Por HAROLD FORSYTH
EL osado e insolente asalto a la Residencia de la Embajada del Japón por un comando del denominado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru ha puesto en entredicho el prestigio del aparato de seguridad del gobierno, lo que constituía -tal vez- su prenda más valiosa y el emblema de su éxito.
Esto, unido a la inusual escala del operativo emerretista, ha generado un comprensible debilitamiento del sentido de orientación del país. El MRTA es consciente de este hecho y sabe sacarle el mejor partido.
Es, en consecuencia, un error que el gobierno se autocoloque en la condición de única contraparte del MRTA, pues, de este modo, lo legitima como factor de poder e impide que el resto del país perciba con claridad su condición de parte agraviada. En este mismo razonamiento, es fácil que el gobierno obtenga apoyos apriorísticos pero muy difícil que alguien quiera compartir los costos de un eventual desenlace crítico.
Una clara muestra del desconcierto ciudadano está en las propuestas para un acuerdo de paz con el MRTA y la legalización de dicho movimiento subversivo, lo que ha sido planteado por diversas personas. Veamos ambas opciones.
Se ha dicho que los ejemplos de Colombia, El Salvador y Guatemala son buenos antecedentes para un eventual acuerdo de paz entre el MRTA y el Estado peruano. No obstante, para que pueda darse un acuerdo como el sugerido es preciso que el movimiento insurgente tenga alguna raigambre popular, controle una zona geográfica del país, posea columnas militares organizadas o semiorganizadas y, finalmente, que el Estado sea virtualmente incapaz de vencerlo o derrotarlo.
En el caso del MRTA no se da ninguna de estas circunstancias, todas las cuales sí se dieron en los países señalados. En consecuencia, un acuerdo de paz entre el Estado peruano y el MRTA es no sólo improcedente sino impensable, al margen de que ningún arreglo de esa índole se ha alcanzado a partir de un hecho abiertamente delictivo.
La legalización del MRTA no debe, sin embargo, verse dentro de esa misma perspectiva por la simple razón de que la existencia "oficial" de las organizaciones político-partidarias sólo se da con base en el registro respectivo del Jurado Nacional de Elecciones. Y para que dicho máximo organismo electoral proceda a inscribir a cualquier organización basta que se presente una relación de firmas de ciudadanos equivalente por lo menos al 4 por ciento del actual cuerpo electoral, lo cual implica unas 460 mil.
De modo que la "legalización" del MRTA no depende ni del Presidente de la República ni de cualquier otra instancia de poder, sino de la propia capacidad de dicho movimiento para obtener el número de firmas que actualmente contempla la ley. Cierto es que se trata de una valla excesivamente alta y antidemocrática en esencia, pero ese desafío desproporcionado es el mismo para cualquier organización política, incluidos -por ejemplo- el Apra y el PPC, que están fuera del registro respectivo al no haber alcanzado el mínimo de votos pre-visto por la ley en las últimas elecciones generales.
Si el MRTA aspira a desenvolverse en la vida oficial del país tiene expedito el camino a través de la obtención de las firmas que manda la ley, inclusive utilizando su misma sigla. Esto no tiene relación alguna con las cuentas pendientes con la justicia que tienen o podrían tener algunos dirigentes o militantes de dicho movimiento. Ese es, en todo caso, un tema del Poder Judicial y no del Jurado Nacional de Elecciones.
Hay un proyecto de ley que disminuye el requisito de las firmas del 4 por ciento del cuerpo electoral al 2.5, suma esta última que alcanza unas 300 mil adhesiones. El irrisorio cambio propuesto no modifica para nada las cosas pues la valla sigue siendo inalcanzable. Lo lógico es que, como en cualquier país elementalmente democrático, el requisito no sea superior al 1 por ciento, lo que implica unas 120 mil firmas.
Contrariamente a lo que algunos piensan, la clave del sistema democrático reside en abrir juego pues parapetarse en una legislación draconiana es tapar el Sol con un dedo. Es siempre mejor que los electores tengan la última palabra, aunque el menú tenga algunos ingredientes de dudosa calidad.
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