La Respuesta Pertinente
El giro decisivo del caso del general Rodolfo Robles deja varias lecciones y algunos capítulos aún pendientes. Los reflejos autoritarios de la cúpula castrense han tenido una reacción presidencial ceñida a la ley y la Constitución. Y de ello hay que felicitarse.

Presidente Alberto Fujimori: más que un ataque frontal a las FFAA, que no era deseable para nadie, ha hecho prevalecer la Constitución.

El general Nicolás de Bari Hermoza ha tenido un papel protagónico en el drama y su tajante defensa del CSJM lo han colocado en una situación problemática. Pero los tiempos cambian y los hombres también.

A las dos y 30 del día martes 3, la mayoría oficialista se dio por satisfecha con la aprobación de una inusual moción de respaldo al Presidente de la República por sus "recientes declaraciones" en el caso del general Robles.
Ignoraba que cinco horas más tarde lo que les pareció a los oficialistas gesto arriesgado se convertiría en una muestra extrema de timidez para defender los fueros de la civilidad.
El presidente Alberto Fujimori, con la firma del primer ministro Alberto Pandolfi, hacía llegar a las 7.30 de la noche, amparándose en la Constitución, un Proyecto de Ley que concede la amnistía a "los oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación Militar de Retiro" acusados de los mismos cargos con que se encarceló al general Robles.

General Luis Pérez Documet, cambio sorpresivo.

Alberto Fujimori dio un paso arriesgado que, en lo fundamental, busca restablecer el orden constitucional y romper el entrampamiento en que lo colocaron, velada o conscientemente, algunos sectores militares. Es, sin duda, uno de los gestos políticos más audaces del mandatario que cambia el escenario político y lo convalida en su condición de Presidente Constitucional. La oposición había planteado en la mañana que la moción fuera más explícita exigiendo la libertad inmediata del general Rodolfo Robles y reiterando la defensa de la democracia y el estado de derecho.
La mayoría, temiendo sin duda provocar alguna cólera castrense, rechazó el agregado, limitándose a un lenguaje casi telegráfico que evitaba reflejar la situación de sobresalto político que ha vivido el país en las dos últimas semanas. El suelo, desde Nasca, no dejó de temblar. Después de sus declaraciones el día domingo 1 en un canal de TV, el Presidente parecía arrinconado, perdida la iniciativa de la que se ufanó en anteriores oportunidades. En su anterior edición, CARETAS (N°ree; l442) cayó también en el error de dar por descontado que la ilegal captura y detención del general Robles había sido, cuando menos, conocida por el Presidente. Este, sin embargo, dijo el domingo que desconocía la medida pues estaba en la zona de Nasca, sin comunicación inmediata con Lima.
Dijo más, para alarma ciudadana. Que virtualmente no podía intervenir en las decisiones autónomas del Consejo Supremo de Justicia Militar, no obstante reconocer que la forma en que se detuvo a Robles había sido un error, y que quizá el camino que le quedaba era el indulto apenas conocida la sentencia. Allí, el país quedó estupefacto: parecía que el Presidente era un prisionero de las decisiones militares.

El poder civil parece que prevalecerá esta vez sobre la prepotencia de un sector militar que se negaba a aceptar las reglas.

La cadena de acontecimientos, sin embargo, se aceleró hasta el punto que en Lima volvieron a rugir tanques (que para Martha Chávez son parte de su memoria infantil y adolescente) y los rumores de un golpe militar se multiplicaron. El lunes, en el campus de la San Ignacio de Loyola, en el foro del Instituto para el Tercer Milenio, donde se congregaron destacadas figuras de la política, el runrún era que cualquier cosa podía pasar.
El hecho es que el CSJM hizo caso omiso de las primeras declaraciones presidenciales del viernes 29 de noviembre. Y así, no sólo aumentó la sanción al abogado de Robles, Heriberto Benítez, sino que desacató el hábeas corpus aceptado por la irreprochable jueza Greta Minaya.

Contradictorio Marcos Ibazeta (izquierda) no pudo justificar razonablemente sus idas y venidas. Coronel Raúl Talledo (centro) fiscal dócil para casos complicados. (derecha) Jueza Elba Minaya, valor para aceptar un hábeas corpus contra militares.

CONTRAMARCHAS

Lo que sucedió el lunes 2 tensó más la situación. EL CSJM atropella la jurisdicción civil, denuncia a la jueza por prevaricato, hostiliza a la abogada de Robles, Ivonne Montoya, negándole el acceso al expediente, y endurece el régimen de prisión del general Robles. Como si esto no bastara, y para indicar que las ramificaciones punitivas de la cúpula militar llegaban también al Poder Judicial, el presidente de la Corte Superior, Marcos Ibazeta, en lugar de defender los fueros jurisdiccionales, remueve a la jueza Minaya y la envía a un juzgado sentenciador. Adujo que esa salida estaba programada con antelación, pero como es obvio no pudo borrar la penosa impresión que causó su decisión, muestra de que la independencia del Poder Judicial era una simple palabra.
La fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, con el celo que la caracteriza, no dejó pasar la ocasión. Corrió traslado de la denuncia contra los miembros del CSJM, promovida por 22 congresistas, lavándose las manos y pretendiendo el absurdo de que el fiscal militar denuncie a los magistrados castrenses.
Estos hechos no son obra de extraterrestres, ni fruto del acaso. Indican, primero, que había una voluntad de resistencia a las opiniones presidenciales. Segundo, que la vieja disputa sobre el fuero militar y su sujeción al fuero civil afloraba nuevamente, revelando en todos sus extremos la soberbia castrense capaz de avasallar el estado de derecho. Tercero, que el caso Robles era un pretexto para un juego de posiciones en el interior de las Fuerzas Armadas y en el escenario del poder.
La crisis cubrió varios frentes, en una loca carrera irreflexiva, pero centró al mismo tiempo el asunto en la figura de dos personajes controvertidos: el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos y el asesor del SIN, Vladimiro Montesinos.
Es prematuro tejer especulaciones sobre los fantasmas, temores y movidas en la cúpula de gobierno, pero la situación del presidente Alberto Fujimori era particularmente crítica. No sólo había sido ostensiblemente desairado, sino que parecía sin fuerzas propias, con un índice de desaprobación ciudadana que pasó de un 18% en enero de este año a 49% en noviembre, según Datum.

R. Robles, permanece firme en sus convicciones.

Le esperan al presidente Fujimori días difíciles. Es evidente que no ha querido un enfrentamiento abierto con las FF.AA. Y que, en todo caso, si tiene que retomar las riendas de mando a costa de algunos despidos en esas filas, éstos serán por obra de errores que cometan algunos militares obcecados.
Ha logrado también que la oposición cierre filas en la defensa de la figura presidencial y oriente sus baterías hacia el binomio Montesinos-Hermoza Ríos (sin que a estas alturas sean en efecto una dupla monolítica).
Horas antes de conocido el Proyecto de Ley de Fujimori, se dudaba si éste viajaría a Bolivia, a la Cumbre de Desarrollo Sostenible. Parece improbable que, después de una iniciativa que supone una afirmación democrática, no asista a un escenario que le significará aplausos y apoyo unánime.
Entre los daños que la crisis política de estos días ha provocado es la mala imagen internacional por la falta de seguridad jurídica y la debilidad de las instituciones. Superar esta situación tomará tiempo, pero la comprensión de los colegas latinoamericanos del Grupo de Río es urgente.
Asimismo, se pensaba que el termómetro de CADE podía reflejar puntos menos, especialmente por el enfriamiento de la economía. Lo probable es que la recepción en Arequipa, le depare una calidez tonificante, premio de los que superan una atlética prueba de resistencia.
Pero será el 9 de diciembre -la fecha magna de la victoria republicana- el punto culminante que dirá al país si la crisis ha sido superada plenamente. Allí, los discursos y los gestos tendrán una lectura definitiva. Ya no será sólo un rito castrense, sino la afirmación de un destino democrático.

Luis Delgado Aparicio: algunos congresistas del oficialismo se comportaron dignamente.

REAL DEFENSA

El viernes pasado un mayor del Ejército buscó al general Rodolfo Robles en su celda del Real Felipe para que lo acompañara a la sala donde debería empezar a rendir su instructiva.
-¿Qué grado tiene Ud.?, le preguntó Robles.
-Mayor, mi general.
-Entonces no puedo acompañarlo, a mí tiene que llevarme un general de división.
Amoscado, el mayor se retiró e informó a sus superiores. A los pocos minutos apareció en la celda el vocal instructor Hugo Pow Sang e invitó a Robles a seguirlo.
-¿Lo han ascendido, Pow Sang, ya es usted general de división?, preguntó Robles.
-No, general, soy brigada
-Entonces no puedo acompañarlo. Si quieren llevarme que venga un general de división. O de lo contrario envíen un vehículo con agentes del SIE para que me lleven a la fuerza.
El incidente revela el estado de ánimo del general Rodolfo Robles, que lejos de amilanarse por las circunstancias en que fue detenido y la situación en que se encuentra, sigue peleando palmo a palmo por sus derechos.
El mismo viernes, a las 7 de la noche, un grupo de congresistas, defensores de los DD.HH. y la esposa de Robles, Nelly Montoya, presentaron una acción de hábeas corpus demandando la inmediata libertad del general. A las 10.30 de la noche la jueza Greta Minaya declaró fundado el hábeas corpus, como correspondía, y se apersonó al Real Felipe para ordenar que liberen a Robles. No pudo cumplir su propósito. El comandante Dante Ortiz Tello simplemente le prohibió entrar al cuartel.
Al día siguiente la secretaria de la jueza Minaya, Carmen Castillo, fue nuevamente al Real Felipe para hacer cumplir la orden de libertad. El coronel Jorge Cárcovich se negó siquiera a recibir el hábeas corpus, desacatando un mandato judicial.
Recién el martes 3 la abogada Ivonne Montoya pudo acceder al expediente. Como se suponía, las acusaciones están basadas en declaraciones públicas realizadas por Robles desde su retorno al Perú el 16 de junio de 1995. Además de numerosas entrevistas difundidas en la prensa escrita, radial y televisiva, el expediente consigna minuciosamente las actividades del general.
Por ejemplo, su viaje a Puno a fines de octubre con una delegación del Foro Democrático está registrada al detalle: qué dijo, con quiénes se reunió, en qué hoteles se alojó.
Acusaciones traídas de los cabellos, que hacen recordar aquellas otras que sustentó el mismo fiscal militar, Raúl Talledo, contra los generales Walter Ledesma y Carlos Mauricio.
La indignación suscitada por la detención de Robles, movió a organizaciones cívicas a promover una campaña por su libertad. El viernes 6 se había programado un "plantón" frente al local del CSJM, pero dadas las nuevas circunstancias se realizará frente al Real Felipe, esperándose que ese día sea liberado el general Robles.
El otro acto, en el Centro de Convenciones del Hotel Crillón, se efectuará el martes 10 y será el recibimiento que le brinden a Robles las instituciones cívicas.