El Revés del Derecho
En escasas 24 horas, y apelando a un absurdo jurídico, se pretende castigar a 4 magistrados por defender la Constitución.
A las puertas de una interpelación que si bien no iba a develar el secreto de los ingresos del asesor presidencial Vladimiro Montesinos ni a esclarecer los turbios manejos de Popular y Porvenir, una comisión encargada de investigar la desaparición de documentos en el Tribunal Constitucional `crea una inesperada tensión política y jurídica cuyo objetivo parece ser tender una cortina de humo sobre ambos casos' en los que el gobierno tiene cifrados sus más tercos anhelos de silencio e impunidad. Este atentado ha sido promovido y suscrito por personalidades de la cultura y el derecho, si bien oficialistas con una larga actuación en la vida cívica del país. ¿Qué lleva a estos signos de sinrazón, de vuelta y media,a que se coloca el orden jurídico y político del país, tras la desaforada aventura del MRTA que invita a todos a la cordura? Se piensa que puede ser una especie de soroche del éxito. Pero es una explicación demasiado piadosa: en rigor, el gobierno aumenta su voluntad autocrática para que no se sepa nada sobre la eventual corrupción que se esconde debajo de tanto triunfalismo. Hay miedo a la verdad, y eso, en un régimen autoritario, puede resultar letal para su propia existencia. Un país que quiere avanzar, ser civilizado y democrático no puede aceptar tanta insensatez.
Mediodía del martes 6 de mayo. El presidente del TC, Ricardo Nugent
trata de frenar el empujón al vacío al que el gobierno quiere llevar al país.
EL día lunes 5 como un baldazo de agua fría la Comisión encargada de investigar presuntas irregularidades en el Tribunal Constitucional anunció que había decidido iniciar una acusación contra los 4 miembros del TC que se habían pronunciado en contra de la reelección presidencial: Ricardo Nugent, Guillermo Rey Terry, Delia Revoredo y Manuel Aguirre Roca.
Se rompía así la precaria paz que el país obtuvo tras la exitosa Operación Chavín de Huántar. No hay una explicación lógica para este acto que, a todas luces, ha contado con la anuencia presidencial.
Los cuatro magistrados deliberan en el Salón de los Embajadores, minutos antes de una valiente conferencia de prensa.
La oposición ha hablado de una venganza política intolerable, pero la acusación en realidad no desconoce el fallo del TC respecto a la reelección, ni siquiera los acusa a los magistrados por ello.
Al contrario, se sirve de una cuestión mínima -haber usado el nombre del TC para responder a una solicitud aclaratoria del Colegio de Abogados de Lima que más bien debió ser hecha a título personal- para iniciar un proceso veloz que puede llevar a la suspensión de dichos magistrados.
Como se sabe, la vida del TC aunque breve ha estado jalonada de incidentes y manifiestas provocaciones por parte del gobierno, además de estar trabado por una ley que exige una mayoría de 6 sobre 7 votos para declarar la inconstitucionalidad de una ley. Es decir, con dos miembros de la obsecuencia oficialista y la calidad ética de José García Marcelo y de Francisco Acosta (además de la oportuna variabilidad de Guillermo Díaz Valverde) , no había posibilidad alguna de que prosperara cualquier acción de inconstitucionalidad que dañase al gobierno.
Eso hace aún más extraño este afán por la confrontación que parece ser el norte del oficialismo.
Días antes, habían ocurrido varios hechos que indicaban que tras el auge momentaneo del régimen, sobrevenía el soroche de la soberbia.
Así, -se aprobó, entre gallos y media noche, la ley sobre rectificación en los medios de prensa,- la tibia acusación a los torturadores del SIE por el caso Leonor La Rosa, a la que tras los golpes también se le pide que pague una pena de 18 meses de reclusión.
-La rotunda inculpación de 19 miembros de la Policía Nacional como únicos responsables de la toma de la residencia del embajador el 17 de diciembre.
-La absurda e ilegal posición del Prefecto de Lima que decidió apoyar a los ambulantes en la batalla por el desalojo del comercio informal en Lima Histórica, en franca obstrucción de la labor del alcalde Alberto Andrade.
Este menú, incluida la intimidación a los miembros del TC, refleja varias cosas. De un lado, es probable que el escándalo que ha sobrevenido por los miembros del TC desinfle la segunda interpelación al Primer Ministro Alberto Pandolfi que tiene de nuevo como protagonista al asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Pero, hay quienes estiman insuficiente esta explicación.
La crisis de los rehenes fue, en lo político, una represa que tenía que desembalsarse al término de la misma.
El reacomodo en la cúpula del poder no ha terminado aún. Alberto Fujimori ha hecho esfuerzos muy claros por demostrar que los triunviros (Alberto,Vladimiro y Nicolás de Bari) se llevan a las mil maravillas.
Escenografía que, sin embargo, pocos se han creído. Es una sociedad, si bien secreta y temible, al mismo tiempo curiosa: más que las utilidades, los unen los pasivos.
Por otra parte, algunos asesores le han advertido al Presidente que no hay nada mejor como estar en familia, a propósito del justo goce que ha significado reencontrarse con los Pedros (su hermano y su concuñado Aritomi) y con Santiago (el otro hermano presente pero demasiado ausente).
En otros términos, el consejo se orientaba a señalarle que era la ocasión de forjar un Gabinete con " los íntimos", con aquellos que en las buenas y en las malas se mostraron eficientes y sobre todo que supieron no quemarse en las brasas ministeriales.
La tremenda Comisión: Martha Hildebrandt, Jorge Trelles, Enrique Chirinos y Luis Delgado. El error tiene mala cara.
No es una casualidad que tras estas ideas, en "Gestión" se voceara una recomposición del Gabinete Pandolfi, pocos días antes de que el Primer Ministro se presentara ante el Congreso.
Tampoco es una casualidad cordial la visita del Presidente Fujimori al Canciller Francisco Tudela, aún postrado en el Hospital Militar pero con incontenibles deseos de retornar a la palestra, especialmente porque Torre Tagle se destiñe no obstante el pundonor desplegado por Jorge González Izquierdo, uno de los candidatos al relevo.
Al momento que arreciaban los rumores de cambios ministeriales, incluyendo al primer ministro, el Presidente Fujimori visitó al Canciller Francisco Tudela.
Los malévolos creen ver en ello la posibilidad de que Tudela encabece el Gabinete. Sería una jugada de carambola, pues así los augurios de que pudiera ser un óptimo candidato presidencial para el 2000 se diluirían. La congresista Lourdes Flores Nano se ha encargado de expresar públicamente que el Canciller podría ser un candidato de consenso, idea que estuvo flotando en el ambiente y a la que, se dice, Sandro Fuentes, el ex titular de Trabajo y hombre fuerte de la SUNAT, ve con simpatía.
Los rumores de "Gestión" señalaron también que el ministro de Economía Jorge Camet (que ha sufrido en carne propia varias correcciones a su programa) podría ahora sí partir del jirón Junín. Su imagen de inflexible en la ortodoxia económica no sería ya atractiva para una etapa de franca acción reeleccionista.
Pero Camet ha demostrado una ductilidad y una afición al cargo que se corresponde con la amistad que ha logrado cuajar con el Presidente. Es posible que temas menores de política económica le hayan molestado. Sin embargo, la noticia del crecimiento del PBI (4.8% en el primer trimestre, ver Mar de Fondo) le llega justo a 30 días de la renovación contractual que Fujimori le otorga cada semestre.
Luz Salgado y Dennis Vargas Marín, miembros de una pequeña subcomisión, que el miembro de UPP Aldo Estrada se negó a integrar.
Además ha anunciado que tiene listos 20 decretos para reformar al Estado. Una manera brillante de sustituir los desestimados proyectos de Pandolfi, que por desgracia nunca encontraron un vocero persuasivo.
Se mencionó también que Dante Córdova retornaría al premierato, tras haber ratificado que logra despertar simpatías, amistades y ánimos. Pero en realidad, el ex Premier, estaba en los lagos del sur de Chile, reponiéndose de la dura experiencia en la embajada nipona. Algún amigo dijo al respecto: "lo menos que podrían proponerle a Dante es que vuelva a otro infierno".
LA BATALLA DE LIMA
El amiguísimo Absalón Vásquez, sindicado como el hombre de la campaña reeleccionista, sufrió también desagradables sorpresas. Cayeron simultáneamente Noé Inafuku, Director General de Gobierno, y el prefecto de Lima, Juan Cruzado. Ambos habían estado promoviendo la proliferación de tenientes gobernadores con el fin de tender una red preelectoral, sobrepasando los fueros de los alcaldes. Incluso Cruzado llegó a decir en una conferencia de prensa que el número de éstos debía incrementarse aún más, provocando reacciones en la opinión pública. En definitiva se trataba de un hombre que hacía honor a su apellido.
La semana pasada, en un programa de TV, se hizo pública una directiva suscrita supuestamente por Andrés Reggiardo en la que se ratificaba que los tenientes gobernadores tenían que hacer campaña pro Fujimori y que debían dar cuenta de sus acciones a los coordinadores Inafuku y Cruzado, entre otros. Reggiardo dice que el documento es apócrifo, ha iniciado un juicio, pero el escándalo ya se ha producido.
Como si esto fuera poco, resulta que Alfredo Pereyra, antiguo hombre fuerte de Gloria y hasta hace poco presidente de Cordelica, fue llamado el lunes 5 por el ministro de la Presidencia Daniel Hokama para pedirle su renuncia. ¿Razones? Ninguna. "En política todos somos pasajeros, estimado Pereyra", dijo Hokama con palmadita de por medio.
Desmadre Contra el TC
Pocos casos como la arbitrariedad de la Comisión Hildebrandt.
Al gobierno aparte de la no reelección, le disgustó que se restableciera los derechos de los jubilados.
Reunidos previamente en la sala contigua, "de los Embajadores", lucían serenos. La ley estaba de su lado, pero había razones para el enojo. Manuel Aguirre Roca dijo: `'No vamos a renunciar. No después de este tinglado. Vamos a dar la batalla'' . Delia Revoredo y Ricardo Nugent, coincidían en que el atropello de la mayoría del Congreso obedecía a que no les perdonaban que el TC hubiera declarado que Fujimori estaba en su segundo mandato y no en el primero, como torcidamente quería la ley de intepretación auténtica. Guillermo Rey Terry, con la cabeza, asentía las afirmaciones de sus colegas.
No dejó de llamar la atención la ausencia de Guillermo Díaz Valverde, el magistrado que semanas antes firmó también la declaración ratificando que el único fallo del TC era el de la inaplicabilidad. Sin embargo, la Comisión no lo ha tocado. Se sabe que en el camino se desdijo y que ahora parece que se desdibuja.
En la conferencia de prensa, el presidente del TC rompió fuegos: "Se ha dado un nuevo 5 de abril. No contra el Congreso, sino contra el Organo de Control Constitucional. He leído todo el informe de la Comisión Hildebrandt, y lo que se nota, es que sólo se han tomado en cuenta las calumnias de dos magistrados. En el fondo esto es una represalia contra los tres magistrados que se pronunciaron sobre la ley de reelección. Esta resolución fue avalada por mí, y suscrita por los siete miembros del TC, a través de las abstenciones formuladas, de tal manera que ésta es, bien o mal, la resolución del Tribunal".
A continuación Delia Revoredo sostuvo: "El nuevo Tribunal, o el mismo Congreso, podrán anular las sentencias que ya hemos dado. ¿Y cómo van a quedar los jubilados y cesantes que estaban amparados con nuestras sentencias? Ellos a quienes les hemos reconocido sus derechos. Ya no los van a tener. Esto es un golpe de Estado. La reelección la tienen que conseguir a como dé lugar, y nosotros somos incómodos, muy incómodos, para el Presidente de la República".
Aguirre Roca, por su parte manifestó: "Si se nos destituye, se estaría violando la propia Constitución y el artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que establece que los magistrados del TC no están sujetos a mandato imperativo, ni reciben instrucciones de ninguna autoridad. Gozan de inviolabilidad y no responden por los votos u opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo. Lo que pretenden es destituirnos por las opiniones o los votos emitidos en el ejercicio de nuestros cargos. Como sea, si salimos airosos de este trance, creo que sería recomendable y urgente dictarles clase de educación cívica a los congresistas de la comisión investigadora".
"Mejor una clase de ética", agregó la magistrada Revoredo.
