Mar de Fondo


Gestos y Gastos
Imperativos para la confianza regional y tareas de la defensa nacional en cita militar.

Exhortación del secretario de Defensa norteamericano William Perry sobre transparencia en adquisiciones militares como requisito para preservar la seguridad en la región.

Más de un asistente a la segunda reunión de ministros de Defensa de las Américas (MDA II) que se inició el lunes 7 en Bariloche, Argentina, con asistencia de 34 representantes de la región, sin duda debe seguir dando vueltas a la exhortación del secretario de Estado norteamericano, William Perry. Este se refirió a la necesidad de hacer transparentes los programas y gastos militares para preservar la seguridad en la región.
El discurso de Perry, enmarcado en el tema principal de la cita: el fortalecimiento de la democracia, tiene resonancias particulares en el caso peruano. La investigación en torno a la adquisición de armamento por parte de la Marina de Guerra -coimas de por medio- a la empresa italiana Oto Melara apenas empieza (CARETAS 1434).
De otro lado, desde el viernes 4 hasta el domingo 6 estuvo en Lima el general Joaquín Cuadra, jefe del Ejército de Nicaragua. Según sus familiares, vino de vacaciones acompañando a su esposa, la periodista peruana Mónica Seoane, que permaneció dos semanas en Lima. En medios militares, sin mebargo, circuló la versión de que estaba conversando sobre la venta de helicópteros rusos de segunda mano que el ejército sandinista hizo a las fuerzas armadas peruanas. en 1992, operación que ha sido denunciada recientemente por el congresista Fernando Olivera. En Nicaragua el diario La Prensa ha sostenido que nadie sabe qué hicieron los sandinistas con el producto de esa venta: unos US$ 20 millones que fueron depositados en una cuenta en Gran Caimán.
La transparencia "como medida para aumentar la confianza", en todo caso, no es la única tarea pendiente. La reunión ministerial del año pasado, celebrada en Williamburg, EE.UU., aprobó los siguientes principios: Promoción de los valores democráticos.

  • Control civil del ejército.
  • Confianza en las negociaciones para resolver disputas pendientes y prevenir nuevas disputas.
  • Reconocimiento de la función legítima de las fuerzas armadas en defensa de la soberanía de los Estados democráticos.
  • Cooperación en actividades internacionales de mantenimiento de la paz combate al narcotráfico.
    El encuentro tuvo un fatal desenlace. El general EP Hugo Soto Núñez, jefe de Estado Mayor de Inspectoría del Ejército y el coronel EP Federico Jesús Celi Febres, también de esa unidad, fallecieron al precipitarse un helicóptero argentino en Palermo, Argentina, en una cancha de polo. En el accidente también murieron sus esposas, quienes los acompañaban, y un general argentino. Cinco tripulantes quedaron heridos.


    QUIPU

  • Mientras en 1992 el porcentaje de empleados estables y empleados eventuales de las empresas públicas de Lima Metropolitana era de 95.4 y 4.6, respectivamente, en 1995 -tomando como referencia cifras del ministerio de Trabajo citadas en el informe "Mercado de Trabajo y Política Social" del boletín de opinión N. 27 del Consorcio de Investigación Económica- el porcentaje de empleados estables bajó a 76.4% y el de eventuales trepó a 23.6%. Proporciones que, como en la actividad privada, seguramente se acentuarán por acción del reciente paquete de reformas laborales.

    Según cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 1390 son los inocentes procesados entre 1992 y 1995 cuya defensa han asumido los organismos de derechos humanos. De ellos 760 fueron absueltos, 424 tienen proceso pendiente de sentencia, 283 fueron condenados y 23 se encuentran en calidad de ausentes.

    Hasta fines de agosto pasado los ingresos totales generados por el proceso de privatización alcanzaron la cifra de US$ 6,450 millones, monto que de acuerdo a la última edición del Informativo COPRI es similar al total de ingresos percibidos por el Estado el año pasado por concepto de impuestos. A dicha suma se agregará el monto correspondiente a programas de inversión por desarrollarse en los próximos cinco años, que oscila entre US$ 2,400 millones y US$ 6,930 millones.


    ANUNCIADA FUSION

    El J.P. Morgan y el grupo Apoyo están asesorando la fusión de Backus con la Compañía Nacional de Cerveza. Se trata de la operación financiera de esa naturaleza más grande en la historia económica del país. Como se sabe, hace dos años, la CNC pasó de manos de la familia Piaggio al grupo Bentín, accionista mayoritario de Backus (CARETAS 1305). Este consorcio controla, a pesar de la arremetida de cerveza Cusqueña, producto estrella de Cervesur, el 80% del mercado cervecero nacional.

    HUELGAN PROPUESTAS

    En las últimas semanas no han sido muchas las ofertas recibidas por Morgan Grenfell e Interinvest para adquirir la Compañía Embotelladora El Pacífico (CEPSA) embotelladora de Pepsi Cola. El grupo Heredia, propietario de la empresa, decidió la venta hace algunas semanas (CARETAS 1429) y Morgan Grenfeld fue contratado para seleccionar, calificar y aprobar al nuevo embotellador. En vista de la aparente falta de interés, el plazo inicial para alcanzar las propuestas ha sido postergado hasta el 30 de octubre.

    SORPRESIVO ENROQUE

    Repentinamente fue cambiado el fiscal superior provisional Lidio Marticorena quien se encontraba al frente del caso de Demetrio "Vaticano" Chávez Peñaherrera. En su reemplazo estará el fiscal Rafael Agüero Pinto quien en menos de cuatro días ha tenido que leer el voluminoso expediente. Marticorena, quien se rehusó a interrogar la denuncia -posteriormente rectificada- sobre un supuesto pago al asesor Vladimiro Montesinos, fue enviado a su fiscalía de origen sin pena ni gloria. Por otro lado, este viernes 11 se dictará sentencia a "Vaticano" y a los militares inculpados, entre quienes está el general EP (r) Jaime Ríos Araico.

    EN JAQUE

    General chileno Hugo Jaque: disonantes declaraciones con trasfondo presupuestal.

    Las sorprendentes declaraciones del general chi-leno Hugo Jaque, jefe de la VI División de Ejército acantonada en Arica, sobre las inversiones chilenas en el extranjero, suscitaron la inmediata reacción del canciller chileno José Miguel Insulza, quien las calificó de inconvenientes. Jaque, que comanda una de las unidades más poderosas del ejército de Chile, dijo en una conferencia que si los inversionistas chilenos "no cuentan con un respaldo fuerte en que estén apoyados para hacer exigencias allí, puede ser un desastre para esos inversionistas". Jaque se refería a las inversiones chilenas en empresas argentinas de electricidad. Pero también sostuvo que la "historia es cíclica y se vuelve a repetir", en alusión a la guerra del Pacífico. El asunto es que Chile cuenta con uno de los más poderosos ejércitos de América Latina, y sus empresarios están invirtiendo en países fronterizos como Argentina, Perú y Bolivia, en ese orden de importancia. Las inversiones chilenas en el Perú incluyen el suministro de energía eléctrica en Lima, el transporte de combustible en el litoral, el 50% del gas doméstico en Lima, el 15% del mercado financiero, el 30% del sistema de pensiones, tres de las cadenas comerciales minoristas más grandes del país, un yacimiento cuprífero en el Sur, entre lo más saltante. De otro lado los grupos nacionales más fuertes en harina y cerveza se vienen fusionando en lo que parece ser una una suerte de preparación para la esperada arremetida del grupo Luksic.

    Gerente del BCR Javier de la Rocha: primer round.

    SEGUNDOS AFUERA

    Después de que el gerente general del BCR, Javier de la Rocha, inesperadamente calzó guantes con el superintendente adjunto de Banca y Seguros, Julio Reyes, a manera de ablandamiento a los promotores de la Ley de Bancos (CARETAS 1433), el tema parece que va dar lugar a nuevos rounds. Por lo pronto el presidente de Asban, Alfonso Bustamante, que hace algunso meses propugnaba una mayor discrecionalidad del superintendente, opina lo contrario. El desencuentro entre técnicos y banqueros asistidos por la dupla Mario Tovar (vicepresidente del BCR)-Javier de la Rocha, radica en la exigencia de mayores provisiones para las malas deudas de acuerdo a las pautas establecidas en el Convenio de Basilea de 1988.

    CONTRA LA PARED

    Los muchachos del SIN, otrora aficionados a la práctica del badmington, inclusive con la participación de Santiago Fujimori en sus días de gloria, han decidido trocar aluminio por madera (en el caso de las raquetas) y pluma por pelota (en el caso del proyectil). Es decir, la instauración del frontón como deporte preferido. Diligentes averiguaciones sobre las reglas para la realización de campeonatos realizadas por disposición del "asesor legal" del SIN, Vladimiro Montesinos, en la Federación de Frontón inducen a pensar que la mudanza de hábitos ha incluido la construcción por lo menos de una cancha de frontón con las medidas y características reglamentarias. Especulaciones más atrevidas su-gieren que los resultados del campeonato a realizarse permanecerán bajo estricta reserva por tratarse de asunto relacionado con la seguridad nacional.


    Destape Tributario
    Exoneraciones tributarias a embotelladores de zonas de frontera en la mira del MEF.

    Mediante el aún nonato Impuesto de Desarrollo Estratégico (IMDE) el MEF busca eliminar la exoneración del ISC del 12% que aún mantienen embotelladoras ubicadas en Sullana y Tacna.

    La guerra entre el MEF y las embotelladoras de bebidas gaseosas que operan en la zona de frontera está por ingresar a una nueva etapa. No contento con entablar juicios de nulidad contra los fallos favorables a los recursos de amparo declarando inconstitucional el D.L. 796 que creó el Impuesto de Promoción Municipal Adicional (IPMA) (CARETAS 1396), y que obtuvieron en forma definitiva Embotelladora Rivera de Sullana (Pepsi Cola, Concordia) y Embotelladora Frontera de Juliaca (Pepsi Cola) (CARETAS 1432), ahora se encuentra cocinando un extrañísimo Impuesto Municipal de Desarrollo Estratégico (IMDE). Este, cuya tasa es de 12%, tiene la misma finalidad del IPMA. Es decir, eliminar la exoneración del ISC del 12 % que aún mantienen algunas empresas de frontera.
    El proyecto de marras grava con el IMDE a una serie de actividades en favor de las zonas de frontera. Pero, oh sorpresa, el mismo texto del proyecto declara inafectas a todas las empresas que actualmente se encuentran pagando ISC. Así, con una nueva fórmula otra vez se pretende gravar en forma discriminatoria a las siete empresas de frontera exoneradas del pago del ISC por convenios de estabilidad vigentes.
    Si bien las exoneraciones no son bien vistas por el equipo económico, el artículo 62 de la Constitución obliga a respetar los convenios de estabilidad tributaria.
    Antes las empresas de frontera gozaban de exoneración del IGV y del ISC, pero el D.L. 25980 de diciembre de 1992 las obligó a pagar el equivalente al IGV vía un aumento del Impuesto de Promoción Municipal de 2 a 18%. Como compensación a los sobrecostos de operar en la frontera sólo quedaba el aliciente de la exoneración del ISC, señala un alto ejecutivo de una embotelladora. Durante los primeros tres años de gestión del ministro Jorge Camet (1993, 1994 y 1995) se mantuvo esta situación que beneficiaba por igual a todas las embotelladoras de frontera.
    Pero bastó que a fines de 1995 caducaran las exoneraciones otorgadas a Industrial Tacna (Coca Cola) e Industrial Juliaca (Coca Cola) del grupo Mitchell-Bustamante-Bedoya, para que el MEF decidiera arremeter contra los convenios vigentes. Se trata de que todas las empresas de frontera compitan en igualdad de condiciones señala un asesor del MEF. Sin embar-go el D.L. 807 de INDECOPI señala que los convenios de estabilidad no impiden la competencia equitativa ya que significan el uso de un derecho adquirido.
    Ese desconocimiento unilateral de los convenios de estabilidad tributaria abona en contra de los 39 convenios que, según la Comisión Nacional de Inversión y Tecnología Extranjera (CONITE), se han firmado con inversionistas extranjeros entre enero y agosto pasados, y que en total suman 142. Además echa sombras sobre el futuro de los flamantes CETICOS del eje Ilo-Matarani, pues éstos también se basan en convenios de estabilidad tributaria.