Controversias


Por FERNANDO ROSPIGLIOSI

El Poder de Colina

MIENTRAS los miembros del grupo Colina -asesinos sentenciados, miembros no identificados y jefes impunes- pasean libremente por las calles, su principal denunciante, el general Rodolfo Robles Espinoza, un militar honesto y valiente que jamás ha cometido un crimen, está encerrado en una húmeda celda del Real Felipe.
Esa es la justicia del Nuevo Perú que nos anunció el presidente Alberto Fujimori.
Si alguna duda quedaba respecto al atentado dinamitero contra la filial de Canal 13 en Puno, quedó despejada la mañana del martes cuando un equipo de agentes del Servicio de Inteligencia secuestró al general Robles, el más punzante y enterado crítico del grupo Colina.
Son ya demasiados hechos que apuntan a un sistemático encubrimiento de lo ocurrido en Puno, después de que la policía identificara y arrestara a los autores del atentado:

  • Proceso abierto en el fuero militar para controlar completamente el juicio.
  • Detención del general Enrique Delgado y el comandante Alejandro Quiquia, sometidos al fuero militar y silenciados.
  • Formulación de la acusación como delito común a un acto claramente terrorista, para poder liberar a los suboficiales con penas leves. Esto es importante para mantenerlos callados.
  • Declaraciones de congresistas y voceros del gobierno apoyando la increíble tesis del conflicto regional como explicación del atentado.
  • Minimización de la noticia en los medios de comunicación adictos al gobierno.
    Esto se suma a todas las evidencias conocidas: los tres suboficiales eran del Servicio de Inteligencia, la dinamita la tomaron de un cuartel militar, las cargas las prepararon en las oficinas de la IV División, dos de los militares trabajaban como agentes encubiertos en el Gobierno Regional, etc.
    No existe tampoco ningún indicio verosímil que abone en favor de la versión oficial de que fue un conflicto local.
    Se trataría entonces de un mensaje al Canal 13 y al programa de César Hildebrandt, La Clave, para morigerar sus ácidas críticas al régimen o sacarlo del aire.
    Como la respuesta no ha sido el silencio, sino el incremento de la denuncia y el develamiento de los vínculos con el grupo Colina, los jefes de la operación decidieron escalar un paso más la contienda, apresando al general Robles.
    Es difícil pensar que no supieran a lo que se exponían. El escándalo ha sido mayúsculo y no se aplacará mientras Robles siga preso. Pero la cúpula cívico militar ha decidido afrontarlo.
    Eso significa que tenían mucho que perder si dejaban que las investigaciones del general Robles y de la prensa independiente, continuaran. No se explica de otra manera el conflicto que han provocado deteniendo a Robles con pretextos ridículos.
    Porque el general no ha hecho sino insistir en las cosas que viene denunciando públicamente desde el 5 de mayo de 1993 y que escribió en un libro editado a principios de este año. Lo nuevo es que esta vez el grupo Colina volvió a las andadas y Robles lo descubrió.
    Mención especial en esta situación merece el comportamiento del gobierno de los EE.UU., que jugó un papel importante en los últimos años influyendo en la conducta de las autoridades peruanas para que respeten los derechos humanos y las libertades cívicas. Al tiempo que agencias de ese gobierno mantenían su respaldo a golpistas, violadores de los DD.HH. y gente acusada de favorecer el tráfico de drogas.
    Esa ambivalencia llegó a su clímax en la reciente visita del zar antidrogas de los EE.UU., el general Barry McCaffrey, que endosó sin mucho recato a Vladimiro Montesinos.
    Algunas de las consecuencias de esa desafortunada acción las estamos viviendo ahora, cuando el grupo Colina ha vuelto a las andadas protegido por autoridades que están en la cúspide del poder. El respaldo de McCaffrey, sin duda, les dio nuevos bríos para hacer lo que han hecho.
    Es impresionante la impunidad con que actúan y cómo el aparato gubernamental entero se mueve rápidamente en su favor. Congresistas, ministros, jueces, defienden sin vergüenza ni pudor las versiones más absurdas y las decisiones más descabelladas. Como la de acusar de ultraje a las fuerzas armadas a un general que ha honrado el uniforme como pocas veces se ha visto en el Perú contemporáneo.
    En el fondo, de lo que se trata es de la permanencia en el poder de una cúpula cívico militar autoritaria y corrupta, que al ver en peligro su perpetuación en el gobierno, recurre a métodos bárbaros y criminales.
    Los que en 1993 y 1995 justificaron los horrendos crímenes del grupo Colina con el pretexto de la lucha contra la subversión ¿seguirán apañando hoy sus acciones y el silenciamiento de sus críticos?