Mar de Fondo

Riesgo Calculado
Reglamento de provisiones bancarias saca a flote diferencias entre la SBS y ASBANC.

Superintendente Manuel Vásquez, titular de Asbanc José Nicolini: polémica abierta.

Las relaciones entre la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Asociación de Bancos (ASBANC) pueden sufrir un nuevo enfriamiento a raíz del controvertido Reglamento de Provisiones que dispone la nueva Ley de Bancos.
Las provisiones son los recursos que los bancos están obligados a inmovilizar en salvaguarda de los préstamos que otorgan. Según el nuevo reglamento de provisiones (que se aprobaría en estos días) si el crédito se califica como:

Normal o sin riesgo: se provisionará el 1% (antes no se provisionaba).

Con problemas potenciales: la provisión será 5% (antes era 1 %).

Deficiente: la provisión será de 20 % (antes era 25%).

Dudoso: la provisión será de 60 % (antes era de 50%).

Pérdida: la provisión será de 100 % (no hay cambios).
El superintendente Manuel Vásquez ha decidido pues aumentarlas de manera sustantiva. Claro que no es de inmediato, sino que se otorga un plazo de tres años y medio para adecuarse a la propuesta.
Hace algunas semanas los miembros de ASBANC señalaron que las nuevas obligaciones llevarían a elevar las tasas de interés en 3 %, cálculo luego desestimado por el especialista Juan José Marthans.
Cuando se discutió la Ley de Bancos sus defensores sostuvieron a la ligera que la nueva política de provisiones se basaba en los líneamientos del Acuerdo de Basilea (cumbre mundial de los banqueros de los países desarrollados). Sin embargo, esto no es exacto. En rigor dicho acuerdo no se ha pronunciado sobre el tema, afirma un funcionario del BCR.
Aumentar las provisiones fortalece el sistema financiero, pero el nivel propuesto supera claramente los estándares internacionales.
Una fuente cercana a la SBS señala que esto se debe a que los riesgos de volatilidad de los capitales de corto plazo son mayores, pues entran y salen sin mayor discreción, aunque el presidente de Confiep y del Banco Latino asegura que los banqueros están siendo más cautos. Por ejemplo, las provisiones para créditos con riesgos potenciales se sitúan en 5 % y en todo el mundo no exceden del 1 ó 2%. Unicamente en Argentina llegan a 3 %. Claro que para el nivel siguiente (créditos deficientes) en Argentina la provisión es de 12 % y la SBS pide 20 %.
Otro factor que ha resentido a los banqueros es que en otros países a las provisiones se les deduce el valor estimado (de manera conservadora) de las garantías. Y en la propuesta las provisiones se realizan sin deducir las garantías. De otro lado, el dispositivo de la SBS únicamente considera recalificar a los créditos deficientes en potenciales y los dudosos como deficientes cuando las garantías del cliente cubren el 90 % de sus obligaciones.
La medida es dura, aunque para muchos es necesaria. Todos los bancos del país (excepto el Banco de Crédito) se van a ver obligados a registrar un monto impresionante de provisiones.

QUIPU

Un promedio de 77,891 toneladas métricas/día de desembarque de anchoveta se registró entre el lunes 7 y martes 22 de abril, una semana antes de la suspensión de la pesca de dicha especie hasta el lunes 5. De continuar el ritmo de extracción, estimaciones del ministerio de Pesquería señalan que el martes 27, mucho antes de lo previsto, podría cubrirse la cuota de pesca fijada. Las zonas que registraron mayor volumen de desembarque fueron Chimbote (34.1% del total), Pisco (15.3%), y Chancay (12.3%). En los puertos del sur, en cambio, el desembarque fue equivalente al 0.1% del total.

Un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile citado por Informe Latinoamericano , indica que dentro del proceso de privatización ha surgido una tendencia que empieza a consolidarse: la compra de compañías privatizadas por inversionistas de otros países latinoamericanos al punto tal que empiezan a desplazar a los inversionistas ajenos a la región. La corriente la encabeza Chile con adquisiciones por US$ 2,3 mil millones, y le siguen Brasil con US$ 2.2 mil millones y Perú con US$ 1.3 mil millones.

ENMENDANDO LA PLANA

El lunes 5 el Tribunal Constitucional enviaría a El Peruano la sentencia declarando parcialmente inconstitucional la Ley 26492, mejor conocida como Ley Sacquicuray. Dicho dispositivo interpretaba la polémica Ley de Amnistía e impedía que el fuero común investigara a los miembros del grupo Colina -sentenciados por el caso La Cantuta- en relación a su presunta participación en la matanza de Barrios Altos. El fallo del TC abriría la posibilidad de que las víctimas y deudos del crimen de Barrios Altos reclamen una indemnización o reparación civil por los daños causados. Junto con esta sentencia se publicaría otra que declara inconstitucional la modernización de la seguridad social en Salud, promulgadas írritamente al amparo de las facultades delegadas. Están pendientes las resoluciones relativas a la Ley de Esterilización Quirúrgica, a la Ley Colán III, que despoja de sus facultades al Fiscal de la Nación, y a la enmienda del Código Civil por la cual el Estado sólo reconoce el valor nominal de los bonos de la Reforma Agraria (CARETAS 1451 y 1453).

COSTA BRAVA

La próxima semana tendrá lugar una reunión entre el Instituto Metropolitano de Planificación, la Municipalidad del Callao, y la Marina de Guerra del Perú para tratar la incorporación de estos organismos a la Autoridad Autónoma de la Costa Verde. La convocatoria, promovida por el regidor metropolitano Jorge Ruiz de Somocurcio, es la respuesta del municipio metropolitano al anunciado proyecto de ley que, invadiendo una vez más fueros municipales, propone crear la Autoridad Autónoma de la Bahía Lima-Callao. Esta estaría conformada por la oficina del primer ministro, el ministerio de la Presidencia y el ministerio de Transportes y Comunicaciones.

NEGACION DE LA NEGACION

Asesor Fritz Dubois y el desarreglo tributario.

No siempre es fácil entender al jefe de asesores del MEF, Fritz Dubois. En su segunda presentación ante la Comisión de Economía, el martes 29, declaró que no era partidario de que el Impuesto Extraordinario a los Activos de O.5 % -que sustituirá al Impuesto Mínimo a la Renta (IMR) en lo que resta de 1997- siga existiendo en 1998. A renglón seguido y muy suelto de huesos dijo que las opiniones respecto a que el IMR es confiscatorio son discutibles. Y para dar mayor énfasis a la evidente contradicción, agregó "creo que este impuesto (el IMR) aún tiene para un tiempo más, para seguir apoyando a la administración tributaria". Pero los expertos en tributación -inclusive el superintendente Jorge Baca, cuando trabajaba en el IPE- han demostrado hasta la saciedad que el IMR, el ISC a los combustibles y el Fonavi son impuestos antitécnicos y confiscatorios.

SEÑAL DE ATENCION

José Luis Maraví de TNP y la amenaza del embargo.

El remate de la señal de Canal 7 dispuesto por el juez Elí Méndez Meneses respondiendo a una demanda de Main TV Corporation aún pende como espada de Damocles sobre Televisión Nacional Peruana cuyo directorio encabeza Luis Alberto Maraví, ex viceministro de Transportes. CARETAS consultó el caso con Carlos Olivencia Baldasari, abogado del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (TNP y Radio Nacional), y éste sostuvo que la querella ha sido solucionada en virtud a una resolución publicada en el diario El Peruano.
Sin embargo Olivencia no supo precisar en qué fecha se publicó la salvadora resolución. Y una revisión prolija de las normas legales publicada en abril no dio señal de solución alguna.
En cambio según mesa de partes del Tercer Juzgado Transitorio de Lima el proceso judicial sigue su curso. El 26 de febrero pasado el juez Méndez dispuso el remate de la señal.
Posteriormente el juzgado de oficio dejó sin efecto el pedido de embargo alegando vicios procesales. Y a principios de abril el Procurador del ministerio de Educación, Alberto Armas Dengleri, presentó un recurso de nulidad al pedido.
Pero el martes 29 éste fue formulado nuevamente.
Ahora la jueza que ve el caso es Carmen Chávez Teves y nadie sabe, al parecer ni los propios directivos de TNP -Luis Alberto Maraví y Carlos Pizano Paniagua, gerente general, por lo menos-, qué puede ocurrir. Algunos juristas señalan sin embargo que un bien del Estado no puede, en modo alguno, ser rematado.
La jueza Chávez tiene la última palabra.