Un Mal Fin

EL año ha finalizado mal para el gobierno y para el país. La toma de la residencia del embajador del Japón por el MRTA, ha terminado de derrumbar las ilusiones de prosperidad y estabilidad que se fabricaron en el pasado. Pero no sólo ha sido el golpe espectacular del revitalizado grupo subversivo el que nos ha devuelto brutalmente a la realidad. Es sólo la cereza que corona el pastel.

La economía se ha contraído más de lo que todos esperaban y las navidades serán tristes para muchos peruanos.

La violencia ha regresado a las calles de Lima, no sólo en forma de atracos, sino también de batallas campales como hace mucho tiempo no se veían. Lo peor de todo es que han sido propiciadas y azuzadas desde el gobierno, según ha denunciado el alcalde Alberto Andrade, a quien la gente cree, si tomamos en cuenta los últimos sondeos de opinión.

En la frontera norte soplan vientos de guerra. A ambos lados de la línea se realizan maniobras militares y el escepticismo se cierne sobre las conversaciones de Brasilia. La "recontra excelente" política exterior, como la calificó a fines de 1992 un eufórico Alberto Fujimori, manejada personalmente por él mismo durante mucho tiempo, nos ha llevado a esta situación.

La estabilidad jurídica, reclamada a gritos por empresarios nacionales y extranjeros, gobiernistas y opositores, magistrados y litigantes, se ha terminado de deshilachar. La detención del general Rodolfo Robles, una nueva ley Medelius que cambia las reglas del juego en el nombramiento de presidentes de Cortes Superiores y la permanencia de la obsecuente Blanca Nélida Colán -por lo menos como presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fiscalía con poderes acrecentados-, muestran que el régimen no tiene la menor intención de soltar, ni siquiera aflojar, las riendas del sistema judicial.

El retroceso -tardío- en la privatización de Petroperú no va a paliar el rechazo a una desastrosa política privatizadora. Como los críticos no cesaron de pronosticar, los precios de los combustibles subieron, en lugar de bajar como había ofrecido el gobierno. En este caso, a diferencia de otras privatizaciones, el gobierno impuso la medida contra la opinión abrumadoramente mayoritaria de la ciudadanía que se oponía. En ese contexto, el recule gubernamental no servirá para subirle los bonos. Venda o no la refinería de Talara, se los bajará más.
Así, dicho sea de paso, el gobierno ha desacreditado las privatizaciones, de tal manera que ahora la mayoría está en contra de ellas, cuando hasta hace poco, con la excepción de Petroperú, la opinión pública las respaldaba. Nuevamente una mala ejecución termina desacreditando una política indispensable para la reforma del Estado. Reforma que también ha naufragado en el mar de la improvisación.
Hasta los funcionarios internacionales, que apoyaron entusiastamente a un régimen que parecía hecho a su medida, empiezan a tomar distancia, asustados de lo que ven.

En el plano político, la increíble suerte que acompañó a Alberto Fujimori hasta hace algún tiempo, parece haberlo abandonado y ahora se encuentra solo frente a sus errores. Peleado con varios de sus más íntimos asesores, distanciado incluso de algunos de sus aliados militares, sus campañas para destruir a Alberto Andrade e impedir el referéndum que impulsa el Foro Democrático han fracasado hasta ahora.

El tema de la corrupción, por último, comienza a abrirse paso en la conciencia ciudadana. La Comisión de Fiscalización del Congreso, a la cual acaban de renunciar casi todos los miembros de la oposición, ha sido desnudada por un minucioso informe de El Comercio. Desde los tiempos en que la presidía Martha Chávez, en el olvidable CCD, se mostró como una creación del fujimorismo precisamente para bloquear cualquier posibilidad de fiscalización. Debería cambiar su nombre por el de Comisión de Encubrimiento de la Corrupción Gubernamental.
Así, llegamos al final de un mal año para el país y pésimo para el gobierno. Si estuviéramos en una sociedad democrática, los partidos de oposición estarían capitalizando el desgaste gubernamental y preparándose para un tránsito normal al cambio. Pero ésa no es la situación peruana.
La crisis y el gobierno autoritario se han encargado de minar las instituciones y desarticular la sociedad. De tal manera que cuando el gobierno empieza a ser carcomido por el descontento popular, aparece con más nitidez la incertidumbre del futuro.
Consecuencia inevitable del período que hemos vivido. Pero no se piense que la perpetuación de Fujimori es el mal menor frente a un eventual caos. Sería, en realidad, el mal mayor.
Quizás todavía la sociedad peruana esté a tiempo para forzar el fin de este régimen por caminos democráticos. Es decir, en los plazos establecidos y por los medios conocidos. Para ello tendrá que luchar contra los intentos cada vez más desesperados -y probablemente más violentos-, de la cúpula cívico militar enquistada en el poder.