Blanca Nélida y los Enanitos
De cómo una vez más una personalidad sometida al Ejecutivo acepta ser el símbolo de la subordinación del Ministerio Público.
LA historia empezó a cocinarse hace ya algunos meses. Ya había sido un escándalo prolongar el mandato de doña Blanca Nélida Colán (la ley Colán II) con el argumento de que era más antigua en el cargo ante los sucesivos empates con su competidor Miguel Aljovín.
Nélida Colán (54) ha demostrado ser la más fiel seguidora del séquito fujimorista en el Ministerio Público. Cuando lo de la Cantuta, se mostró dispuesta a que se castigara a los directores de la revista SI. En el caso `Vaticano' adelantó opinión y salió en ardorosa defensa de Vladimiro Montesinos. Y en general se ha hecho la de la vista gorda en más de una ocasión que pudiera resultarle negativa a Alberto Fujimori y sus huestes. De modo que había que encontrar una fórmula para que continuara dirigiendo el Ministerio Público, el instrumento dócil para evitar las denuncias contra el gobierno y el mastín para propiciar acusaciones contra los contradictores.
Así la fiscalización queda nula. Es una avestruz en el Legislativo, es una tortuga bisoña en la Contraloría y se torna camaleónica en el Ministerio Público.
Blanca Nélida Colán, un nombre ligado a los momentos menos propicios para la independencia y autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público.
La fórmula salvadora era quitarle transferir las prerrogativas del Fiscal de la Nación al presidente de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Publico, bajo el pretexto de facilitar el proceso de reforma judicial. Se desvestía un santo para vestir otro, ha dicho Jorge Avendaño para explicar este insólito strip tease.
Y es que al salir Nélida Colán de la Fiscalía su sucesor probable era Miguel Aljovín, un magistrado de cuya independencia nadie duda. Quien tenía que convocar a la Junta de Fiscales antes de la finalización del año '96 era Pedro Pablo Gutiérrez, el que se hizo el remolón porque la fiscal Nélida Colán se encontraba en Alemania y porque aún no se había terminado de cocinar el esperpento que se ha dado en llamar la Ley Colán III.
La referida ley no sólo le quita potestades al Fiscal de la Nación, sino que le otorga a la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público (que preside Blanca Nélida Colán según una ley previa que se lanzó en previsión de que aún dejando el cargo de Fiscal mantuviera incólume su obsecuente poder) la facultad de nombrar "provisionalmente" fiscales supremos, superiores y provinciales.
De ese modo, el Consejo Nacional de la Magistratura se convierte también en un fantasma sin mayor poder. En el largo y discutible proceso de la llamada reforma del Poder Judicial, este Consejo cuya existencia data de finales del 1994 trató de acabar con el sistema de la provisionalidad de los jueces y los magistrados.
Miguel Aljovín podría ser el nuevo (pero disminuido) Fiscal de la Nación.
Por eso es que el día domingo 5 de enero, un día antes de que se aprobara la ley Colán III, el Consejo emite un comunicado en contra del proyecto presentado por Oscar Medelius, presidente de la Comisión de Justicia, declarando que se trata de una iniciativa inconstitucional.
Ese comunicado lo suscribe el primer presidente del CNM, Carlos Montoya Anguerry, un magistrado que si bien no es un personaje público en la esfera jurídica, universitaria y judicial, sobresale por dos virtudes fundamentales: es un hombre ponderado y absolutamente incorruptible.
Su nombramiento no es producto ni del azar ni del afán de figuración. Cuando la Junta de Fiscales Supremos y la Sala Plena de la Corte Suprema se reunieron para nombrar sus delegados ante el CNM, curiosamente ambos coincidieron en un nombre: Carlos Montoya.
Tuvo él que optar a quién representar y, a pesar de que no llegó a ser Vocal Supremo Titular porque el poder aprista le cerró el paso, lo hizo a nombre del Poder Judicial.
Montoya Anguerry siendo presidente de la Corte Superior de Lima, en 1986, cuando los luctuosos sucesos de los penales fue llamado por el entonces Presidente de la República para que al igual que el Fiscal de la Nación (en ese entonces César Elejalde) se apersonara al lugar de los hechos y le diera visos de legalidad a la situación. Cortés pero firmemente, Montoya contestó: "Sr. Presidente, esa función no me corresponde, el Poder Judicial no recibe órdenes, no iré".
Empezó a conocer el poder de la venganza. Se presentó en tres ocasiones para ser ascendido, y siempre fue bloqueado. Renunció al Poder Judicial, ingresando a la cátedra en la Universidad Católica. Su retorno a la magistratura fue por eso no sólo un acto de reconocimiento a su valía, sino también un desagravio.
La forma en que el oficialismo ha aprobado la ley Colán III rompe la tregua política suscitada por los incidentes de la residencia de la embajada del Japón. Y lo hace en un momento que, como se los advirtió su correligionario Carlos Ferrero, era preciso más bien tender puentes de unidad.
