El Voltaje del Miedo
Salvaje operativo militar contra campesinos y colonos de Chanchamayo y Oxapampa, acusados injustamente de terrorismo.
En esta escuelita de Alto Yurinaki congregaron a los detenidos. Derecha, coronel Juan Loayza, supuesto artífice de las torturas.
Un balde con agua y detergente y una batería sirvieron de instrumentos de tortura.
LA PRIMERA VICTIMA
La tranquilidad reinaba hasta el 24 de febrero. Entonces una patrulla militar ingresó de madrugada a la casa de Fortunato Chipana, 34, un humilde campesino a quien dispararon en la pierna destrozándole una arteria, en presencia de su mujer Florencia Roldán y de su hijita de 4 años. La versión militar es que Chipana intentó huir por la ventana pero la viuda dice que lo "agarraron de los cabellos, lo aventaron al piso y le dispararon en el suelo". Eran las dos de la madrugada y la patrulla se llevó al herido con dirección a la posta. Nadie se explica por qué demoraron dos horas en un trayecto que no toma más de quince minutos. Lo cierto es que Chipana murió desangrado.
La viuda de Fortunato Chipana con sus abogados. Derecha, el fiscal Victoriano Núñez, quien reemplazó la cinta de ley por el uniforme militar.
Todos están de acuerdo en que el asesinato debe investigarse. El alcalde de Chanchamayo y el de Villa Rica, el párroco de La Merced, el fiscal provincial Santos Sánchez Vargas y el juez en lo Penal Enrique Salazar. El único denunciado hasta el momento es el subteniente de Infantería Marco Antonio Quispe Yucra. "El caso es muy reservado", admite el juez que aún no abre instrucción en espera de la inspección ocular. La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) que dirige Francisco Soberón y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos bajo responsabilidad de Sofía Macher han tomado personalmente este caso. Por lo pronto la viuda Chipana tiene asesoría legal de Antonio Salazar de Ceapaz en Lima y del abogado Lora Loza en Oxapampa.
A partir de esa noche empezaron las violentas operaciones de rastrillaje que culminaron con la detención de 38 personas. En el ambiente flota la certeza de que la "orden vino de arriba". Un reportaje de la agencia Reuter transmitido a principios de febrero por televisión, daba cuenta de que por la zona se entrenaban unos 30 emerretistas de la columna José Santos Atahualpa. Había pues que coger a unos 40 para demostrar al mundo que la columna había sido derrotada.
LA NOCHE NEGRA
La primera semana de marzo, el operativo tomó por sorpresa a los habitantes de Villa Rica, Eñeñaz y Pichanaki. El 9, 10 y 11 de marzo las detenciones continuaron en Alto Yurinaki y Alto Chincarmaz.
Nativos, campesinos, colonos, comerciantes, menores de edad y dos mujeres de 17 y 18 años de edad fueron detenidos y torturados para que se autoinculpasen. Los testimonios que dieron al salir libres, pueden formar parte de una de las más espeluznantes historias de horror. Ellos hablan de ahogamiento, golpes, disparos simulados, picas con corriente, amenazas con botarlos desde un helicóptero poniéndoles medio cuerpo al aire y asedio a las jóvenes a quienes desnudaron previamente.
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Los familiares del comerciante Augusto Elguera, con falaz información aparecida en el diario El Sol.
Según Aprodeh, ellos fueron sindicados por el soldado Edwin Vásquez, un sinuoso personaje que a sus 18 años fue senderista, arrepentido, emerretista y ahora informante del Ejército. Pero además de los 38 detenidos, hay 4 conscriptos presos acusados de pertenecer al MRTA. Para algunos testigos, los cuatro soldados cubiertos con pasamontañas que se encargaron de señalar a sus presuntos cómplices, estaban a su vez sometidos a torturas. "Idiotizado estaba el soldado. Sólo decía, sí, ése es y bajaba su cabeza", dice uno de los liberados. Otro hace una grave denuncia: "a un soldado que se llama José lo han matado. Se lo llevaron atrás y lo he escuchado gritar y llorar y después no ha regresado". El coronel Juan Loayza y su lugarteniente "Atila", ambos de la base de Pichanaki, se habrían encargado personalmente de esta perversa "administración de justicia".
Sofía Macher, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de DD.HH. y Francisco Soberón de Aprodeh con dirigentes yaneshas.
Un comunicado oficial del Ministerio de Defensa publicado en un diario capitalino, da cuenta del operativo "victorioso", muestra las fotos de los "terroristas" con sus alias y responsabilidades políticas y concluye con un acta de "reconocimiento de armas" firmada por el general José Huertas, jefe político militar de la 31 División, el fiscal Victoriano Núñez y el detenido Paulino Solís Taype.
Lo curioso es que el fiscal Núñez, quien debería velar por la imparcialidad del acto, se presentó vestido de militar. Al ser interrogado por CARETAS contestó con una confusa y cantinflesca perorata. "Es que no tengo presupuesto para ropa y como estaba de civil y se me ensuciaban las zapatillas, el general me proporcionó el uniforme. Además, era viernes a las 4 de la tarde y ya era mi hora de salida, no tenía tiempo de cambiarme. Pero yo no me dejo presionar por nadie porque respondo como varón ante cualquier persona". En fin. Lo cierto es que al profundizar las investigaciones las armas "encontradas" no fueron tomadas como prueba por la Policía.
Walter Mendoza, enérgico alcalde de La Merced.
CAE LA FARSA
A diferencia del trato del Ejército, todos los detenidos resaltan el trabajo de la Policía, tanto en Chanchamayo como en la Dincote de Lima. El mayor Cruz Peralta de la Secote, disciplinado seguidor del "Pensamiento Benedicto" es paradignma de lo que significa priorizar el trabajo de inteligencia en lugar de la fuerza irracional y abusiva. El propio presidente Fujimori ha señalado "errores y excesos" en este lamentable caso, pero el retroceso en la guerra contra la subversión y la inestabilidad ciudadana que supone el uso del terror tiene culpables que hay que señalar y sancionar.
