Cargando con el Muerto
General Malásquez presenta documentos en intento por evitar que le carguen la responsabilidad de la crisis de los rehenes.
Inculpado general Luis Malásquez Durand con premonitoria calavera. Según dice, todo apunta a hacerlo pagar culpas ajenas. Derecha, Ketín Vidal: implicado por Malásquez.
Hasta el momento las responsabilidades por la toma de la residencia japonesa han alcanzado sólo a altos jefes policiales. Si bien existen otras instituciones, como el SIN, que deberían ser investigadas (CARETAS 1464), las acusaciones se han concentrado en la PNP, y en especial en el ex jefe de la VII Región, Luis Malásquez, quien de vuelta en Lima ha mostrado, sin embargo, documentos oficiales para deslindar responsabilidades. Ante el fuero militar, Malásquez intenta librarse de una carga que, según él, no le toca, exhibiendo para ello un oficio firmado por el ex director de la PNP, Ketín Vidal.
UN nuevo cariz estaban a punto de cobrar, al cierre de esta edición, las investigaciones para determinar las responsabilidades sobre la crisis de los rehenes, a raíz de la presentación ante el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) del ex jefe de la VII Región Policial, teniente general (r) Luis Malásquez Durand -principal acusado por negligencia y desobediencia en el caso- y su abogado, Daniel López Juárez.
Si todo ha seguido normalmente su curso, la presentación de Malásquez, prevista para ayer miércoles, ha debido servir para que el oficial entregue a la justicia militar abundante documentación en la que deslinda responsabilidades frente a lo ocurrido en la residencia nipona, tal como lo hizo antes con el ministro del Interior, César Saucedo.
CAMBIO DE PLANES
De todos los documentos presentados, uno puede ser clave a la hora de identificar responsabilidades. Se trata de una copia legalizada del oficio original que días antes de la toma de la residencia -ocurrida el 17 de diciembre de 1996-, firmó el ex director general de la Policía Nacional, Ketín Vidal.
En su tercer punto se señala claramente que los responsables del plan de seguridad en torno a la referida sede diplomática serán los jefes de las delegaciones policiales del sector. Con esta orden, se dejaba sin efecto el plan de organización trazado por el jefe de la VII Región Policial, a la sazón, el ahora inculpado Malásquez Durand.
En el último párrafo, se hacía hincapié en que cualquier coordinación sobre la seguridad a brindarse a la residencia debería hacerse con el jefe del Estado Mayor de la PNP, general José Zegarra Escalante, o con el Inspector General PNP, Víctor Lavado.
El documento fue remitido en su debida oportunidad no sólo al propio Malásquez, sino también a los responsables de las jefaturas de Orden Público y de las delegaciones policiales de la zona.
A la luz de estas nuevas pruebas, cabe formularse algunas preguntas. Si ya existía un trabajo elaborado por la VII Región, ¿por qué la Dirección General de la PNP modificó los planes y desautorizó a Malásquez y su operativo de seguridad?
Es necesario saber también cuáles fueron las disposiciones adoptadas por las delegaciones policiales y qué tipo de coordinación y comunicación mantuvieron las mismas con el Inspector General y con el Jefe del Estado Mayor.
Para Malásquez es el general Ketín Vidal, quien aún no viaja a los Estados Unidos como agregado policial, el que debería responder a estas y otras interrogantes que puedan aparecer en el camino.
Según el ex jefe policial, todo lo que ha venido sucediendo hasta ahora es el resultado de una maquinaria montada para responsabilizarlo de la toma de la residencia nipona por parte del MRTA; vale decir, un intento por hacerlo "cargar con el muerto".
En tanto, él ha reiterado a sus allegados estar tranquilo con su conciencia y no sentirse responsable por ninguno de los cargos que se le imputan.
CARTA AL MINISTRO
En realidad, Malásquez ya había dado muestras de querer levantar las acusaciones en su contra, durante la primera presentación ante el Congreso del entonces flamante ministro del Interior, César Saucedo Sánchez -compañero suyo en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM).
Minutos antes de que el ministro pronunciara su discurso, Malásquez le entregó un informe personal narrando la forma como se sucedieron los hechos. Del documento -a cuyo contenido CARETAS ha tenido acceso- se desprende que pese a haber sido invitado a la recepción en la residencia, el oficial prefirió mantenerse en su puesto de comando.
En el informe afirmó haber cumplido con todas las disposiciones de seguridad y planes operativos con relación a las notas informativas sobre una posible asonada terrorista que envió la Dirección General de la PNP, y le planteó corregir los errores existentes en la estructura policial, porque si bien en Lima funcionan, entre otras unidades, la Dincote y la Dinte, éstas solamente remiten sus notas a la Dirección General.
Para el ex jefe policial fue esa especie de divorcio la que motivó el desconocimiento de la VII Región de lo que otras dependencias investigaban en torno a las actividades del MRTA. Según Malásquez, es necesario conocer dónde terminó la información preparada por esas unidades policiales y por el SIN, y por qué no se profundizaron las investigaciones.
Agregó también que, por ser Lima una zona considerada aún en emergencia, la ley establece que el control es competencia de la II Región Militar -que junto a las unidades policiales integra el Comando del Frente Interno (COFI), dependiente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Para Malásquez, si se quiere hablar de negligencias y desobediencias, es básico revisar la estructura de la seguridad en la capital y de los planes operativos a realizar, pues no basta con enviar notas informativas, sino que hace falta diseñar un plan general de operaciones. Y ello, a su juicio, es responsabilidad del director general de la PNP. Eso se llama correr traslado del muerto.
