Por FERNANDO ROSPIGLIOSI
Récord de Ineficiencia
LA marca latinoamericana batida por la toma de rehenes en la residencia del embajador japonés en Lima, pareciera no afectar al presidente Alberto Fujimori. La verdad es que debería preocuparle, porque es también un récord de ineficiencia e incapacidad para resolver un problema muy grave.
Durante más de seis semanas -entre el 28 de diciembre y el 11 de febrero- las conversaciones estuvieron suspendidas, lapso en el cual Fujimori y sus socios militares pensaron desgastar y cansar al comando emerretista que tiene tomada la embajada. Y eventualmente, provocar un incidente que pudiera justificar un asalto violento.
Fracasaron, pues los subversivos ni se cansaron ni se ablandaron, como demuestran las posiciones sostenidas por Rolly Rojas, "El Arabe", en las llamadas conversaciones preliminares.
Las provocaciones policiales de fines de enero, organizadas por el SIN y el Comando Conjunto, terminaron lastimosamente con el jalón de orejas que le propinó el gobierno japonés al peruano, obligándole a reiniciar perentoriamente las negociaciones.
La arrogancia gubernamental de negarse a usar un mediador, suponiendo que en conversaciones directas, cara a cara, podrían resolver rápidamente el problema, también naufragó.
Hoy día el gobierno parece reconocer la necesidad de un mediador que trate de acercar las posiciones de las partes sin comprometer a ninguna, como reclamó tempranamente el embajador Antonio Belaúnde Moreyra, con base en la secular experiencia de la diplomacia. Y como ha fundamentado extensamente en CARETAS el experto en negociaciones de la universidad de Harvard, Roger Fisher.
Así, a lo largo de más de dos meses, el gobierno se ha movido a trompicones y en zig zag. Por supuesto que cuando todo termine, Fujimori presentará sus tambaleantes pasos como una estrategia perfectamente diseñada y fríamente calculada, como hizo con todo desparpajo en 1995, después de la derrota con Ecuador, cuando afirmó que sus ilusos viajes al país vecino en 1992 habían sido para engatusar a los ecuatorianos, cuando en realidad los únicos engañados fueron él y sus amigos militares.
El gobierno también ha retrocedido en su intento de liquidar la Comisión de Indultos que preside el defensor del pueblo, Jorge Santistevan. Después de que voceros oficialistas anunciaron que no habría prórroga, extendieron su funcionamiento por el plazo que había demandado Santistevan.
La Comisión no está directamente vinculada al asunto de la residencia, pero es obvio que existe una relación en tanto se ocupa de la situación de presos acusados por terrorismo.
Uno de los errores que todavía no ha corregido Fujimori es el de blandir la amenaza como un arma de negociación. El lunes pasado, reiteró por enésima vez la posibilidad de una intervención militar si le pasa algo a alguno de los rehenes.
En otras palabras, si por desgracia algún rehen sufriera -por ejemplo- un infarto, que puede tener o no que ver con su cautiverio, el país debería resignarse a un inevitable desenlace violento y a la probable pérdida de las 71 vidas restantes, según la lógica del gobierno. Porque como es obvio, los terroristas estarían advertidos de que se prepara un ataque y la intervención terminaría en una masacre.
¿Qué lógica es esa? ¿Acaso las amenazas han podido doblegar a los emerretistas o los han hecho más permeables? Todo lo contrario, a las agresiones verbales, los subversivos han respondido subiendo también el tono y endureciendo sus posiciones. Lo cual es -además- perfectamente previsible para cualquier entendido en negociaciones.
A menos, claro está, que todas esas torpezas sean en realidad parte de una deliberada política para bloquear la posibilidad de una solución negociada y pacífica.
Si se tiene en cuenta que el presidente Alberto Fujimori se apoya casi exclusivamente en Vladimiro Montesinos y la cúpula castrense para manejar el tema de la crisis de rehenes, es probable que esté siendo inducido a un manejo confrontacional.
A Montesinos, maestro de la manipulación, no debe serle difícil orientarlo en ese rumbo, al que Fujimori está predispuesto por su personalidad autoritaria.
Hasta ahora el contrapeso del gobierno japonés ha impedido un desenlace sangriento, pero la prolongación de la crisis aumenta las probabilidades de una tragedia.
