Controversias

Por FERNANDO ROSPIGLIOSI

Inocentes con Rostro
LA aprobación de una ley que permitirá liberar a inocentes condenados o procesados por terrorismo, es un paso importante para empezar a reparar gravísimos errores cometidos en los últimos cuatro años. Después de un largo período de lenidad judicial, en que se absolvía a terroristas confesos -o se les aplicaba penas irrisorias-, se pasó en 1992 al extremo opuesto, estableciendo el aberrante sistema de los jueces sin rostro que han condenado casi indiscriminadamente a culpables e inocentes.
Como dijo Jose Antonio Martín, magistrado del Tribunal Supremo de España en reciente visita a Lima con una delegación de Amnistía Internacional, este mecanismo tiene dos grandes defectos. Uno, que el acusado no sabe quién lo está juzgando, y por tanto no puede recusarlo. Dos, que el juicio es secreto, violando un principio elemental de la justicia contemporánea, que es la publicidad del proceso.
Precisamente en la presentación del informe de Amnistía Internacional "Perú, los presos inocentes" realizada en mayo pasado, el abogado José Ugaz relató historias impresionantes de como en los juicios por terrorismo el acusado y su abogado hablaban ante un vidrio oscurecido, detrás del cual, se suponía, estaban los jueces. El caso es que en oportunidades los magistrados ni siquiera asistían al juicio, haciéndose representar por sus secretarios. Después, escudados en el anonimato, firmaban las sentencias, casi siempre condenatorias.
Uno de los pocos casos en que se hizo justicia, fue el de Miguel Ruiz Conejo, detenido el mismo día que Abimael Guzmán y sentenciado sumariamente por un tribunal sin rostro, sin darle oportunidad de defenderse. Ruiz Conejo fue liberado después que organismos de derechos humanos y medios de prensa independientes expusieran su caso reiteradamente.
La ley que crea una Comisión que propondrá al Presidente de la República una relación de presos que deberían ser indultados, posibilitará una solución relativamente rápida a los errores cometidos. El proyecto establece un plazo de seis meses prorrogable por un período igual. Es decir, un año. No está claro si es al terminar ese plazo que el Presidente procederá a indultar a los injustamente condenados o lo irá haciendo progresivamente.
La conformación de la Comisión es razonable. El Ejecutivo tiene dos representantes, el Ministro de Justicia y un delegado del Presidente de la República. Este último, el padre Hubert Lamssiers, es la mejor persona que pudo haberse nominado para ese cargo. El Defensor del Pueblo, que la presidirá, goza también de la confianza y el respaldo de la ciudadanía.
Aunque no está precisado, se supone que la Comisión deberá tener consenso para proponer el indulto. En otras palabras, cada uno de sus miembros tendrá derecho de veto. Esto podría constituir una seria limitación, por lo que sería conveniente que se conozcan los casos en que se rechazan los indultos, quien o quienes se opusieron y por qué razones. La publicidad ayudaría a hacer más transparente el proceso de toma de decisiones.
Lo que constituye una incongruencia es asignar a la Defensoría del Pueblo, institución de presupuesto y recursos magros, la tarea de proporcionar la infraestructura a la Comisión, aunque para ello se le faculte a celebrar convenios con organismos de cooperación nacionales e internacionales.
En realidad, se pretende que sean agencias extranjeras, preocupadas por la defensa de los derechos humanos, las que corran con los gastos. Eso probablemente se pueda conseguir, pero debería ser el Estado peruano el que asuma los costos de reparar sus errores.
Lo que constituye un disparate es la pretensión de prorrogar la vigencia de los jueces sin rostro, cuando es precisamente ese sistema el que ha posibilitado la enorme cantidad de errores que ha llevado a varios centenares -quizás mil- inocentes a la cárcel.
La reorganización de Sendero Luminoso es el pretexto de quienes plantean continuar con ese mecanismo, como si fuera la violación de las normas del debido proceso lo que posibilitó la derrota del terrorismo. Si así hubiera sido, ¿cómo se explica que SL se esté recomponiendo?
Ahora existe una excelente oportunidad para poner en práctica una justicia severa pero razonable para juzgar terroristas: tribunales civiles especializados, con rostro y con las debidas garantías. Así como se ha formado la Corte Antidrogas que dirige Inés Villa Bonilla, es perfectamente factible constituir una Corte Antiterrorista con magistrados dedicados en exclusividad al tema. Jueces de calidad, que fueron separados abruptamente de la carrera, como César San Martín, podrían ser llamados para esa difícil pero indispensable tarea.