificación demora demasiado. Es más, en la junta de acreedores que se convoca para cada empresa, el Estado a veces no ha tenido la ductilidad y la prontitud que los empresarios -acogotados por la crisis- reclaman.
La Sunat ha aparecido -según empresarios críticos- como inflexible. Una fuente de la entidad indica, sin embargo, que en el conjunto de las empresas del país (500 mil), 400 son un porcentaje menor ("no son ni el 1%").
Por otro lado, dicen en la SUNAT, cada caso supone una situación tributaria sui géneris. Una cosa es, por ejemplo, no pagar a tiempo el impuesto a la renta sobre las utilidades y otra cosa es retener indebidamente el IGV.
La segunda ley es la que tendrá que decidir cómo reestructurar los pasivos de las empresas con el Estado. Es decir, la carne y cómo cortarla.
Todo parece indicar que el gobierno se inclina por aceptar únicamente las deudas tributarias y afines (Sunat, Sunad, IPSS y Fonavi). En cambio, los empresarios que han visto que la puerta se entreabre hablan de hasta tres tipos de deuda que deberían tener modalidades más blandas de cobranza.
Un ex gerente general de la SNI señala que debería incluirse, además de la tributaria, la deuda de origen financiero (a los ex bancos de fomento, a los bancos estatales quebrados, la del Banco Continental) y la deuda con las empresas del Estado (deudas con Enci, Ecasa, Minpeco, MineroPerú).
Fritz DuBois, uno de los asesores del MEF, adelantó que esta propuesta va demasiado lejos. "Tendría corte mercantilista".
Para los empresarios el hueso más duro de roer es la deuda tributaria y sus altos intereses. Sologuren lo ha mencionado dramáticamente: 1 millón de dólares de deuda en 1990 ahora superaría los 40 millones por los intereses, moras, multas, acotaciones, etc.
Para Hernán Garrido Lecca, presidente de Norandina Financiera, el sistema de intereses y multas de la SUNAT "es anacrónico ya que ha sido diseñado bajo el fantasma de la hiperinflación. Sobreprotege al Estado con moras y multas que llegan al 55% anual. ¿Qué banco cobra tanto?", se pregunta.
LA SUNAT CONTRATACA
Consultados los técnicos de la SUNAT sobre las cifras dadas por Sologuren, ellos aceptan que en un mero ejercicio aritmético hasta podría haberse quedado corto el presidente de la Cámara de Comercio.
Pero, en principio, nadie debería tener una deuda tan antigua, pues en 1992 la Sunat estableció un programa de fraccionamiento para que la deuda fuese manejable y no una abrumadora bola de nieve. (Ese es el famoso BERT, que estableció 5 años y tasas de interés menores a las del sistema financiero. Ver cuadro).
A pesar de que las tasas de interés han ido cayendo desde 1993, sólo el 35% de las empresas con deudas tributarias superiores a los 220,000 nuevos soles siguen en la brega.
Un gerente de la SUNAT añade: "El empresario que no entró o estaba en las nubes o lo hizo con la esperanza de que obtendría una amnistía tributaria, como tantas otras veces ocurrió en el pasado. Pero, se quemó, porque ahora sí la amnistía es una palabra impronunciable".
Y respecto al cálculo de Sologuren replica: la deuda a lo más debería ser a partir de enero de 1993 y así, quien en esa fecha debía un millón de soles, hoy tendría una deuda de máximo 3.65 millones. En el sistema financiero esa misma deuda se multiplicaría hasta por un 20% si es un afortunado cliente al que le acotan anualmente y no mensualmente como se estila".
¿QUE HACER?
El MEF aunque no lo acepte está implícitamente reconociendo que no se puede en materia de deuda e intereses ser draconiano. Pero quiere que no se dramatice demasiado. "¿De cuánto estamos hablando?", se pregunta la alta fuente. Los 6 mil millones de dólares que se han mencionado en los ambientes empresariales, según las cifras del MEF se reducen a sólo unos 1,500 millones de soles de deuda estrictamente tributaria. Es mucho, cierto, pero no es descomunal.
Hernán Garrido Lecca pide un Plan Brady que sea un menú con varias alternativas para redimir la deuda tributaria.
"Hay que buscar el equilibrio entre la justicia y la necesidad" dice en tono casi bíblico la alta fuente del MEF. "No vaya a ser que la tasa de interés sea tan baja que algún mal empresario pueda financiar su empresa quedándose con el IGV. Lo deposita en el banco, gana intereses más altos y paga tarde, mal y nunca con cómodos intereses. Negocio redondo y sacada de vuelta al fisco".
La reflexión de la fuente del MEF va más allá: "Supongamos que la empresa no puede otorgar las garantías que se exigen ahora pues está en agudos problemas. Reconocemos que hay que dar facilidades. ¿Por qué los accionistas no dan algún tipo de garantía de su patrimonio personal? Sería una señal franca de que están comprometidos con un plan de reestructuración? Por otro lado, si están mal, por favor, no repartan utilidades y dividendos. Hay casos de Ripley. La empresa parece estar al borde de la quiebra, pero sus propietarios tienen Mercedes y siguen adquiriendo activos. Así, no pueden pedir que se suprima el impuesto mínimo a la renta".
A propósito de este punto, en el Poder Judicial ya habría sentencias favorables a una veintena de recursos de amparo contra este impuesto. La Corte Superior sentenció a favor la semana pasada de una empresa que demostró que en el ejercicio fiscal de 199l había arrojado pérdidas y que, por lo tanto, la cobranza del IMR era confiscatoria.
Según el tributarista Guillermo Grellaud, que siguió el caso de 17 empresas que en 199l presentaron un recurso de amparo similar, ganándolo el año pasado en la Corte Suprema, ya se ha sentado jurisprudencia. Ahora su estudio sigue el caso de una treintena de empresas.
EL MEF, por su parte, apresta baterías para apelar en todos estos casos e instancias.
PLAN DE PLANES
El estribillo de Farah también ha tenido la virtud de producir otra extrapolación entre deuda externa y deuda empresarial. 10 años de plazo, la mitad que el Club de París, y una imaginativa reestructuración de la deuda tipo Plan Brady. Incluso hasta ya tiene su propio apodo: "el Brady cholo".
Según Hernán Garrido Lecca, este plan debería ofrecer un menú de alternativas para diversificar las posibilidades de pago. La cobranza no debería ser líneal sino progresiva en el tiempo. Se empezaría con cuotas relativamente pequeñas que se incrementen luego de que las empresas hayan tomado aire.
Respecto a las garantías exigibles a las empresas, y dado que no todas están en condiciones de ofrecerlas, el gobierno podría emitir Bonos-Cupón Cero del Tesoro, negociables en la Bolsa de Valores y redimibles en x cantidad de años.
Un ex gerente general de la SNI propone, en cambio, que el Brady cholo dolarice la deuda y la recalcule con intereses más blandos. Esta deuda ya recalculada debería negociarse luego en un mercado secundario, en el que los bancos tendrían un papel protagónico. En otras palabras, mediante un dinamismo financiero nuevo, se crean espacios de negociación distintos. "Es lo que está pasando, por ejemplo, con las cooperativas azucareras. Claro, no habría condonación de por medio, sino justicia y un entorno diferente, reactivador".
Otro criterio que el gobierno estaría barajando es un trato diferenciado en función de los volúmenes de deuda. Así, la ministra Lilliana Canale, ha planteado un procedimiento automático para las empresas cuyas deudas sean menores de 220 UIT (440 mil nuevos soles). Estas tendrían una reprogramación inmediata. Las empresas con deudas mayores sí serían objeto de calificación y estudio pormenorizado, como también lo ha explicitado el ex titular de Trabajo, Sandro Fuentes.
Para algunos empresarios, sin embargo, estas hipótesis no van al centro del problema. "Lo importante es si la empresa puede o no caminar, si los flujos de caja, si las expectativas de venta, si la conquista de nuevos mercados son factibles. El tamaño de la deuda no importa.Importa la viabilidad. ¿Cómo explicar que Muebles 501, Prolacsur, con alta tecnología, o Josfel, una de las más grandes productoras de luminarias, estén en problemas?".
Otro caso para meditar es Interdenim, que fue construida en 1991 para fabricar tela de denim de algodón para exportar (la tela de los famosos pantalones jean). Guillermo de Vivanco sostiene que se invirtió US$ 20 millones constituyéndose como una de las 10 empresas textileras más importantes, sin embargo, en enero de este año ingresó a un proceso de reestructuración al haber acumulado deudas por US$ 13 millones.
En 1995 los costos financieros bordearon los US$ 5.5 millones originando una pérdida de US$ 1.4 millones. Para aflojar el dogal tributario De Vivanco plantea que esta deuda se puede canjear con letras a descontar a través del Banco de la Nación, como lo hace la banca comercial con el pago de tributos.
Al igual que Garrido Lecca, De Vivanco sostiene que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) debe aflojar las provisiones que está exigiendo a la banca por su cartera de préstamos. Empero, el celo actual de la SBS se debe al derrumbe como castillo de naipes de muchos bancos en los estertores de la hiperinflación.
Ni Fuete, Ni Pistola
Dirigente Hugo Sologuren se ratifica en que el 60 por ciento de las empresas están técnicamente quebradas.