Saltó la Liebre
Amenaza de antejuicio a magistrada Revoredo,quien votó por inaplicabilidad de la Ley de Reelección.
Los descargos han caído en saco roto, y el antejuicio podría saltarse a la garrocha el TC.
Eso de importar un Mercedes Benz usado siendo un miembro no oficialista del Tribunal Constitucional, está resultando ser peor que estrellarse en la carretera con un ómnibus interprovincial (CARETAS 1458 y 1459). Ahora la Sala de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Lima que preside Raúl Lorenzi Goycochea e integrada por los vocales Orestes Castelares Camac y Manuel Adeelid Ruiz Cueto, ha revocado la decisión exculpatoria del juez penal de primera instancia, Víctor Durand Prado, y ha resuelto se abra instrucción contra Jaime Mur y la gerente general de Pan Pyc, Blanca Paiva, por el supuesto delito de contrabando, al mismo tiempo que dispone se inicie el antejuicio a Delia Revoredo de Mur, magistrada del Tribunal Constitucional, en el Congreso, saltándose a la garrocha el TC.
A Revoredo le asiste el derecho a un doble antejuicio, primero por parte del TC, y sólo en caso de hallársele indicios de responsabilidad por el delito que se le acusa, por parte del Congreso. Sin duda la resolución de marras es a la Justicia, lo que un Tico es a la industria automotriz.
No es el único nubarrón que se abate sobre el TC. La división entre sus miembros se hace cada día más notoria. El magistrado José García Marcelo, acusado de la sustracción de documentos del TC, alega ahora que los cargos en su contra denunciados por la magistrada Revoredo fueron utilizados por ésta para protegerse de la acusación de haber realizado una operación comercial ilícita. Presunción inaceptable en un abogado que además ha sido capellán.
García Marcelo la ha emprendido también contra los magistrados Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca por el tema de la inaplicabilidad de la Ley de Reelección Presidencial. Ricardo Nugent, presidente del TC, ha tenido que salir al frente para dar su respaldo a los magistrados Revoredo, Aguirre y Rey.
Todo esto se produce en el marco de la presentación de un proyecto de ley destinado a crear la figura de los magistrados suplentes en el TC, a imagen y semejanza de lo que ocurre con los vocales de la Corte Suprema. De esta manera se evitaría que en el TC ocurran entrampamientos, dando paso a la figura de la inhibición o recusación de uno o más magistrados.
A propósito de la propuesta hay quienes consideran que los llamados a ser suplentes son los candidatos que quedaron en el camino, entre ellos el controvertido Augusto Antonioli. Otros, sin embargo, son de la opinión que debe realizarse un nuevo proceso de selección.
Por lo pronto el TC deberá resolver a más tardar el martes 22 las acciones de inconstitucionalidad contra la ley que modifica el goce de jubilicación de pensiones del IPSS y sobre el funcionamiento de la ONP.
VUELO CONJUNTO
Americana de Aviación y National Airlines, línea aérea chilena que sirve a entre 12 y 15% del mercado de ese país, han suscrito un acuerdo preliminar de asociación comercial. La alianza permitirá a la línea aérea peruana culminar con el proceso de saneamiento económico y financiero emprendido por la empresa y repotenciar la flota. Americana cuenta con tres aviones Boeing cuyo mantenimiento, dispuesto por la DGTA, en las últimas semanas ha obligado a la empresa a suspender sus operaciones en algunas rutas. El acuerdo viene siendo materia de perfeccionamiento legal y estará culminado en unas semanas.
CANDENTE INFORME
Beatriz Ramacciotti y las consecuencias del informe de la CIDH.
La sección sobre Perú contenida en el capítulo IV del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) ha puesto de vuelta y media al gobierno y a la embajadora del Perú en la OEA, Beatriz Ramacciotti, quien habría llegado a amenazar con retirar el ofrecimiento para que la Asamblea General del organismo se realice en el país. La CIDH debe presentar su informe anual a la Asamblea General, la cual este año se llevará a cabo en Lima del domingo 1 al miércoles 4 de junio. Dicho informe incluye las principales actividades de la Comisión y da cuenta de la situación de los derechos humanos en diversos países. Así se aprobó en la sesión de marzo de la CIDH y debía ser enviado para su consideración por los cuerpos políticos de la OEA. Pero salió con retraso, fue retenido y luego devuelto a la CIDH sin que se sepan las razones de tan insólito proceder. Finalmente fue entregado al secretario general de la OEA, César Gaviria, el viernes 11 y éste lo habría remitido el jueves 14 al presidente del Consejo Permanente para su distribución. Este, el órgano político de mayor jerarquía, refiere el Informe a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (presidida por la embajadora Ramacciotti). Es en esa instancia donde los países pueden presentar sus observaciones. El Perú ha criticado duramente el procedimiento seguido por la CIDH, pues no habría sido entregado con el tiempo necesario para realizar las observaciones correspondientes antes de la aprobación definitiva. Y lo mismo habría ocurrido con los informes correspondientes a Colombia, Cuba y Guatemala. La próxima semana el Consejo Permanente o su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos examinarían el Informe que, por el momento, permanece celosamente en reserva.
CLAVO Y CANELO
Raúl Canelo: apuntalaría la reforma judicial.
Desde noviembre pasado el cargo de secretario ejecutivo del Consejo de Coordinación Judicial que ocupaba la ministra Miriam Schenone se encuentra vacante. No por mucho tiempo, al parecer. Se vocea para el cargo al actual secretario general de la Pontificia Universidad Católica, Raúl Canelo Rabanal.
Dicho Consejo está integrado por Víctor Raúl Castillo, presidente de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, Blanca Nélida Colán, presidenta de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, Róger Rodríguez Iturri, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. El secretario ejecutivo tiene derecho a voz y voto. Además es el encargado de coordinar que los tres estamentos marchen parejos en curso de la reforma judicial emprendida por el secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, José Dellepiane. Hasta el momento esa articulación es uno de los puntos más flacos de la reforma. Pese a su cercanía a Dellepiane, el paso de Schenone por la secretaría ejecutiva del Consejo de Coordinacion Judicial fue tan fugaz que no significó ningún avance en este sentido.
Antes de ser secretario general de la PUC, Canelo fue secretario académico de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios y es un experto en Derecho Procesal. Dado su conocimiento y experiencia en la materia, y estando a punto de implementarse los controvertidos juzgados colectivos en cada uno de los juzgados civiles como parte de la reforma, se dice que Canelo daría impulso a la medida. A Canelo se le considera un profesional independiente, sin vínculos ni ataduras.
