¿Qué Hacen
Estos Acá?
La Previsible
XXVII
Asamblea
General
de la OEA
Un despliegue de seguridad que terminó por abrumar a los visitantes, gala de anfitriones y organización, la cita que la OEA realizó en Lima tuvo dos escenarios perfectamente discernibles. Uno, propiamente de la organización, con su ritmo y sus destrezas burocráticas. Otro, la lucha política, jurídica y principista entablada en el país a raíz de los desbordes autoritarios del régimen y, sobre el cual, con cuidado lindando en la candidez, las autoridades hemisféricas evitaron pronunciarse.
Embajadora Beatriz Ramacciotti: le molestó la presencia de parlamentarios y también de ONGs que hablaban de derechos humanos.
Aplausos
Pese a la vigilancia, estudiantes de las Universidades de Lima y San Martín protestaron por la decapitación del Tribunal Constitucional.
El papel de Beatriz Ramacciotti ha sido uno de los aspectos singulares de una Asamblea que, al decir de los memoriosos, no ha ofrecido singulares novedades.
Las delegaciones, sin duda, temían algunos problemas de seguridad, pero luego y ante la evidencia de una resguardo implacable y sin descanso empezaron a extrañar los aires libres de otras ciudades.
El otro aspecto que se comentaba en voz baja y en nombre de la cortesía diplomática era el que se se quisiera involucrar a la Asamblea en los asuntos internos, que se han seguido con atención y con no poco cotilleo. Incluso, se comparaba la discreción del Secretario General , César Gaviria, que confesó no querer pronunciarse sobre aspectos de política local(ver recuadro) con la terca referencia a los asuntos locales por parte del Presidente Alberto Fujimori.
Entre las tres comisiones, la principal y más polémica fue la llamada de Asuntos Jurídicos. En una buena medida por el énfasis de la Sra. Ramacciotti.
Sea, pues por el lado de la CIDH, donde los parlamentarios fueron escuchados en detalle, como de la Asamblea misma, los esfuerzos peruanos por disminuir la importancia de un tratamiento hondo y transparente del asunto de los derechos humanos resultaron exagerados y contraproducentes.
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Canciller Francisco Tudela: una maratón de sentimientos encontrados.Anunció que el Perú salía de todas maneras del Grupo Andino.
El asunto había ya saltado en Washington, primero, buscando que el informe anual de la CIDH ( que incluía los casos Perú, Guatemala y Colombia) no fuera repartido antes de la cita de Lima, con el pretexto de que el Perú no tuvo ocasión para ejercer una defensa cabal. La embajadora Ramacciotti logró detener el documento, apelando a una acción inédita y creando una tensión jurídica también sui generis. Algunos países miembros se opusieron a tales triquiñuelas. Un rol protagónico en la cuestión la tuvo la embajadora argentina Alicia Martínez, quien cuestionó la labor de la Presidencia.La respuesta no se hizo esperar. En Lima, la Cancillería convocó al embajador argentino para pedirle explicaciones. Actitud insólita. Finalmente, el documento se repartió y entonces los ojos pusieron mayor atención a lo que se decía sobre el Perú. Y es que la política del ocultamiento a la fuerza, quizá sólo rinda frutos en esta comarca, pero resulta inusual y hasta escandalosa en los fogueados ámbitos de la diplomacia interamericana.
En Lima, el ajedrez continuó con otra variante. Varias delegaciones felicitaron a la Comisión por el Informe, se auspició mayores recursos económicos para la misma y que los paíes redoblaran sus facilidades para un trabajo complejo, con aristas sin duda, pero llamado a perfeccionar la democracia de la región.
Estados Unidos tomó distancias con la posición peruana.Harriet Babbitt, Jeffrey Davidow y Denis Jett: faena en diversos niveles.
Por el Perú, habló el embajador Pablo Portugal. "El informe nos ha causado sorpresa y desaliento", arrancó diciendo. Luego dijo que "éste carecía de una perspectiva integral", que el enfoque era "desactualizado" porque correspondía más a una "metodología de evaluación dada a las dictaduras". Queja que no expresaron ni Colombia ni Guatemala. Su representante dijo, al contrario, "no estar desalentado" porque "nuestro gobierno hará un esfuerzo más y corregiremos los errores y porque queremos salir de los informes anuales de la Comisión. Esperamos no tardar treinta años para hacerlo" (referencia a los 30 años que duró la guerra civil en ese país).
En el momento que se discutían las recomendaciones para la elaboración, consulta, circulación y difusión del informe anual, Beatriz Ramacciotti tuvo un desliz al leer un texto. Dijo :"Llamar la atención" a la Comisión sobre el asunto de la entrega previa de los informes (es decir, las consultas a los países mencionados en éste). Lo cual equivalía a señalar que se le criticaba por no haberlo hecho antes. El sentido de la frase era "llamar a la atención (invocar) de la Comisión el trámite de consulta a seguir".
Por eso la embajadora argentina Zelmira Ragazzoli reaccionó de inmediato: "No se asuste, Sra Presidenta, pero creo que el proyecto de resolución debería pasar a una comisión de redacción y estilo".
Quien se dirigía a Beatriz Ramacciotti no sólo era su paisana sino también su prima hermana.
Similares contrapuntos llevaron al Canciller Francisco Tudela a pedirle al embajador Hugo de Zela que arregle el asunto ( con prescindencia de la manzana de la discordia) pues ya había trascendido que la terquedad de la Ramacciotti podía empantanar el accionar de la comisión.
En general, el comentario es que Beatriz Ramacciotti tiene problemas para administrarse en Washington. Algunos de sus pares la encuentran insistente. Y en la Comisión existiría el temperamento de compararla, y no precisamente por su amabilidad, con la "dama del yerro" Martha Chávez. Corre el rumor que también se ha enemistado con Claudio Grossman, el jurista chileno que aspira a ser reelegido en la Presidencia de la CIDH. Alguien dice haber escuchado a Beatriz señalar (durante la crisis de la embajada) que sería más fácil que salieran los rehenes antes que el Perú vote por Grossman. Este ejercía la presidencia cuando se elaboró el informe sobre la situación de los derechos humanos.
Durante la discusión sobre la evaluación y perfeccionamiento del sistema interamericano de derechos humanos el Perú trató de introducir el término de "reforma" del mismo, posición que obviamente no compartían los otros países. Estados Unidos, Canadá, Argentina y Costa Rica se opusieron. La intención era debilitar aún más a la Comisión de Derechos Humanos, al pretender la fusión de ésta, con la Corte Interamericana.
El asunto tiene sus bemoles. La intención en el fondo buscaba que la Comisión viera menos casos. El Perú a nivel del continente, es el que más denuncias tiene: 150, más cinco casos en la Corte Interamericana.
Diluyendo el trabajo de la CIDH (temas de educación y promoción de derechos humanos), ésta no podría atender con sus actuales recursos un volumen considerable de denuncias sobre su campo específico de acción. La CIDH, cuenta con dos millones de dólares en su presupuesto, mientras que instituciones llamadas a la promoción de los derechos humanos como el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, cuentan con un presupuesto de diez millones de dólares para realizar su trabajo.
PULSEO Y COMPRENSION
Los congresistas firmantes de la denuncia contra el Estado peruano por la destitución de los miembros del TC se reunieron con la CIDH para ampliarla y sostener con ellos una conversación sobre la situación de los DDHH en el Perú a la luz de recientes y progresivos casos de la actualidad política; en una sala privada, se reunían con los miembros de la Comisión Interamericana.
Paradojas de la vida, en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se señala que "el inicio de las funciones del Tribunal Constitucional, es un hecho que la Comisión desea destacar, por el papel que esta institución puede desempeñar en el fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos".
Los miembros de la Comisión se interesaron por el tema de la agente del SIE Leonor La Rosa. Estaban informados que hasta esa tarde ( día martes), ella, contra su voluntad, permanecía en el Hospital Militar. Sabían también que la Clínica a donde sería trasladada -Corpus Cristi-, había sido intervenida por la SUNAT. Se enteraron en la reunión que el dueño de la clínica era el ex ministro aprista José Barsallo Burga y que el director de la misma era el hermano del general Robles. Todos en la reunión, extrañados, se preguntaron ¿cómo una clínica, con sólo algunos meses de funcionamiento, tiene ya problemas tributarios? Trascendió que la Comisión mantendría actitud expectante para saber si hasta este viernes era trasladada Leonor La Rosa, de lo contrario, ya en Washington se pronunciarían rotundamente sobre este caso de abierta arbitrariedad.
También se comentó el tema del ex agente del SIE Carlos Mesmer Talledo, quien en los últimos días ha sido transferido a una celda con un enfermo de tuberculosis. Robert Goldman, preguntó sobre la posibilidad que algunos miembros de la Comisión viajaran a Puno. Asimismo, algunos miembros esperaban para el miércoles al mediodía, al magistrado Manuel Aguirre Roca quien, al parecer, se sumaría a la denuncia de los congresistas contra el Estado peruano, con lo que, siendo víctima principal, le daría aún más relevancia.
La noche anterior, los miembros de la Comisión asistieron al coctel ofrecido por el embajador estadounidense Denis Jett. Allí se enteraron por boca de Jorge Picasso, que la CONFIEP daría a conocer al día siguiente un duro pronunciamiento sobre el tema del Tribunal Constitucional. Ya los miembros de la Comisión sabían que ese asunto estaba sobre el tapete. Un miembro de la Comisión señaló que recibirían a todas las personas e instituciones que deseaban entrevistarse con ellos, pero que no emitirían pronunciamiento sobre la denuncia contra el Estado peruano, por que ésta estaba en evaluación. Simplemente se comportaban como jueces. Pero la verdad es que la mayoría de ellos, considera que el Congreso peruano, había cometido una arbitrariedad. A estas alturas, extrañamente, se había cancelado una reunión organizada por la Coordinadora de Derechos Humanos, con los miembros de la Comisión . A último momento, la Universidad de Lima quitó el cuerpo y los dejó sin escenario para el evento. Algunos sostienen que habrían sido presionados. Sin embargo, la reunión igual se llevó a cabo a las 12 del día del martes 3, en el restaurante `Fondeau', en en mismo Hotel Oro Verde.
En el coctel, se reencontraron maestra y alumna. Delia Revoredo recibió los saludos de su aplicada ex discípula Beatriz Ramacciotti. Antes que mediara mayor conversación, la magistrada Revoredo, le preguntó a boca de jarro a la Ramacciotti, si estaba o no de acuerdo con la destitución. La embajadora ante la OEA titubeó y quiso dar explicaciones. Revoredo la centró "¿Estás o no de acuerdo con la destitución?", una -ahora- aplicada discípula del Fujimorismo, le respondió "Sí, estoy de acuerdo". Testigos de esta conversación -entre otros- fueron Jorge Taiana, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y Beatriz Merino. Ramacciotti no perdió la oportunidad de decir delante de Taiana, que una cosa era `acusar recibo' y otra `admitir' la demanda contra el Estado peruano, sobre el Tribunal Constitucional. Lourdes Flores, que también estaba presente, dijo que lo importante era que la Comisión estaba evaluando la denuncia sobre este caso. Todo esto ocurría delante de un sorprendido Taiana.
La reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, terminó pasadas las ocho de la noche. A esas alturas, la Sala Paracas y la Sala Chavín, esta ultima donde se tratan los asuntos de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral, estaban vacías. Por las escaleras que comunican al lobby del Hotel, las delegaciones se dirigían al comedor. Un tema monopolizaba la conversación, la elección de los nuevos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. John Donaldson -actual presidente- y Oscar Fappiano, no van a la reelección. El que sí lo hará, es Claudio Grossman. Los que se quedan son Robert Goldman, Alvaro Tirado, Jean Exume y Carlos Ayala. Se da por descontado el ingreso del representante de Barbados Henry Ford y el de Brasil, Elio Bicudo. Grossman entonces, deberá competir con el guatemalteco Francisco Villagrán, quien al parecer, no cuenta con los mejores pergaminos en la defensa de los derechos humanos. Se voceaba la elección de Claudio Grossman.
Corrupción
En el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada en Caracas en 1996, la Asamblea General de la OEA acaba de aprobar un novedoso Programa Interamericano de Cooperación en la Lucha contra la Corrupción. Este Programa contempla acciones conjuntas de los Estados miembros para combatir el flagelo de la corrupción mediante la elaboración de instrumentos jurídicos y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatirla. También contempla acciones conjuntas con otros organismos internacionales e impulsa acciones para estimular la participación de la sociedad civil y de los ONG en la lucha contra la corrupción. En este último aspecto, el Programa contempla el análisis del papel de la prensa en la lucha contra la corrupción. Los temas son de obvio interés y actualidad en nuestro país a raíz de la información que ha circulado sobre los abultados ingresos del asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Una persona que ha realizado aportes vitales tanto en la elaboración de la Convención contra la Corrupción como en la formulación del Programa es el veterano diplomático y jurista chileno Edmundo Vargas Carreño quien nos concedió una entrevista exclusiva.
Paso a Paso
Entrevista a embajador Edmundo Vargas.
APROBADO por consenso el Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción, ¿qué posibilidades hay de que se cumpla a nivel del continente?
El programa, si bien es modesto, es muy realista, y persigue utilizar los recursos existentes en la OEA para contribuir a crear una conciencia contra la corrupción y desarrollar acciones conjuntas. En ese sentido no me cabe la menor duda que ese programa que se ha aprobado se va a cumplir.
Edmundo Vargas reconocido embajador chileno ante la OEA.
¿Cuáles son los antecedentes de este programa?
Diría que la preocupación internacional por combatir la corrupción es relativamente reciente. Hasta la década de los noventa el problema estaba situado exclusivamente en el plano de la jurisdicción interna de los Estados. No podía concebirse, por ejemplo, diez años atrás una preocupación internacional por el fenómeno de corrupción ya que ello hubiese sido considerando una intervención en asuntos internos. Hoy día hemos llegado al convencimiento de que se requiere de la cooperación internacional en ese aspecto. Fueron distintas razones las que motivaron este cambio de actitud. Los Estados Unidos, por ejemplo, han definido que el soborno transnacional constituye un delito, tanto si se soborna dentro del país como si se soborna fuera de los Estados Unidos, ya que aquel norteamericano que lo haga fuera de su país comete delito federal. En cambio, en algunos países europeos, sobornar en el extranjero es algo que podía todavía deducirse de los impuestos. Es la competencia desleal la que, con justificada razón, motivó la preocupación de Estados Unidos. En otros casos, la huida de corruptos al extranjero y su no extradición complicaba las relaciones internacionales.
¿Hay un paralelismo entre el incremento democrático y la necesidad de la lucha contra la corrupción?
Los márgenes de corrupción en la democracia son mucho menores que en una dictadura. Sin embargo en una democracia debido precisamente a la existencia de la prensa libre, a Parlamentos que fiscalizan, la corrupción genera un elemento perturbador y tiende a la desestabilización de la democracia. Por eso, dada esta mayor transparencia que existe en los regímenes democráticos es que debe haber una transparencia también en cuanto al manejo de los fondos.
Carlos Salinas de Gortari: un caso extremo en un México pobre.
¿Qué sucede cuando un país se finge democrático, es decir atenaza todas las instancias institucionales de fiscalización?
No quiero aludir por supuesto a ningún país, pero en esas situaciones lo que se persigue es un proceso de moralización que busca constituir las instituciones que evitan lo que usted señala. Yo creo que mientras más transparente y más democrática es una sociedad, mientras pueda discutirse lo que acontece al interior de una sociedad sin temor, más democrática es una sociedad, más protegida de la corrupción.
Respecto al tema del soborno transnacional sobre el que hay perspectivas distintas en Europa y Estados Unidos, ¿cómo está normado ahora en la Convención?
Lo que se ha dicho es que la figura del soborno transnacional sólo la tiene Estados Unidos, en ningún otro país, lamentablemente, existe el delito de soborno internacional. Lo que existe es el delito de soborno nacional. Si en el Perú o en Chile se soborna, se comete un delito sancionado dentro de legislaciones penales. Si un peruano soborna en otro país ése podrá ser un delito en su país pero no lo es en otros países. No así en Estados Unidos, de acuerdo con la Ley General Norteamericana, el americano que soborna en el extranjero comete un delito penado.
Hay otras figuras como es la del enriquecimiento ilícito. Se trata precisamente de lograr avances importantes, pero no para obligar a los países, porque ahí sí que sería algo que podría afectar la soberanía del Estado pero sí estimularlos a que puedan, de acuerdo con su ordenamiento constitucional, ir incorporando esta figura. Lo segundo es que cuando hay una relación entre dos países no se pueda negar la cooperación o la asistencia judicial, o la extradición, invocándose la no existencia de ese delito.
¿Es decir que el proceso de extradición entre los firmantes de esta Convención sería más fácil?
Esa es una de las razones por la que hemos dado este primer paso. Cuando se da una Convención como ésta siempre aparecen críticos que dicen que se pudo haber hecho más pero estamos muy conscientes de que la Convención es un primer paso importantísimo pero que todavía no resuelve enteramente todos los problemas porque en la Convención hemos preferido buscar consensos que faciliten la incorporación de todos los Estados. En consecuencia para que no haya una alteración de las leyes en materia de extradición, ésta es sólo procedente de acuerdo al Derecho Internacional cuando la figura delictiva existe en los dos países. Qué pasa si en un país no existe la figura delictiva en materia de enriquecimiento ilícito por ejemplo porque hay países como Chile que no la tienen todavía. No se puede extraditar porque el delito no existe en Chile. Pero eso no puede impedirle a Chile asistir judicialmente a un país que sí la tenga.
Discreto Imprudente
No se le pedía a César Gaviria que diera luces pero tampoco que todo le pareciera de lo más normal.
Secretario General de la OEA César Gaviria: guardar las formas pero no olvidar los principios.
ELSecretario General de la OEA, César Gaviria, después de un amplio despliegue de prensa, empezó el día lunes 2 a recibir serias andanadas por parte de políticos, analistas y medios de comunicación.
Es obvio que Gaviria tenía preparado un discurso elusivo para no verse involucrado en el tenso debate nacional. Pero frente al descalabro del Tribunal Constitucional simplemente sostuvo lo insostenible: es decir, que era natural que esto ocurriera porque en general en el continente se habían producido choques similares entre los poderes del Estado frente a una institución novísima en la realidad latinoamericana.
Gaviria no ha tenido en el pasado mucha suerte en sus intervenciones como Secretario General de la OEA. El primer desliz lo tuvo a propósito del conflicto del Cenepa.
Luego tuvo otra "gaffe" a propósito de la crisis ecuatoriana. Fue en el propio Ecuador uno de los pocos que trató de defender a Abdalá Bucaram, cuando las calles y las plazas estaban simultáneamente en todo el país del norte abogando por su pronta salida.
Al sacarle el cuerpo al asunto del TC del modo que lo ha hecho, en realidad respaldaba indirectamente los excesos del cesarismo fujimorista.
Y además faltaba a la verdad histórica. Desde que la institución del control constitucional (vía Corte Suprema o una entidad autónoma ) se extendiera en América Latina en los setentas no se ha presentado un solo caso en el que el gobierno o el Congreso descabecen a dicha institución o a casi todos sus miembros.Cuando se ha producido la disolución de los tribunales ha sido sólo como resultado de un golpe de Estado. Así lo hizo el general Augusto Pinochet con el tribunal chileno, así lo hizo Alberto Fujimori en 1992 al desraizar el Tribunal de Garantías Constitucionales. Así lo pretendió hacer Jorge Serrano en 1993 en Guatemala.
Los casos de conflicto que se han presentado se resolvieron con el acatamiento a lo dispuesto por los tribunales constitucionales. César Gaviria ha planteado las cosas al revés, y eso es muy comprometedor para un Secretario General que aboga por la cimentación de la democracia hemisférica.
