El oficialismo desplegó todas sus armas (incluyendo el hurto, la amenaza y la intromisión del Congreso) para vencer la terca, ejemplar, resistencia de tres magistrados del Tribunal Constitucional. Lo que consiguió fue el rechazo a la reelección y un descrédito general ante la opinión pública.
Magistrada Delia Revoredo: el acoso doméstico llegó hasta su camioneta. A la derecha, el armario que fue violentado en el TC.
EL sábado 18 de enero, Delia Revoredo de Mur fue avisada de que las 3 llantas de su camioneta habian sido robadas. Era la última de una serie de provocaciones que venía sufriendo desde que en el Tribunal Constitucional decidiera dar la batalla en defensa de la Constitución.
José García Marcelo: una triste actuación, una censura y el pedido de que abandone el TC.
Ella, al igual que Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry, postulaban que la "Ley de Interpretación Auténtica" era inconstitucional. Coincidían así con el sentido común de la mayoría de peruanos a quienes se les quería persuadir de que el actual mandatario iba por primera vez a la reelección, sabiendo todo el mundo que era la segunda.
El oficialismo quería que todos los peruanos olvidáramos que Fujimori ya había sido elegido en 1990 y que el artículo de la nueva Constitución que permitía la reelección se hizo bajo la convicción y la promesa de que Fujimori no se volvería a presentar el año 2000.
Las cosas en el Tribunal Constitucional, que tenía que pronunciarse a solicitud del Colegio de Abogados, sobre la constitucionalidad de la llamada ley de interpretación auténtica, se fueron agriando en una historia que enconó los ánimos y puso al descubierto que todos los pasos del oficialismo fueron calculados para que la existencia de este organismo fuera virtualmente imposible.
Presidente del TC, Ricardo Nugent: dudo, luego me anulo. Al lado titulares contradictorios sobre el fallo contra la reelección.
Primero, la elección de los miembros, donde se filtraron dos personajes de antología: José García Marcelo y Francisco Acosta Sánchez. El primero, ex capellán del Ejército, relacionado con el asesor Vladimiro Montesinos, candidato al CCD por Cambio 90 y Nueva Mayoría. El segundo, viceministro de Trabajo de Carlos Torres y Torres Lara que tuvo el cuidado de no apuntar este detalle cuando postuló para ser magistrado del TC.
Luego la exigencia de 6 votos (sobre 7 miembros) para declarar la inconstitucionalidad de una ley, con lo cual se impedía que prosperaran las acciones contra flagrantes violaciones de la Constitución.
El fallo del TC fue dado a conocer el jueves 16 de enero, tras vacilaciones que forman parte de una larga discusión jurídica y en las que se veía claramente que todos los miembros habían sido objeto de presiones del gobierno. Así dos magistrados, que originalmente habían suscrito una sentencia que declaraba inaplicable la ley de interpretación auténtica para el caso de Alberto Fujimori, retiraron luego su firma (Ricardo Nugent, además presidente del TC, y Guillermo Díaz Valverde). Luego éstos se abstuvieron, diciendo que ya habían adelantado opinión, complicando aún más las cosas.
Lo concreto es que quien mantuviera su posición de rechazo a la ley de intepretación auténtica no podía hacer valer sus razones, por muy bien fundamentadas que estuvieran. Tres magistrados fueron prisioneros de una telaraña jurídica fraguada por el oficialismo, por eso es que se planteó la posibilidad del "control difuso", una figura jurídica que ha sonado en estas semanas con familiaridad similar a la de una marca de detergente.
Presidente Alberto Fujimori: ¿reconocerá que le han hecho un flaco servicio? Derecha, Guillermo Díaz, Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca: un drama con calidades distintas.
La reacción del gobierno al fallo del TC (que aprobó la inaplicabilidad de la ley en base al control difuso por tres votos contra 4 abstenciones) ha sido naturalmente desaforada. Y es que se quiere imponer la candidatura de Fujimori a como dé lugar.
La oportunidad es la menos adecuada. Cientos de periodistas extranjeros que están en el Perú por la crisis de los rehenes han dado una información amplia sobre este grave incidente jurídico y político. Indirectamente el gobierno aparece como un régimen autoritario que impone su criterio a rajatabla. ¿No es ésto una forma concreta de favorecer al MRTA, que argumenta precisamente que su acto brutal forma parte de una lucha contra un régimen que no respeta las leyes?
Como ha señalado Delia Revoredo, la actitud de los tres magistrados del TC no debe interpretarse como un acto político antifujimorista. Ella misma se ha confesado partidaria del Presidente y de su labor, pero si lo que se busca es la reelección hay que optar por el camino correcto.
En este caso, el régimen pudo y puede proceder a la reforma de la Constitución en su artículo 112, o apelar al referéndum. Incluso un aliado del régimen como el congresista Enrique Chirinos Soto -si bien contrario a la existencia del TC- ha señalado que la mayoría debería tener la valentía de ir a un referéndum para que la elección eventual de Fujimori para un tercer mandato no esté empañada por la ilegitimidad de una ley inconstitucional como la de interpretación auténtica.
La confusión campea hoy en la opinión pública. Sin embargo, se pueden desprender algunas conclusiones precisas y lógicas:
