Recurrente Recurso
Por tercera vez, sospechosamente se reabre
caso cerrado contra congresista Ernesto Gamarra.
Pese a dos resoluciones exculpatorias correspondientes a 1993 y 1995, la Corte Suprema ha reabierto el caso y solicita el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.
La reapertura de procesos judiciales cerrados parece haberse convertido en una práctica de estos días. Primero fue el caso de la magistrada del Tribunal Constitucional (CARETAS 1458, 1459, 1461 y 1462), Delia Revoredo, que podría ser sentenciada por un delito que no cometió.
Y ahora el congresista Ernesto Gamarra (FIM), que es uno de los más acuciosos fiscalizadores del caso Popular y Porvenir, es sujeto de un pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria por parte de la Corte Suprema. El caso, al parecer promovido por César Hernández Márquez, actual director de Popular y Porvenir y presidente del Cepri de dicha empresa, fue archivado en dos oportunidades. Primero en 1993 y luego en octubre de 1995.
El proceso judicial se inició con una demanda contra la empresa Transcontinental S.A., de la que Gamarra era socio con sólo una acción. El dueño mayoritario de la empresa, Pedro Bardi, solicitó en 1991 un crédito de US$ 80 mil a la Central de Crédito Cooperativo (CCC). Bardi no cumplió con la obligación y la garantía, que era su casa, valorizada en US$ 126 mil, pasó a remate. Cuando la ejecución de la garantía se iba a llevar a cabo, Hernández Márquez, entonces presidente de la CCC en liquidación, solicitó la ampliación del proceso a todos los directores por delitos de estafa y de banca paralela.
En 1993 Gamarra fue exculpado por la Corte Suprema. Uno de los magistrados que lo absolvió fue el hoy ministro de Justicia, Carlos Hermoza Moya.
Posteriormente, ante la denuncia de la gerenta general de Transcontinental S.A. por la falsificación de su firma de documentos claves en el proceso, la fiscal Flor de María Mayta vuelve a la carga, y sin ton ni son involucra nuevamente a Gamarra. La Corte Suprema, sin embargo volvió a absolver a Gamarra en 1995.
Ese año, la entonces presidenta del Congreso, Martha Chávez de Ocampo, pidió un informe a asesoría jurídica del Congreso sobre la situación jurídica de Gamarra, el mismo que señaló que no había mérito para levantarle la inmunidad. Desde entonces no se volvió a hablar más del asunto hasta ahora.
El pedido de la Corte Suprema se fundaría en un dislate procesal, que hace suponer que podría haber una intencionalidad política detrás de todo.
Gamarra, por cierto, denunció en 1990 a Hernández, ex asesor del Banco Indutrial y al ex presidente de esa institución, Hugo García Salvatecci, por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión.
PUERTA CERRADA
De sopetón medios financieros nacionales acaban de comprobar que el liberalismo tiene sus límites. La decisión de la Superintendencia de Banca de Chile de negar licencia de funcionamiento al Banco de Crédito del Perú que pretende abrir una sucursal en el país vecino los ha dejado de una pieza. No ha funcionado la reciprocidad: que nuestro país ha dado licencia de funcionamiento a cuatro bancos con capitales chilenos: Trabajo, El País, Solventa y Serbanco. Raymundo Morales, alto ejecutivo de la entidad bancaria nacional, comentó que la única posibilidad que le queda al Crédito es comprar en Chile un banco en funcionamiento.
CONSEJO SIN CONSENSO
Al cierre de esta edición estaba en duda la firma del documento final para la creación del Consejo Metropolitano de Transporte (CARETAS 1447, 1454, 1459) debido a las modificaciones introducidas unilateralmente por la ministra de Transportes, Elsa Carrera, en el acuerdo previo que había celebrado con la Municipalidad Metropolitana de Lima. La ministra habría insistido en incluir al ministerio de Economía y a la Policía Nacional como integrantes del Consejo con derecho a voz y voto pese a que se había acordado que estos organismos podían formar parte del Consejo pero no como miembros dirimentes.
La cita para la firma del documento final debía realizarse este miércoles 28, pero hasta el día anterior la MML no había sido convocada.
El alcalde Alberto Andrade ha remitido una carta a la ministra Carrera solicitando el tenor del documento de creación del Consejo. Por cierto, la ministra no se encontró entre los ministros que el viernes 23 asistieron a la ceremonia de inauguración de la Plaza San Martín
ESPERA QUE DESESPERA
Fiscal Aljovín: sigue aguardando respuestas.
El Fiscal de la Nación, Miguel Aljovín, se encuentra a la espera de las respuestas a los oficios enviados a distintas dependencias solicitando información en torno a la situación laboral, propiedades, y declaraciones juradas del asesor del SIN, Vladimiro Montesinos Torres con el fin de evaluarlos y proceder a su investigación. En estos últimos días también ha venido formalizando la denuncia contra el ex superintendente Hugo García Salvatecci y preparando los proyectos de ley que presentó el martes pasado a la Comisión de Justicia del Congreso para la obtención de recursos propios del Ministerio Público.
MENUDA VENGANZA
Maniobras de la mayoría dejan a congresista Cardoso sin asiento en Comisión de Educación.
El mismo día que el congresista Francisco Cardoso decidió apartarse de la bancada de C90/NM (CARETAS 1464) inexplicablemente la línea telefónica de su oficina en el jirón Azángaro fue momentáneamente cortada. Así mismo, sin haberlo solicitado, se le cambió de beeper y de celular.
Estas actitudes no hacían sino prefigurar otras más reveladoras como la ocurrida la semana pasada. El jueves 22, la mayoría del Congreso decidió apartarlo de la Comisión de Educación arguyendo que, con su renuncia, el oficialismo podría perder el control de la Comisión. Lo lógico hubiera sido, de acuerdo al reglamento, integrar a un miembro más a la Comisión.
Nada de esto ocurrió cuando cambiaron de camiseta los congresistas Rigoberto Ezquerra (de UPP a C90/NM), Dennis Vargas Marín (País Posible a C90/NM), Javier Noriega (Frepap a C90/NM), y Alfonso Baella (C90/NM a Renovación). Hay pues una manifiesta intención de hacer escarnio en quien se atrevidó a cuestionar la obsecuencia de la Comisión de Fiscalización.
Además de haber sido rector universitario, es un especialista en temas de educación que ha venido cuestionando el tema del bachillerato.
En un evento reciente organizado por Desco, el vicerector de la Universidad Católica, Marcial Rubio, ha puesto sobre el tapete las dificultades para implementar el bachillerato a partir de 1999. Esto supondria, -sostiene-, un incremento en el Presupuesto de la República del orden de US$ 500 millones.
