Sombras de la Libertad
Alegría de los primeros liberados, empañada por el intento oficialista de prorrogar los tribunales sin rostro.

Liduvina Ccasqui Ccente, condenada injustamente a 15 años de prisión por un tribunal militar sin rostro.

POCOS días después de que los primeros 31 presos injustamente acusados por terrorismo eran puestos en libertad, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó un proyecto de ley que prorroga por un año más la vigencia de los jueces sin rostro, sistema que es considerado responsable de gran parte de los errores que llevaron a cientos de inocentes a prisión.
Liduvina Ccasqui Ccente, de 65 años, al salir de Chorrillos, no podía creer que estuviera libre. "Gracias diosito" repetía, mientras abrazaba al padre Hubert Lanssiers y a los otros dos miembros de la Comisión de Indultos, Jorge Santistevan y Carlos Hermoza Moya. Ella había sido condenada por un tribunal sin rostro a quince años de prisión.
Liduvina, oriunda de Huancavelica, era vendedora ambulante de frutas en Lima y un vecino le dio a guardar una bolsa que contenía material subversivo. Ese mismo día el individuo, que era seguido por la Policía, fue detenido. A pesar de que el terrorista sostuvo que "la abuelita no tenía nada que ver", el tribunal sin rostro la sentenció.
La hija de Liduvina murió el año pasado mientras ella estaba en prisión. Ahora tiene a su cargo una nieta, además de tres hijos. Como todos los otros indultados, no sabe cómo puede rehacer su vida.
Antonia Alfaro Rubina, una vendedora de pescado, había sido condenada a cadena perpetua por un tribunal militar sin rostro. Ella fue detenida en noviembre de 1992 en su casa, en Cantogrande, junto con su esposo, Benito Jaimes, al que sentenciaron a 15 años. A ellos los acusaron de colaborar con Sendero Luminoso.
Estos y otros muchos casos ilustran la ligereza e irresponsabilidad con que los tribunales anónimos, militares y civiles, han juzgado a cientos de personas en los últimos años. Y las pocas garantías con que cuentan los acusados que caen bajo la férula de esos tribunales.

PRORROGA

El lunes pasado, a las seis de la tarde, se reunió la Comisión de Justicia del Congreso que preside Oscar Medelius de Cambio 90-Nueva Mayoría. En la agenda había media docena de temas, pero el presidente puso sólo uno a debate: la prórroga de los tribunales sin rostro.
Este mes vence el plazo para la vigencia de esos tribunales, que fueron creados como una institución "transitoria". Pero como suele ocurrir en el Perú, lo transitorio se convierte en permanente. El año pasado se amplió su vigencia por un año. Y ahora ocurrió lo mismo.
En mesa había varios proyectos. Uno de ellos del oficialista Mario Paredes, que proponía su vigencia por dos años más. Otro del pepecista Antero Flores Aráoz que los convertía en indefinidos. Pudorosamente la mayoría prorrogó los tribunales por un año más, sin dar lugar siquiera al debate.
En diez minutos el asunto estaba resuelto y Medelius levantó la sesión de la Comisión. No hizo caso de la carta que le envió el 2 de octubre el Defensor del Pueblo y presidente de la Comisión de Indultos, Jorge Santistevan.
En la misiva dirigida a Medelius, el Defensor propone modificar integral-mente la legislación antiterrorista y concretamente la eliminación del sistema de jueces sin rostro, porque "no respeta las garantías del debido proceso".
Santistevan coincide en esta apreciación con los expertos nacionales e internacionales que han opinado sobre el tema. El relator especial de Naciones Unidas Dato Param Cumaraswamy, que visitó recientemente el Perú, sostuvo que los tribunales sin rostro "deben ser abolidos a la brevedad posible, porque su continuación no tiene fundamento alguno".

Alegría de la libertad. El padre Hubert Lanssiers con liberadas en el penal de Chorrillos.

José Miguel Vivanco, de Americas Watch, también opina lo mismo, al igual que el magistrado del Tribunal Supremo de España José Antonio Martín Pallín.
En realidad, la persistencia de los tribunales sin rostro contradice también las declaraciones oficiales del gobierno. En efecto, si el terrorismo ya no constituye una amenaza y ya no se vive la situación de excepción de 1992, tampoco se justifica la existencia de jueces anónimos y de procesos secretos.
Y si el propio gobierno ha reconocido la existencia de numerosos errores, al aprobar el mecanismo de los indultos para liberar a los injustamente sentenciados por esos tribunales sin rostro, no debería persistir en mantener el sistema que propicia esos errores.

ALTERNATIVAS

El jueves, el congresista Jorge Avendaño, de UPP, presentará un proyecto sustitutorio que propone la creación de una corte especializada en delitos de terrorismo, cuyas características esenciales serían el de estar conformada por jueces especializados en delitos de terrorismo -y no como ahora que son elegidos al azar-, dedicados exclusivamente a esa tarea y con competencia a nivel nacional.
Esos magistrados contarían con protección especial y una retribución pecuniaria adicional por la labor que desempeñan. La propuesta de Avendaño es razonable y se basa en existosas experiencias de otros países que han afrontado el flagelo del terrorismo sin violar las normas del debido proceso.
De otro lado, Carlos Chipoco, también de UPP, ha presentado otro proyecto de ley que propone la creación de un fondo indemnizatorio especial que compense económicamente a los indultados. El fondo se constituiría con donaciones de personas naturales o jurídicas afectadas al impuesto a la renta, así como donaciones de gobiernos extranjeros.