Segundas Intenciones
Se reabre caso judicial involucrando a magistrada
del TC mientras el Congreso investiga sus denuncias.
Magistrada Delia Revoredo ante Comisión Investigadora del Congreso: no parecía la denunciante.
Inesperadamente la investigación sobre las sustracciones producidas en el Tribunal Constitucional, que hace unas semanas causaron revuelo en la opinión pública (CARETAS 1449), fueron momentáneamente interrumpidas para dar cuenta, entre otros asuntos, de una sorprendente conclusión. Según la secretaria de la comisión investigadora que preside Martha Hildebrandt, Edith Mellado, no hubo robo sino "sustracción" de documentos.
Al parecer dicha conclusión se basa en la copia del informe emitido por la Oficina de Control Interno del Tribunal Constitucional y por el oficio suscrito por el presidente del tribunal, Ricardo Nugent. El informe dice que "no ha sido posible identificar al o los autores de la presunta sustracción de un documento del maletín de la doctora Esmila Zevallos (asesora de la magistrada Delia Revoredo, denunciante del robo)".
El caso trasciende al robo o "sustracción" o "remoción" de documentos. El hecho es que los magistrados independientes cumplen sus funciones en un clima enrarecido por el asunto de la reelección presidencial (CARETAS 1447). Pese al pataleo que siguió a la decisión del TC declarando que la Ley de Reelección no era aplicable para el caso del presidente Alberto Fujimori, lo cierto es que se trata de un fallo ajustado a derecho. Lo ha reconocido en un comunicado inclusive el presidente del TC, quien en su momento se abstuvo de pronunciarse sobre el tema.
Los hechos producidos posteriormente dan qué pensar. A las sustracciones denunciadas por los magistrados Revoredo y Guillermo Rey Terry, se sumó el robo al vehículo de la magistrada, la aparición de agentes de seguridad del Estado en las inmediaciones de su domicilio y la reapertura de la investigación sobre la importación supuestamente ilegal de un vehículo de propiedad de su esposo, Jaime Mur (CARETAS 1447). Hasta entonces dicha investigación había sido archivada porque se comprobó que la operación era lícita.
El manejo de la investigación tampoco ha sido muy feliz en las formas. La magistrada Delia Revoredo acudió a declarar ante la Comisión Investigadora para esclarecer el robo de documentos, pero fue ubicada en mesa de tal manera que parecía más bien una acusada.
Por otro lado la congresista Martha Chávez de Ocampo, con su acción de amparo contra la resolución del TC que cierra el camino a la segunda reelección, parece tener como objetivo que sea el TC el que revise dicha resolución. Sí así fuese, para algunos, los magistrados que votaron por la inaplicabilidad de la Ley de Reelección tendrían que inhibirse.
SIMIENTE LEGAL
Al cierre de esta edición era un hecho la aprobación de la Ley de Semillas en el pleno del Congreso del miércoles 26. El dispositivo legal introduce una suerte de precios refugio para los principales productos de pan llevar. Se trata de una ayudita al alicaído sector agrícola recurriendo, por cierto, a un mecanismo que parecía desterrado por obra y gracia del liberalismo. ¿Qué dirán al respecto los asesores del ministro de Economía y Finanzas Jorge Camet?
ARBITRIOS CENTRALES
La Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó por mayoría en la sesión de Concejo del último martes la cobranza de arbitrios por concepto de limpieza pública, parques y jardines públicos y servicio de serenazgo, los mismos que empezarán a cobrarse mensualmente a partir de fines de abril. El valor de estos arbitrios resultará del cálculo del valor del predio y el costo del servicio repartido entre los 90,000 contribuyentes que tiene el Cercado. En ningún caso, el valor de los arbitrios superará 2 UIT (S/. 4,800). El 60% de los contribuyentes del distrito tiene la llamada tarifa social lo que supone que arbitrio mensual le costaría alrededor de S/. 7. Los montos mayores serán aplicados a los grandes comercios e industrias afincadas en el distrito. Están exceptuados de estos arbitrios las iglesias, bomberos, PNP, embajadas y dependencias de la MML. Las proyecciones anuales de la MML señalan que se captarían S/. 42 millones por limpieza; S/. 9 millones por parques y jardines; y S/. 14 millones por serenazgo.
REUNION DE FONDO
Jaime Cáceres: proyección internacional.
Las delegaciones de los once países integrantes de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, entidad fundada en Santiago de Chile el año pasado, se reunirán en Lima el próximo jueves 17 para celebrar su Segunda Asamblea Anual. La decisión de realizar la cita en nuestro país tiene que ver con la expansión de los sistemas privados de pensiones, que "avanza como reguero de pólvora", al decir de Jaime Cáceres, presidente de la Asociación de AFP del Perú. El titular de la federacion es Pedro Corona, a su vez presidente de la Asociación de AFP de Chile, y el primer vicepresidente es el propio Cáceres, quien al igual que los máximos representantes de Adex, Confiep y, tal parece que próximamente, SNI, acaba de ser reelegido. En su caso se trata por cierto de la segunda reelección.
PALABRAS MAYORES
Defensor del Pueblo Jorge Santistevan: claro pronunciamiento sobre el caso Cesti.
En resolución fechada el lunes 24, el Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega ha puesto los puntos sobre las íes en el caso de Gustavo Cesti Hurtado (CARETAS 1455).
Santistevan recomienda al juez penal ante quien se inició el proceso penal, al presidente de la Sala Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima y al presidente de la Corte Suprema "que lleven a cabo las acciones necesarias para disponer el inmediato cumplimiento de la sentencia estimatoria de habeas corpus".
Pero ahí no queda la cosa.
Asimismo, recomienda al Consejo Supremo de Justicia Militar que cumpla con la sentencia dictada en el proceso de habeas corpus, "sin perjuicio de que las investigaciones continúen ante el órgano judicial competente para determinar la eventual responsabilidad penal del señor Gustavo Cesti".
Este, como se sabe, fue detenido el 28 de febrero pasado y su caso fue trasladado al tribunal castrense, pese a que existía un fallo castrense a su favor.
La Sala Especializada de Derecho Público ratificó hace dos semanas su resolucion del pasado 13 de febrero donde declara fundada una acción de habeas corpus en favor de Cesti (CARETAS 1456). La situación de Cesti, sin embargo, no varió un ápice.
Ahora es la palabra y la autoridad del Defensor del Pueblo las que deben atender quienes hasta ahora han hecho caso omiso a la ley.
