JNE VERSUS "CORDEROS".

"Así nadie podrá decir que Fujimori fue el causante y el suscriptor de un nuevo legicidio", añade una fuente del oficialismo.
Que la mayoría parlamentaria puede hacer lo que le venga en gana ya no es novedad. Comete habitualmente -como lo ha dicho Enrique Chirinos Soto- "errores de niño de pecho". Ello no exime al régimen de las consecuencias políticas que comporta este continuo avasallamiento de la Constitución, las instituciones y la opinión pública.
El semanario Der Spiegel titula la nota sobre Fujimori con un elocuente e irónico: "TODOS MIS CORDEROS".Lo presentan como un dictador benevolente que hace obras en las provincias, pero no dejan de criticar la interferencia del Ejecutivo en todos los otros poderes, la corrupción del narcotráfico y la defensa de Vladimiro Montesinos y algunos militares inculpados.
La resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de admitir la solicitud del Foro Democrático para la venta de planillones a fin de recolectar el 10% de las firmas requeridas (1'200,000 ) provocó una reacción en cadena en los parlamentarios oficialistas.
Se dice que el más furibundo fue Carlos Torres y Torres Lara. Y es que, en el fondo, él es el responsable de la "operación reelección" y se ha dado el lujo de marchar a China en un periplo que casi duró un mes. Habría mediado una reprimenda presidencial por tanta afición asiática.
Torres dejó a Ricardo Marcenaro que, con brillantez característica, complicó las cosas, dándole un espacio a la oposición.
Sin embargo, no se cumplieron las cosas como preveía la oposición. No se defenestró al JNE, no se insistió en amenazas para que algún miembro renunciara y se fraguó una astuta maniobra legalista. Simplemente se eliminó un inciso del artículo 39 de la Ley de Participación Ciudadana que norma el referéndum referente a que era posible mediante éste desaprobar leyes.
No hay acuerdo si se trata de una disposición inconstitucional -los más incisivos han hablado de una "Ley Siura IV"- pero en todo caso se sostiene que no puede ser retroactiva y que el proceso del referéndum se ha iniciado en el momento mismo en que se recolectan firmas (cosa que se viene haciendo en todo el país).

Ministro Jorge González Izquierdo: labia y manos que han cambiado de temperamento. Ahora dice favorecer a los trabajadores...

Obviamente, la cuestión legal no borra lo que políticamente salta a la vista: el miedo del oficialismo a un proceso de consulta popular, donde nunca le ha ido muy bien.
Este Congreso pasará a la historia por obra de algunos personajes como Carlos Torres que no vacila en destrozar a dentelladas a su propia criatura. Ahora resulta que elimina una de las vías del referéndum, después de haberse ufanado que la Carta de 1993 representaba un avance democrático singular.
Quedan aún dos vías para la oposición si, como se prevé, el proyecto se aprueba este jueves. Que el JNE, cuando se presenten los planillones con las firmas, las admita por considerar que la nueva norma es inconstitucional o no es retroactiva. O que el Tribunal Constitucional declare fundada la acción de inconstitucionalidad de la ley que exige los 48 votos parlamentarios.
Enterados de la colerina oficialista, el presidente del JNE, Alvaro Chocano, se reunió el fin de semana con algunos ex magistrados y 2 miembros del Jurado para analizar la situación creada. Elaboraron un proyecto de comunicado, que debió ser difundido el lunes de esta semana, pero ese día Ramiro de Valdivia -representante de las universidades privadas- se quedó en Arequipa, frustrándose la sesión del JNE. Asimismo, Rómulo Muñoz Arce se presentó el domingo en TV señalando que la autorización del JNE es para la recolección de las firmas sin el requisito de los 48 votos (Ley Siura III), dejando entrever que luego sí serían necesarios los 48 votos.
Las presiones sobre el JNE son de todo tipo. Aparte del jalón de orejas público, recibían amenazas y datos de que habían sido "chuponeados", que podían ser reemplazados a "la prepo" y que incluso, Hugo Denegri -ex Fiscal de la Nación, cercano a Vladimiro Montesinos- podía sustituir al indoblegable Manuel Catacora, representante del Ministerio Público ante el JNE.

AVALANCHA LEGAL Y EMPLEO

Otra sorpresa que puede complicarle la vida al gobierno es el paquete laboral que soltó al empezar octubre, ayudado por la mano de Jorge González Izquierdo, el ministro de Trabajo.
Cuando se pensaba que el gobierno se tomaría su tiempo para soltar las leyes sobre empleo, se han dado dispositivos que tienden a flexibilizar (aún más) la estabilidad laboral en la línea de fomentar el empleo.
Previamente, se anunció la rebaja del FONAVI del 9 al 7% (D. Leg. 853). Pronto se vio que era un engañamuchachos, que la rebaja era mínima como señalaron varios tributaristas. Pero ni siquiera eso. Un documento reservado del BCR (que se reproduce aparte) indica que la recaudación será mayor porque se afectará a los trabajadores independientes (aun cuando se calcule una evasión de los profesionales informales).
Las nuevas leyes de este octubre que a quienes amoratará es a los trabajadores, como es natural, tiene algunos adornos: aumento de la remuneración mínima vital, libre disponibilidad del 50% de la CTS, prioridad de cancelación de los créditos laborales en caso de quiebra, regulación del sobretiempo y trabajo nocturno.

Sin embargo, el D. Leg. 855 borró cualquier sonrisa en el rostro de los trabajadores. Ahora las empresas pueden tener hasta el 50% de su planta laboral bajo el sistema de "services" o cooperativas de empleo (antes el tope era 20%). El empleo laboral juvenil subió de 30 a 40%, con lo que se propicia una lucha generacional, pues los empresarios pueden preferir mano de obra sin ningún tipo de protección social, desechando a los cuarentones.
Como si esto no fuera poco, rebajó en un 50% el pago por despido intempestivo (antes era un sueldo por año de servicios, ahora será la mitad), con un tope de 12 sueldos. La figura del despido intempestivo ha sido disuelta en la práctica, pues basta con una solicitud de reducción para que una empresa tenga manos libres para "rejuvenecer" su plantel.
Cómo será de insólita la norma dada a luz que asesores del gobierno en materia laboral como Mario Pasco Cosmópolis, Alfonso de los Heros, Pedro Morales, y hasta el propio ex ministro de Trabajo Sandro Fuentes han tomado presurosa y enfática distancia.
Incluso el asesor laboral de la CONFIEP, Jaime Zavala Costa, ha expresado su disconformidad.
Gente próxima al gobierno aún no sale de su asombro sobre el sentido de esta ley. Si el propósito es favorecer aún más a las empresas (que ya han tenido con la reestructuración tributaria y patrimonial un adelanto navideño), este escenario laboral podría ser espléndido para aquellas que se fusionan o están en vías de venderse, pues pueden presentar sus obligaciones con varios millones más a su favor.
Pero el problema social se puede convertir en un incendio; ya hemos pasado la ola de despidos en el área estatal de 1990-95, que trajo varias anomalías sociales ( multiplicación de combis, colas de Clae,subempleo, delincuencia).¿Está el país en condiciones de hacer frente a una ola de despidos en el sector privado?
Se puede argüir, en una lógica perversa, que ahora a cada trabajador maduro lo pueden reemplazar dos jóvenes, pero ¿qué sentido tiene desproteger a gente en plena capacidad productiva, con experiencia y a cargo de familias enteras?
El hecho es que interna y externamente el Perú se coloca en el extremo ultraliberal, violando reglas internacionales por más que el Perú no haya todavía cumplido con la ratificación del Convenio 158 de la OIT, y dando una vez más el espectáculo de un gobierno duro que se salta a la garrocha las reglas establecidas. Sea por el lado institucional, sea por cuestiones políticas , económicas o empresariales, sea por el ámbito laboral, la inseguridad jurídica es una especie de sello de fábrica que amenaza al conjunto del modelo peruano.
"¿Cuál es la lógica del Decreto 855?" -se pregunta Sandro Fuentes. "¿Otorga una adecuada protección al trabajador conforme lo ordena el mandato constitucional?", replica Mario Pasco.
Además del terremoto laboral, se esperan todavía otras leyes reformistas. Es el paquete que se ha dado en llamar "la tercera ola" (ver recuadro). Los temas sensibles van a ser salud y educación. Alberto Pandolfi y Jorge Camet han afinado con el BID en Washington la estrategia para sacarlas a cuentagotas por las repercusiones políticas que conllevan.

Voto Cívico
Dos miembros del Foro Democrático confían en el referéndum.

Fernando de la Flor (primer plano) y Héctor Gallegos: "una batalla por los derechos ciudadanos".

EL abogado Fernando de la Flor y el ingeniero Héctor Gallegos, dos entusiastas activistas del Foro Democrático en la campaña para un referéndum que acabe con la ley reeleccionista, se muestran optimistas por las perspectivas de la tarea que han emprendido, a pesar del proyecto de ley presentado por la mayoría el lunes pasado.
Para Fernando de la Flor, lo más importante es rescatar que está legitimado el proceso iniciado por el Foro Democrático. "Por consiguiente, es falso lo que han venido diciendo los voceros del gobierno en el sentido que el Foro engañaba a la población al solicitar su adhesión para este pedido de referéndum."
"El proyecto de ley del oficialismo reconoce la validez de la inciativa, la legitima y desautoriza a los voceros del gobierno que decían lo contrario", agrega De la Flor. "Y reconoce la validez de lo que el JNE dispuso en la resolución N° 491. Lo que se está creando es un impedimiento al final del proceso. Después vendrá la discusión sobre la aplicación inmediata y la irretroactividad de las leyes. Desde el momento en que se inicia un proceso bajo una legislación determinada, no se puede crear en el camino obstáculos que no estaban previstos cuando se planteó la iniciativa, que es precisamente lo que se está haciendo con este proyecto. Es decir, nosotros planteamos una iniciativa en virtud de una ley que ahora derogan."
"Lo que están haciendo es crear la valla al final del proceso. Pero esta batalla no es exclusivamente jurídica, sino tiene que ver con la exigencia de la población para hacerse respetar en su derecho de decidir sobre un tema de trascendencia nacional. Yo no estoy seguro que una convocatoria que tenga una adhesión como la que esperamos, pueda ser fácilmente archivada porque no se logran 48 votos."
De la Flor cree que el oficialismo ha tenido que retroceder en sus amenazas contra el JNE: "Frente a la reacción ciudadana han recapacitado y han buscado una fórmula que no desconozca lo que han avanzado. Esta reacción de la población ha sido positiva y ha evitado que cumplan sus amenazas."
"Nosotros seguimos adelante, y ya veremos qué pasa con la valla. Han derogado un artículo que precisamente sirvió de fundamento al pedido que se está haciendo."
Por su parte, Héctor Gallegos afirma que la violación de las leyes genera inestabilidad que hace daño al país. "Lo que está en juego es el gran propósito nacional, que ha costado mucho al país, a la gente que paga impuestos, a los que reciben sueldos miserables o a los que están sin empleo. Es un esfuerzo muy grande del país para que se pierda. La base institucional es fundamental, el respeto a procedimientos ordenados son esenciales. Fujimori, por la existencia de un grupo servil en el Congreso, logra propósitos de un modo objetable. Esto es preocupante porque significa inestabilidad para el dinero, que es la gran preocupación del gobierno. Creo que ya se ha llegado a un límite con los atropellos. Mucha gente dice yo votaría de nuevo por Fujimori, pero no acepto esto."
Respecto a los plazos para obtener el millón doscientas mil firmas, De la Flor calcula que "en unos 3 ó 4 meses debemos tener un primer estimado que nos haga acercarnos a la meta. Podría ser que el 5 de abril de 1997, para festejar el aniversario del golpe, se formalice la entrega de planillones con el pedido del referéndum."
Gallegos acota que "el éxito va a estar en llegar a que ocurra el referéndum, no en ganarlo o perderlo. Que se demuestre que el país tuvo interés en este hecho, que el país decidió, aprobando o desaprobando. El objetivo es llegar a que el país se exprese."

Arigato, Fujimori
Imprudentes declaraciones presidenciales.

Ministros Jorge Camet, Domingo Palermo y Tomás Castillo en chocolateado Gabinete donde hay ingas, mandingas, niseis y blanquitos.

"La elite blanca fracasó: sus egoístas líderes, sus egoístas grupos de interés, sólo actuaban en provecho propio y no en el del país...El éxito del Este asiático es nuestra imagen".
No es difícil imaginar cómo se habrán sentido los miembros del multicolor equipo de gobierno al leer estas impropias declaraciones del Presidente Alberto Fujimori a un diario austríaco (nada menos).
Resulta una imprudencia mayúscula que un Presidente de origen asiático se refiera despectivamente a un sector de peruanos con el título de "blancos", habiendo sufrido en carne propia en los aciagos días de la II Guerra Mundial los excesos de un racismo repudiable.
Ha costado mucho evitar la intolerancia y el racismo y a ello ha contribuido, sin duda, la elección de Alberto Fujimori, palmaria demostración de que se han superado los prejuicios étnicos.
Nada aconseja hurgar en viejas e hirientes cuestiones raciales que Ricardo Palma satirizó con una clasificación en la que además de mestizos, cholos negros, mulatos, chino-cholos, cuarterones, sacalaguas, había -quizá por fatiga taxonómica- "salto p'atrás" y "Notentiendo".
Es verdad que, por ejemplo, el rubicundo Jorge Camet alguna vez fue llamado "geisha", pero eso era por zalamería. Blancos y mediterráneos orígenes resuenan en los apellidos de Alberto Pandolfi, Lilliana Canale, Domingo Palermo y Marino Costa (al que el Bauer, agrega tónicos aires teutones). Hispánico y holandés suena Francisco Tudela Van Breugel. Peruanísimos, en cambio, fueron Absalón Vásquez, como lo son ahora Tomás Castillo Meza, Nicolás Hermoza (salvo mejor parecer), Jorge González Izquierdo y Rodolfo Muñante. Ha habido oleadas orientales en otros Gabinetes, ahora sólo queda Daniel Hokama -idos los Jaimes Sobero y Yoshiyama.