Retorno de Colina

EL atentado dinamitero contra la filial del canal 13 en Puno ha sido presentado como una disputa local entre grupos de poder regionales. Pero más bien parece ser una llamada de atención al programa La Clave, de César Hildebrandt, que se transmite diariamente por canal 13 con la posición más radical de crítica al gobierno en la TV peruana.
El régimen autoritario se concentró desde el comienzo en el control de los medios de comunicación electrónicos, tolerando a regañadientes a la prensa independiente en medios escritos. El programa de Hildebrandt, con bajo rating al principio, subió rápidamente desde el escándalo de la acusación de Vaticano al ex capitán Vladimiro Montesinos.
Corriendo la ola del creciente descontento con el gobierno, Hildebrandt ha conquistado con La Clave un público harto de la sobonería y la complacencia que domina la TV.
Las explosiones en Puno serían entonces un mensaje al canal y a los otros medios de comunicación para que moderen o eliminen los contenidos desagradables al régimen.
Como en todo operativo de este tipo, hay un doble lenguaje. A la opinión pública se le dice una cosa. A los destinatarios del mensaje, otra.
La hipótesis encaja en lo que se puede esperar de un gobierno autoritario -que ha usado antes grupos paramilitares- cuando se siente acosado y es consciente que su imagen se deteriora ante la opinión pública.
Uno de los pilares del éxito de Fujimori es el control de los medios de comunicación. Si ese control se relaja, el ejemplo puede cundir, y otros medios atreverse a abrir espacios a la crítica. En estas circunstancias eso podría ser fatal para el régimen, pues retroalimentaría el descontento y la vez provocaría nuevas disidencias entre sus antiguos fieles. Una bola de nieve que puede tornarse incontrolable. Por eso intentarían detenerla ahora.
Varios hechos abonan esta hipótesis:

Está comprobado que los autores materiales del atentado fueron tres suboficiales del ejército Angel Sauñi, Luis Barrantes y Javier Urquizo, que usaron dinamita extraída de un cuartel.

Dos de los militares, los suboficiales de inteligencia Sauñi y Barrantes, trabajaban como agentes encubiertos en el gobierno regional, con conocimiento de su presidente y destacados allí por su comando.

El hecho de que militares trabajen clandestinamente en el aparato civil del Estado, muestra el mecanismo de funcionamiento de un gobierno cívico militar que usa la red de inteligencia y a las FF.AA. en función de sus propósitos políticos.

El general Rodolfo Robles advirtió que uno de los implicados, Angel Sauñi, es miembro del grupo Colina. Eso ha sido confirmado.

El autor intelectual del atentado, Guido Mendoza, era el asesor legal del gobierno regional, y según la periodista Mónica Vecco de canal 13, se ufanaba de ser "el Montesinos de Puno".

Mendoza fue liberado por un juez prevaricador y desapareció. Ahora está prófugo.

Los terroristas confesos han sido acusados de delitos comunes, cuyas penas son más benignas. Están siendo protegidos.

La hipótesis del conflicto local tiene poco sustento. Mendoza es limeño y llegó a Puno recién en julio, para ocupar un puesto en el gobierno regional cuyo presidente es puneño, pero radicado por tres décadas en Lima, habiendo regresado hace pocos meses a su tierra. No son pues personas embarcadas en feroces y ancestrales rencillas de clanes. El propietario de la filial de canal 13, por su parte, niega haber atacado al gobierno regional.
El retorno del terrorismo de Estado no debe sorprendernos. Era de esperarse. El aparato paramilitar del régimen, instalado en los servicios de inteligencia, nunca fue desmontado. Su poder se demostró muchas veces, especialmente cuando el gobierno y los mandos militares trataron de encubrir el crimen de La Cantuta y, luego, cuando amnistiaron a los asesinos.
Se dijo en todos los tonos. Cuando reaparecieron a fines del año pasado, se escribió en esta columna: "Alentados por la impunidad y el poder que disfrutan, más adelante podrían tomar otras acciones más destructivas que notas macabras y arreglos florales. Experiencia no les falta." (23.11.95) Ya ocurrió.
Un asunto decisivo en estos casos es la impunidad y la protección oficial. Si creen -o saben- que nada les va a ocurrir, que van a gozar del respaldo del Presidente, de ministros, congresistas, jueces y mandos militares, es obvio que seguirán actuando. Y si su jefe recibe, incluso, la bendición y el beneplácito de algún poderoso gobierno extranjero ¿por qué habrían de detenerse?
La batalla por la sanción a los criminales y luego contra la impunidad, no era sólo un asunto ético y de justicia, sino también de lucha por la democracia y contra la violencia. Se perdió en ese momento y ahora sufrimos las consecuencias.