Poniendo El Pecho
El fiscal Aljovín ha pedido cuentas de propiedades y sueldos a Montesinos y parientes y amigos del alma.

Voluntad temeraria y lúcida anima al fiscal de la Nación.

Al enfrentarse al todopoderoso Montesinos, el fiscal Aljovín se ha convertido en pararrayos civil de una tormenta política. Los planes contra él y contra el Tribunal Constitucional no sólo forman parte de un afán reeleccionista, sino que constituyen una amenaza contra el orden jurídico y los derechos de todos los ciudadanos. Una voz oficial dio a entender que de todas maneras varios miembros del Tribunal serán destituidos, pero eso puede ser una victoria a lo Pirro.

Treinta congresistas han denunciado al gobierno ante la OEA por atentar contra el Tribunal Constitucional.

A dos semanas de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos en Lima, el gobierno del Perú parece decidido a asestar dos manotazos contra instituciones decisivas del orden jurídico peruano: el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación. "Sabemos que el costo es altísimo, pero lo vamos a hacer de todas maneras", aseguró un personaje vinculado a las más altas esferas del poder.
Se trata de barrer obstáculos jurídicos a una reelección del presidente Fujimori y, de paso, llevarse de encuentro la última y definitiva instancia que ampara derechos de todos los peruanos. Tan grave es el asunto, que ha provocado ya una denuncia contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteada por treinta congresistas por lo que respecta a la pretendida destitución de magistrados del Tribunal Constitucional.
La Comisión Permanente del Congreso se reúne este viernes para escuchar la defensa de los miembros del Tribunal, sea en la palabra de su abogado, el Dr. Valentín Paniagua, o en la de alguno de los propios magistrados. Paniagua contará, muy probablemente, con el apoyo jurídico de Raúl Ferrero y de Juan Monroy Gálvez, a quien muchos consideran el mejor abogado procesalista en este momento.
Lo que se decida sobre la acusación constitucional contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional, o contra sólo tres o dos -en las esferas oficiales, el nerviosismo ha empezado a proponer una rebaja en el número- tendrá consecuencias políticas y legales de largo alcance. Va a encontrar, por lo pronto, una caja de resonancia en la OEA y en organismos jurídicos del continente.

EL GRAN SOLITARIO

Entretanto, el fiscal de la Nación, el Dr. Miguel Aljovín Swayne, enfrenta una batalla aparte, en que combate solo contra un ejército de poderosos. Se ha convertido en una suerte de pararrayos del orden jurídico y de la civilidad, por el simple hecho de no comulgar con los planes políticos del régimen y de atenerse estrictamente a sus deberes de función.
Dura es la tarea que tiene Aljovín luego de aceptar, el viernes 16, la denuncia de un grupo de parlamentarios que han solicitado una investigación sobre los ingresos del asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Aljovín recibió en su despacho, en la fecha indicada, a los congresistas Lourdes Flores, Fernando Olivera, Alfonso Grados y Manuel Lajo, quienes le alcanzaron un escrito de quince páginas en que se le decía que, de acuerdo al Artículo 41 de la Constitución, cuando se presuma enriquecimiento ilícito, el fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, está obligado a formular cargo ante el Poder Judicial.
Durante el fin de semana, el fiscal estudió la denuncia y a primera hora del lunes llamó a su secretaria para dictarle varios oficios. Entre ellos unos dirigidos al Servicio de Inteligencia Nacional en que pedían información sobre la situación laboral de Vladimiro Montesinos y sobre sus ingresos.
También se dirigió a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para pedirle que levante la reserva tributaria respecto de Montesinos, cosa a la que Aljovín está autorizado en virtud del inciso 5 del Artículo Primero de la Constitución. Con base en este artículo pidió asimismo informe sobre los ahorros de Montesinos.
Otra de las entidades notificadas es Registros Públicos, para verificar propiedades del ex capitán. El pedido de información abarca a familiares cercanos y allegados de Montesinos, entre ellos el ex viceministro del Interior Edgar Solís Cano y el compañero de promoción comandante EP (r) Alfonso Calderón Montoya.
También figuran en la indagación el ex compañero de prisión militar de Montesinos, el coronel EP (r) Jorge Wittembury, y el abogado y gran amigo del asesor presidencial, Dr. Javier Corrochano Patrón.
Aljovín espera respuesta a sus oficios en los próximos días. En el ínterin, tiene un problema difícil de superar. No cuenta con un fiscal Penal que lo asesore. Y si quisiera pedir un equipo de fiscales que lo apoyara para investigar a uno de los hombres más poderosos del país, tendría que dirigirse a la presidenta de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, la señorita Blanca Nélida Colán, ilustre defensora del doctor Montesinos.
Por ahora, el fiscal Aljovín sólo cuenta con la ayuda de su secretaria. Dos contra el mundo. Pero no se desalienta.

VALE LA PENA

Aljovín ha decidido investigar, en uso de sus atribuciones. El que lo haya hecho merece desde ya el reconocimiento del país. No es poca cosa lo que se busca dilucidar. El hecho admitido por el Poder Ejecutivo a través del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi, de que Montesinos recibe sus altos ingresos, calculados de acuerdo a su declaración tributaria en US$ 1'600,000, de fuente extranjera, es para preocupar a cualquiera. Montesinos resulta el abogado mejor pagado del país; pero se niega obstinadamente a declarar quién le paga, y por qué.
Dado su alto cargo, es de desear que no sirva a empresas extranjeras que tienen negocios con el Estado peruano, ni a gobiernos foráneos que puedan entrar en conflicto con el Perú, ni a intereses subterráneos con base en Cali, Medellín o Quito.
El fiscal Aljovín prestará un gran servicio al país si averigua la verdad. Mejor dicho, si le permiten averiguarlo.

BAJO AMENAZA

Porque él es un hombre amenazado. Como se sabe, el general Guido Guevara Guerra, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) ha prometido denunciar al fiscal por presuntos delitos de prevaricato, contra la administración de justicia y abuso de autoridad.
¿Los crímenes de Aljovín? Haber recibido de la Sala de Derecho Público del Poder Judicial el informe de que dos recursos de hábeas corpus, declarados fundados por aquella, no eran acatados por el CSJM. Al fiscal Aljovín, procesalmente, no le quedaba más recurso que instar al tribunal militar que acatara la decisión judicial civil. Los recursos eran en favor del capitán (r) Gustavo Cesti, involucrado en el caso de El Popular y Porvenir, y Demetrio Chávez Peñaherrera, "Vaticano".
La denuncia del general Guevara contra Aljovín es tan endeble, que hasta Carlos Torres y Torres Lara, vicepresidente del Congreso, se animó a declarar, el sábado 17 en RPP, que los congresistas iban a rechazar la acusación constitucional. Esto le ha valido a Torres y Torres Lara reproches de haber dado "muestra de debilidad", lo cual puede poner en peligro sus aspiraciones a la presidencia del Congreso (ver nota aparte).
Es posible que ahora que el fiscal se ha atrevido a iniciar una investigación sobre el asesor supremo, la arremetida contra él se acentúe. El lo sabe, pero declara que lo tiene sin cuidado. Aunque percibe, asimismo, que es muy difícil que un hombre como Montesinos, con tanta habilidad y tanto poder en las instituciones públicas, haya dejado huellas de todas sus actividades y contratos. Si no encontrara elementos fehacientes, podría darse el caso de que él resulte devolviendo una apariencia de virginidad moral al ex capitán. Por falta de pruebas, que le dicen.
En todo caso, el 84.2% de la población pide que se investigue a Montesinos, según encuesta de la Empresa Internacional de Mercado publicada en los últimos días. Ese es el nivel de credibilidad con que cuentan Montesinos y sus defensores.

¿A LA CALLE?

Entretanto, corren los plazos para el Tribunal Constitucional. Como lo señalamos al inicio de estas líneas, la decisión del oficialismo es destituir por lo menos a dos de sus miembros, si no tres. Delia Revoredo Marsano y Guillermo Rey Terry son los candidatos de más fuerza para ser defenestrados. Otra posible víctima es Manuel Aguirre Roca. Nuestras fuentes indican que el gobierno ha decidido, en cambio, salvar al presidente del Tribunal, Ricardo Nugent.
Pudiera ser que el oficialismo se salga con las suyas también en este caso. Pero será una victoria como aquella que hizo exclamar a Pirro, rey de Epiro: "¡otra victoria más como ésta, y estamos perdidos".
En un régimen que parece actuar con la idea fija de la reelección presidencial y con la esperanza subsidiaria de una reelección parlamentaria no debiera olvidar que las elecciones, como las guerras, se ganan en las conciencias. El presidente Fujimori que, con su reconocido talento político, visitó en estos días al ex presidente George Bush en su residencia, debe de haber conversado con éste sobre cómo pueden perderse las reelecciones.

DD.HH. Bajo la Lupa de la OEA
Comisión Internacional de Derechos Humanos de OEA divulgará informe incómodo para el gobierno.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sigue viendo al Perú con preocupación.

A principios de junio se realizará en Lima la asamblea general de la OEA, donde se dará a conocer el informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Perú. El documento, elaborado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos de esa institución, señala que han tenido lugar en el país progresos significativos en la materia en cuestión, pero que existen aún muchos problemas serios pendientes de solución, como la subsistencia de los tribunales sin rostro y los efectos de la Ley de Amnistía. Una circunstancia que debería mover al gobierno a poner las barbas en remojo.

Beatriz Ramacciotti.

" El gobierno del Perú considera inaceptable la información contenida en el párrafo segundo de la Nota de esa Honorable Secretaría Ejecutiva...", decía la respuesta de Beatriz Ramacciotti, representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 7 de abril, a una carta remitida días antes por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de esa misma institución.
En ella, el funcionario había enviado a la representante peruana el Informe sobre la situación de Derechos Humanos en nuestro país. La nota sostenía que dicho documento sería incluido en el Capítulo V del Informe Anual 1996 a ser presentado al Secretario General de la OEA el 11 de abril y sometido a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, durante la semana del 21 de abril de 1997.
Se añadía que formaría también parte de los documentos que se manejarán en la Asamblea General de la OEA, a llevarse a cabo en Lima a partir del próximo 1 de junio.
Para la embajadora Ramacciotti, al Perú no se le dio el tiempo establecido para formular sus observaciones, las que luego deberían haber sido analizadas por la Comisión a efectos de "modificar su informe y decidir acerca de las modalidades de su publicación".

LO QUE DICE EL INFORME

El informe sobre el Perú tiene 15 páginas y está dividido en ocho capítulos. En general, reconoce los "progresos significativos en la disminución de ciertas violaciones graves de los derechos humanos", pero señala la subsistencia de algunos serios problemas.
Se menciona, por ejemplo, que el Perú será incluido en el informe anual debido "a la continua imposición del estado de emergencia". Otro aspecto que preocupa a la Comisión es la prórroga por un año más de la legislación que autoriza los tribunales sin rostro. Se afirma que tales tribunales "regularmente admiten dentro del proceso declaraciones obtenidas mediante procedimientos coactivos, y que algunas sentencias se basan únicamente en confesiones extraídas durante interrogatorios policiales, mediante el uso de la tortura". La Ley de Amnistía y todas sus aberraciones constituyen por supuesto un capítulo aparte del informe.
En lo que se refiere al Defensor del Pueblo, la CIDH "valora la creación de esta importante oficina y considera que tiene un gran potencial para contribuir a la mejora de la situación de los derechos humanos en el Perú.
Otro de los aspectos que el informe destaca como positivo es la creación del Tribunal Constitucional, aunque expresa preocupación por el reglamento interno y la necesidad de contar con 6 de los 7 votos para declarar la inconstitucionalidad de una ley.
El documento recuerda también la sentencia contra el Estado peruano del 19 de enero de 1995, en la cual se decía que "el Perú ha violado en perjuicio de Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar el derecho a la vida. Además, añade que en la sentencia se establecía que el Perú debía pagar a los familiares de las víctimas, una justa indemnización compensatoria. Ante la falta de respuesta del Estado peruano, el 19 de setiembre de 1996, la Corte fijó el monto en 154,040.74 dólares, que, hasta la fecha del informe, el Perú no había cumplido con pagar.

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