En Pie de Guerra
El Congreso Extraordinario de AMPE en Huamanga y el endurecimiento de su presidente, Luis Guerrero.

Luis Guerrero de AMPE amenaza con desenterrar el hacha de guerra ante presión edil.

Los alcaldes y representantes municipales asistentes al Congreso Extraordinario del AMPE en Ayacucho se quedaron de una pieza cuando el presidente del organismo y alcalde de Cajamarca, Luis Guerrero, no mencionó una palabra sobre el canon minero a la ministra Elsa Carrera, quien viajó a la inauguración del evento.
En el coctel que siguió a la ceremonia muchos de los 394 asistentes le reclamaron vivamente su actitud pasiva. "Fue por cortesía que no dije nada", explicó. Y ante tanto reclamo decidió buscar a la ministra.
Muy tarde. Ya se había marchado en el avión privado en el que había llegado a Huamanga.
A medida que avanzó el evento, Guerrero tuvo que tomar la firme determinación de hacer honor al apellido.
El Congreso, denominado "Por la Paz y la Descentralización", se desarrolló en un viejo auditorio situado al costado de la municipalidad de Huamanga. No asistieron los alcaldes de Arequipa, Roger Cáceres Pérez, Tacna, Tito Chocano, y Huancayo, Pedro Morales, la representante departamental de Lima y alcaldesa de Chaclacayo, Delia Vergara. Ninguna de estas ausencias, sin embargo, llamó tanto la atención como la del presidente de la Comisión de Descentralización, Samuel Matsuda, la semana pasada anunció la aprobación de la Ley Marco de Descentralización (CARETAS 1428).
El dilatado rol de oradores y sus no menos extensos requerimientos pusieron a prueba a Guerrero, quien inicialmente trató de reducir las intervenciones de los alcaldes. Una encendida protesta lo obligó a darles la palabra a todos.
Para el sábado, Guerrero ya se asemejaba a "Toro Sentado". Fue entonces que el alcalde de Miraflores, Fernando Andrade presentó una moción solicitando al Ejecutivo y al Congreso la modificación del D.L. 839. Hubo aprobación unánime.
En este clima de inquietud y malestar, que ya se venia prefigurando en los congresos regionales (CARETAS 1422) se aprobó solicitar la autonomía política de los alcaldes para su protección de la responsabilidad civil o penal derivada en casos fortuitos como el ocurrido en Arequipa. Asímismo, que las municipalidades provinciales y distritales asignen y transfieran oportunamente recursos del Fondo de Compensación Municipal a las municipalidades delegadas y centros poblados menores.
Pero la decision más comentada ha sido la amenaza de enjuiciar al ministro de Economía, Jorge Camet, por no cumplir con el pago del canon minero, impago desde 1992 y que asciende a S/. 400 millones. Guerrero, quien el lunes 26 se entrevistó con Matsuda durante cerca de media hora antes de la sesión de la Comisión de Descentralización, ha declarado además no ser incondicional de ninguna persona y menos del gobierno.

En el Perú el sector Transportes es responsable del 36.9% de las emisiones de monóxido de carbono provenientes del sector energético señalan datos del Centro de Investigación para el Medio Ambiente y el Desarrollo que con la revista Proceso Económico organizó el seminario internacional Transporte y Medio Ambiente la semana pasada. Del porcentaje señalado 45.6% corresponde a gasolina, 43.9% al diesel y la diferencia al residual, al jet fuel y a los lubricantes.

El paro nacional que -según ha anunciado la CGTP- será convocado en las próximas semanas, será el decimosétimo que se realiza desde julio de 1977. Los últimos paros nacionales se realizaron en enero, julio, octubre y diciembre de 1988 y agosto de 1990.

Cervesur, operador de Pepsi Cola en Arequipa y una empresa extranjera del ramo al parecer se cuentan entre los postores de la Compañía Embotelladora El Pacífico S.A. (CEPSA, fabricante de Pepsi Cola, Kola Inglesa y San Luis) que el grupo Heredia ha decidido traspasar de manos ante las exigencias de Pepsico Int. y de los bancos nacionales acreedores de CEPSA. El precio bordea los US$ 60 millones, de los cuales parte importante iría a manos de los bancos mientras que el resto de la deuda sería refinanciada con garantías del nuevo propietario. Pespico Int. estaría solicitando a los postores US$ 4 millones los que sumados a igual suma que aportaría ésta constituirían el presupuesto para el relanzamiento de Pepsi Cola en el Perú en la campaña primavera-verano, la de más alto consumo de bebidas gaseosas. El plazo para seleccionar, calificar y aprobar al nuevo operador, tareas para las que ha sido contratada la firma Morgan Grenfeld vence el jueves 31 de octubre. La pregunta que muchos inversionistas se hacen es si la acción seguirá el ritmo de la semana pasada, cuando en sólo 4 días pasó de S/. 0.95 a S/. 1.19. Se estaría repitiendo pues fenómeno similar al ocurrido con el Banco de Comercio, cuyas acciones pasaron de S/. 0.45 a 1.30 en apenas un mes, tras conocerse el ingreso de inversionistas extranjeros.

VOZ CANTANTE

Ministro Jorge González Izquierdo: aclaraciones oportunas.

Esta semana el ministro de Trabajo, Jorge González Izquierdo, aclaró en inmejorable caja de resonancia: la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, asuntos relacionados con los llamados sobrecostos laborales ("no hay nada que reducir ni eliminar"), y la ampliación del límite de edad del Programa de Formación Juvenil ("haré todo lo que esté a mi alcance para evitarlo"). Las precisiones podrían interpretarse como una manera de imponer tranquilidad en un horizonte laboral en el que en lontananza se perfila la convocatoria a un paro nacional. Sus declaraciones, en todo caso, le han valido el mote de "guitarrón". El aporte es del empresario y ex senador Ricardo Vega Llona quien, aludiendo a las opiniones del ministro antes de asumir el cargo, según su entender define así la coherencia de determinados propósitos de la política del sector.

BOSQUES Y ASTILLAS

Fernando Razzeto de la Camara Forestal: la reforestacion bajo lupa.

Aunque existe coincidencia con el gobierno respecto a la preocupación de la conservación de los ecosistemas de bosques de la selva peruana, la publicación del Decreto Supremo 013-AG que suspende los contratos de extracción forestal en cuencas y bosques ha sorprendido a la Cámara Nacional Forestal. Su presidente, Fernando Razzeto, señala que las normas dictadas no enfrentan la deforestación que ocasionan los agricultores al desmontar los bosques para producción agropecuaria. Razzeto cree que el problema podría atribuirse a la deficiente aplicación del Canon de Reforestación cuyos fondos provienen de los pagos que hacen los madereros al Estado por retirar la madera y reforestar.
Al respecto causa preocupación en medios madereros la idoneidad de Olga Ríos del Aguila, actual titular de la Dirección Regional de Agricultura y del Comité de Reforestación de Ucayali, quien tiene bajo su responsabilidad el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el dispositivo señalado. La funcionaria tiene en su haber diversas denuncias que la responsabilizan de contratos irregulares para explotación maderera (CARETAS 1413) y malos manejos de los fondos del Comité de Reforestación (CARETAS 1415). A principios de mes, de manera insólita la Sala Mixta de Pucallpa revocó una orden de detención en su contra ordenada por el juez del Segundo Juzgado Penal de Coronel Portillo, Víctor Barrera, por peculado, malversación de fondos, concusión y fraude en la administración de personas jurídicas en su condición de presidenta del Comité de Reforestación. La jurisdicción de dicho Comité corresponde, por cierto, a la zona donde se concentra alrededor del 50% de la actividad maderable.

Paso al Frente
Las novedades del MEF en el proyecto de Reestructuración Patrimonial.

Hugo Sologuren: encuentro con Camet.

Tras una semana de requiebros entre el empresariado y el gobierno, el viernes pasado el titular del MEF, Jorge Camet, invitó al presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Hugo Sologuren, a una reunión con café y pastelillos en la sede ministerial.
La reunión fue informal: se reunieron en privado dejando fuera estadísticas, análisis empresariales, asesores y técnicos. A lo largo de una hora y cincuenta minutos, durante los cuales Camet habló de los proyectos en apoyo al sector empresarial.
La cita fue el preludio de la publicación del proyecto de Ley de Reestructuración Patrimonial el domingo 24, en el que se recogen algunas propuestas del empresariado.
Existen sin embargo aspectos respecto a los cuales el gobierno tendrá que tomar cartas en el asunto, como por ejemplo la reducción de los aportes al Fonavi, el Impuesto Mínimo a la Renta y el pago adelantado del Impuesto General a las Ventas.
Pero también hay empresarios a los que sin duda les va bien y cuyas acreencias al Estado y al sector privado no son significativas. Entre ellos hay quienes consideran que las alternativas planteadas para la reestructuración patrimonial podrían constituir una suerte de régimen de excepción. Eduardo Farah, el titular de la SNI, se ha referido a tales opiniones invocando a una suerte de solidaridad gremial.
En todo caso, un analista empresarial señala la Ley de Reestructuración es sólo un paliativo y advierte sobre la necesidad de que se adopten medidas complementarias para evitar casos como el de Textiles La Unión, que tras una primera reestructuración en 1993, acudió el año pasado por segunda vez a la comisión de Salida del Mercado del Colegio de Abogados de Lima.
Por su parte, Sologuren espera un franco compromiso del gobierno asi como la adopción de medidas complementarias como la promoción de las exportaciones y el impulso al aparato productivo. Lo cierto es que las novedades de la Ley de Reestructuración empiezan con el nombre: incluye el término patrimonial, con lo cual se podrán declarar en estado de insolvencia también a las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividad empresarial. Los otros cambios, además de los anunciados por el presidente Alberto Fujimori, se refieren al orden de preferencia en el pago de las acreencias: ahora tienen prioridad los trabajadores y los aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones, a la suspensión de embargos a las empresas declaradas insolventes en proceso de reestructuración y otros especificados en los 145 artículos.
El jurista Ricardo Beamount, integrante de la Comisión que se encarga de redactar el Nuevo Código de Comercio, señala que la futura Ley de Reestructuración debería mantener las entidades delegadas para los procedimientos de insolvencia como el Colegio de Abogados y la Comisión de Calificación Empresarial del Colegio de Contadores y la Comisión de Salida del Mercado del Indecopi.
Actualmente existen 1,700 empresas en estado de insolvencia, de las cuales 400 están en proceso de reestructuración empresarial. Entre éstas últimas se menciona al Grupo Comercial Saldaña, El Tigre, Molinera Iquitos, Plásticos El Pacífico S.A., Compañía Minera Santo Toribio.
Lo que queda pendiente ahora, y que proporcionará el verdadero alcance al proyecto de Ley es el reglamento de la misma y la indispensable norma de Fraccionamiento Tributario. Este último indispensable para regular los montos de las deudas y las fechas a partir de las cuales se aplicarán los nuevos cálculos.