El Otro Plan Brady
Mientras Nicholas Brady, ex secretario del Tesoro norteamericano, recorría Lima la semana pasada, en visita privada, los muchachos de Camet lanzaban la segunda ola privatizadora en Estados Unidos.
Brady en Independencia: entre el capitalismo y la canasta popular.
Y El Circuito Cerrado
¿Quiénes vendieron las empresas del Estado?
¿Y cómo? Congresista Carlos Chipoco enfila sus baterías contra el proceso de privatización.
Congresista UPP Carlos Chipoco: "Esto ha sido un festín".
Quiénes Son
Cuánto Ganan
Ingresos de los principales asesores financieros, legales
y técnicos de la privatización.
NO era la exposición del Señor de Sipán, pero el evento concitó suficiente interés como para sorprender a los propios organizadores.
El pasado miércoles 9 , el banco de inversión norteamericano, JP Morgan, había organizado un almuerzo llamado "Un Día con el Perú", que tuvo como plato de fondo al ministro de Economía, Jorge Camet.
Tantas fueran las personas que asistieron (350) al Hotel Pierre, que se alza en la esquina de la 5ta Avenida con la calle 61, en el corazón de Manhattan, que hubo de acondicionarse una habitación contigua para que los invitados siguieran a través del sistema TV de circuito cerrado el tramo final de la gira promocional del gobierno peruano iniciada dos semanas atrás en México.
Ministro Jorge González Izquierdo: la transparencia en las privatizaciones es la mejor receta.
No era para menos. El gobierno estuvo representado en Nueva York por lo mejor de la vitrina privatizadora.
Además de Camet, viajaron el ministro de Trabajo y presidente de la COPRI, Jorge González Izquierdo, el negociador de la deuda externa peruana, Jorge Pesquiera, el sempiterno asesor del MEF, Roberto Abusada, las dos Beatrices -Boza y Ramacciotti-, el presidente de PromCepri, Pedro Sánchez, y hasta el empresario peruano Pablo Bustamante, de Orión, quien cuando habla de la visión de futuro y del capitalismo popular lo hace con la misma fe que la que tiene en la Biblia un cristiano reconvertido.
La ciudad de Boston aguardaba el jueves 10 a la delegación peruana, donde sostendrán una reunión ante un selecto grupo de seis inversionistas de fondos institucionales, pero Nueva York ciertamente fue la cereza de la torta de un extenuante "road show" gubernamental que incluyó ocho países de Latinoamérica y Europa.
MIENTRAS TANTO
Tanto entusiasmo cosmopolita tuvo, sin embargo, su contraparte en Lima. En efecto, el congresista UPP Carlos Chipoco enfila baterías contra el proceso privatizador iniciado en 1992. Y no son pocas las municiones que porta.
Ni bien se sentó en su curul en 1995, Chipoco le echó la puntería a un proceso en el que, a su juicio, existen casos flagrantes de conflicto de intereses entre los protagonistas a ambos lados de la mesa.
Nueva York: la cereza de la torta del `road show'.
En ese entonces planteó, a nivel parlamentario, un proyecto para prevenir y evitar dichos conflictos de interés, pero fue encarpetado.
Dos años después, y tras doce pedidos formales de información ante la COPRI, el ministro González Izquierdo finalmente brindó esta semana los listados oficiales de las personas naturales, estudios jurídicos, bancos de inversión, y empresas consultoras que han participado en la privatización de las empresas incluidas en el proceso, además de los montos negociados en cada caso.
Chipoco afirma que en el intermedio tuvo incluso que amenazar a González Izquierdo con interponer una demanda judicial en caso de que el gobierno siguiera ocultando la información.
Con los documentos en la mano, Chipoco ahora sostiene que "el nombramiento de las personas y empresas vinculadas al proceso ha sido un acto de mercatilismo puro, pues en la mayoría de los casos los beneficiados no fueron elegidos a través de un concurso de méritos".
Sumando muertos y heridos, primos y amigos, el gobierno habría contratado servicios por un total de US$ 45 millones de dólares en los últimos cinco años, afirma Chipoco (ver cuadro).
En un primer análisis de la documentación se ha identificado a algunas personas que estarían cobrando dos veces por sus funciones en una misma privatización, pero éstos no serían los únicos -ni los más graves casos- en los que se estaría comiendo a doble cachete.
ESAS ASESORIAS
Los exitosos casos de la venta de la Telefónica del Perú, Cerro Verde o el de Participación Ciudadana no necesariamente marcan la pauta del resto del proceso privatizador.
Ahí están los casos de Sedapal y Petroperú o los huesos duros de roer como Paramonga.
El tiempo y los montos invertidos en dichas frustrantes privatizaciones también han llamado la atención de Chipoco.
Hasta el día en que el gobierno decidió dar marcha atrás con la privatización de Sedapal se invirtió US$ 1'576,000, siendo notorio que los últimos desembolsos importantes, en 1996, fueron dedicados casi exclusivamente a financiar campañas publicitarias. En el caso de Paramonga, empresa que está siendo liquidada luego de intentar ser subastada en dos ocasiones, la inversión asciende a US$ 551,352.
Y, tratándose de PetroPerú, las cifras ya bordean los US$ 5 millones. "Es increíble que habiéndose invertido cifras tan importantes, recién se esté considerando el concepto de `acciones doradas' en el esquema", sostiene el economista Alejandro Indacochea de ESAN.
Para Indacochea la última batahola respecto a las redes aéreas eléctricas en Lima es el fruto de una privatización pobremente concebida. "Primero se privatizó, y luego se pensó en implementar un marco regulatorio que obviamente hoy ofrece graves vacíos, afirma. "Ello por cierto era responsabilidad del banco de inversión".
La suma de la asesoría legal ofrecida por Baker & McKenzie, la asesoría técnica brindada por Apoyo S.A., la promoción de la venta a cargo de Black & Beatch International Co. y el asesor técnico de responsabilidad de la empresa Severn Trent Water International costaron US$ 294,789.
Una fuente vinculada al proceso privatizador que pidió no ser citada, sin embargo, desmiente dichas conclusiones.
"Los US$ 45 millones de costos mencionados apenas representan el O.7% de la suma total recaudada por el proceso privatizador, es decir, por US$ 7,095 millones", sostiene. "Esa es la manera más objetiva de evaluar el proceso".
Asimismo, desmiente que las asesorías hayan sido nombradas a dedo. "No recuerdo un caso donde no haya existido un concurso público. Tan así es que al inicio del proceso las comisiones cobradas por los bancos de inversión -en los malhadados años de 1992 y 1993- eran muchísimo más altas que hoy".
Cierto es, por otra parte, que la privatización y sus costos están enmarcados dentro del plan de cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entidad que aprueba y fiscaliza hasta el último penique desembolsado.
COMPROMISOS DE INVERSION
Es posible que dada la carga política del tema, la evaluación del proceso privatizador pueda verse desde distintos ángulos. Sin embargo, todos coinciden en que el éxito del proceso privatizador debe ser evaluado por lo recaudado por la venta de las empresas estatales y, a su vez, por los compromisos de inversión asumidos por los nuevos dueños.
Vitrina privatizadora: Boza, Abusada, Mitsumatsu y Peschiera.
En ese sentido la última cifra mencionada por Ernesto Mitsumatsu, presidente ejecutivo de la Copri, habla de compromisos que suman US$ 7,719,277. Sin embargo, el sustento oficial de dicha cifra desglosa la suma total en dos rubros: inversión comprometida e inversión anunciada.
La primera es la inversión que está contractualmente comprometida. La segunda es lo que dicen los nuevos dueños que van a invertir, pero que, en realidad, no implica una obligación perentoria de hacerlo.
Así, resulta que de la cifra total mencionada, sólo US$ 2,725 millones 277 mil es inversión contractualmente comprometida. El resto, US$ 4,994 millones son, literalmente, buenos deseos que para cumplirse piden clima, expectativas y estrategias de las propias empresas.
Por cosas como ésas se desató el año pasado el escándalo con los chinos de Shougang Corporation, quienes adquirieron Hierro Perú en noviembre de 1992, comprometiéndose a invertir US$ 137 millones, sólo para descubrir posteriormente que no había manera legal de obligarlos a cumplir con tal promesa.
No cabe duda que el gobierno se está pachamanqueando con montos de inversión declarados en conferencias de prensa, o incluidas en memorias corporativas, lo cual no quiere decir sin embargo que se las deba tomar a la ligera.
CREDITO PRIVATIZADOR: De los US$ 6 mil millones 600 mil recaudados por la venta de empresas estatales desde 1992, mil millones fueron financiados, de los cuales aún se deben US$ 808 millones, lo que preocupa a Alejandro Indacochea. "El Estado habrá sido un mal administrador, pero fue un peor cobrador". En Chile -en la década del '80- el 70% de las empresas privatizadas a crédito no cumplieron.
Resulta sintomático que buena parte de los anuncios de inversión futura estén concentrados en el sector minería y telecomunicaciones, donde las perspectivas de crecimiento avanzan a pasos de Margarito. No puede dejar de considerarse tampoco que las corporaciones que han hecho saber públicamente sus proyecciones financieras, responden a su matriz y, a su vez, saben que sus anuncios tienen un impacto en el movimiento bursátil internacional, escenario donde declaraciones alegres o altisonantes pueden eventualmente costar caro.
Indacochea: reservas en voz alta.
El ambiente limeño, en suma, amenaza con cobrar temperatura alta. No tanta, sin embargo, como la que alcanzó el departamento del embajador peruano ante la ONU, Fernando Guillén, el martes 8, donde en el transcurso de una cena ofrecida a la delegación peruana, se quedó sin aire acondicionado porque el ruido del aparato impedía seguir con una encendida conversación. Guillén no estuvo, pero actuó (brillantemente) de anfitriona Rosy Fort Brescia, estudiante de Phd en Literatura en la Universidad de Columbia. Los invitados: los editores del Wall Street Journal, que acaba de publicar un artículo sobre el declive de la popularidad de Fujimori, New York Times, Dow Jones, Fortune Magazine, Forbes, Latin Finance, The Economist. (Marco Zileri).
Bonos Aires
Nick Brady: del Plan a los bonos del Estado.
TERNO azul y corbata roja, presuroso, pero sonriente llegó Nicholas F. Brady al auditorio de la Universidad del Pacífico. A las 8 p.m. del martes 8 la sala ya empezaba a impacientarse -por el retraso de una hora- pero, el humor del ex secretario del Tesoro norteamericano cautivó al público de inmediato.
Entre los asistentes interesados en escuchar al famoso diseñador del famoso plan para solucionar la deuda de los países en desarrollo con la banca comercial figuraban conocidas personalidades del gobierno, como el presidente del Congreso, Víctor Joy Way, el primer ministro, Alberto Pandolfi, el ex presidente Francisco Morales Bermúdez, el ex vicepresidente Fernando Schwalb y el ex superintendente Luis Cortavarría (ahora técnico del FMI), entre otros. Además, por cierto no faltaron los banqueros invitados por Carlos Rodríguez Pastor, presidente de Interbank.
Brady confesó que si bien estaba orgulloso de que los bonos de reestructuración de la deuda con los bancos lleven su nombre, se sentiría aún más feliz si puede contemplar la redención de estos bonos. Anhelo sumamente caro por cierto. Sólo los bonos peruanos suman alrededor de US $ 5 mil millones y están pactados a un plazo de redención que varía entre 20 y 30 años.
Los bonos Brady del Perú quizá no sean redimidos como espera el ex secretario del Tesoro, pero todo hace suponer que hacia fin de año el Perú tratará de intercambiar sus bonos Brady por una nueva emisión de bonos. En la lid para colocar esta emisión están por cierto JP Morgan, Merril Lynch y Salomon Brothers.
Los inversionistas preferirían estos nuevos bonos Perú a los bonos Brady, ya que además de contar con un plazo homógeneo no se realizan pagos a cuenta, o sea que su contabilidad en las carteras de inversión es mucho más simple.
Cuando se coloquen estos bonos se establecerá la base de interés para el Perú, benchmark que le llaman, que no es otra cosa que añadir el riesgo país a la tasa de interés internacional (Libor o Prime Rate).
Dorando la Píldora
El Congreso aprobó a la carrera una ley sobre las acciones doradas para aplicarse en la venta de lo que resta de Petroperú.
"Me he sentido defraudado" acaba de confesar compungido el ministro de Trabajo y presidente de la COPRI Jorge González Izquierdo. (Semana Económica No. 578).
La sonora desilusión del ministro se debió a que sin su conocimiento ni aprobación la empresa norteamericana Inversiones Dominion trasfirió un paquete importante de las acciones de Egenor (49%) a la empresa mapochina Chilectra.
Es por ello que la reciente aprobación por el Congreso de una ley sobre acciones doradas no ha sorprendido a muchos, pero, no ha faltado quien se pregunte a estas alturas qué tienen que ver las acciones doradas con la mina Yanacocha, Goldfinger o el Rey Midas.
¿Qué es una acción dorada?
Es una acción minoritaria de una empresa privatizada, que si bien no tiene valor económico, faculta al Estado para vetar ciertas decisiones de los nuevos accionistas que afecten el interés nacional.
Acosado por los críticos, Alberto Pandolfi cuando ocupaba la presidencia de Petroperú prometió incluir en el proceso de privatización las acciones doradas, sin embargo, la cláusula dorada quedó en el tintero. Al poco tiempo, Pandolfi partió hacia el premierato y finalmente la famosa cláusula ni se mencionó en la venta de la Refinería de La Pampilla, el Lote X y el Lote 8.
Para remate, el mismo día de la subasta de la Refinería de La Pampilla arribó a Lima el director ejecutivo del FMI Michel Camdessus que señaló explícitamente el condicionamiento del éxito del programa económico a la venta de Petroperú. Después de esta admonición del sumo pontífice, la acción dorada pasó a convertirse en un recuerdo.
En los inicios del proceso de la privatización, hablar de colocar ciertas cortapisas en el contrato de venta de una empresa estatal era una herejía. Para los gurús de la privatización la globalización significaba la desaparición de las fronteras.
"Con cinco tarjetas de crédito, una notebook y un amigo ministro en Corea o en Chile algunos peruanos se sienten que han deshecho sus lazos de nacionalidad", afirma el congresista Carlos Ferrero, que desde hace algunos años viene llamando la atención sobre la venta de ciertas empresas a países vecinos porque podrían comprometer la seguridad del país. "Ningún capital es completamente neutral y es usual que los países vecinos traten de influirse mutuamente" (El Comercio 2/10/94).
El traspaso de acciones de Egenor ha resultado sin quererlo una prueba ácida, como llaman los contadores; sin acción dorada de por medio no existe facultad legal para vetar esta transacción, ya que la legislación vigente sólo prohíbe que una misma empresa sea propietaria de una empresa generadora de electricidad y a la vez de una distribuidora de electricidad. Algunos confundieron a Chilectra con su paisana Chilgener (propietaria de Edelnor que distribuye electricidad a todos los distritos del norte de Lima), y pidieron sin éxito la revisión de esta venta.
La ley recientemente aprobada por el Congreso se circunscribe al sector hidrocarburos, pese a que fue planteada para todos los sectores por los congresistas Antero Flores Aráoz y Lourdes Flores. El MEF opinó que con esta medida podrían desalentarse a los futuros candidatos para otros procesos y finalmente se restringió a Petroperú.
Pese a todo, el presidente del Congreso Víctor Joy Way a la salida del cóctel de celebración del día de la Independencia de los EE.UU., el viernes 4, ha insistido que las acciones doradas también podrían aplicarse en el sector energético. Quizá por ello como para calmar las embravecidas aguas por la compra de Chilectra la prensa mapochina destacó que la privatización de empresas eléctricas peruanas ya no despierta interés en Chile (El diario Económico 30/6/97).
El proceso más cercano en sufrir los efectos de esta pérdida de interés será la subasta del 60% de las acciones del conjunto Empresa de Generación Eléctrica del Sur (Egasa-Egesur), prevista para el 22 de julio. En un inicio existían 15 empresas interesadas en el conjunto Egasa-Egesur, la mayoría de ellas formadas por capitales extranjeros de accionistas estadounidenses, chilenos y argentinos. Cabe señalar que Egasa cuenta con seis centrales hidroeléctricas y tres centrales térmicas, mientras que Egesur opera dos centrales hidroeléctricas y dos térmicas en Tacna. El congresista Ferrero cree que en este caso no se necesita una acción dorada ya que la Constitución prohíbe invertir a países vecinos dentro de los 50 km. contiguos a la frontera, sin que medie una ley expresa.
"No obstante son reflejos tardíos" señala el profesor de Esan Alejandro Indacochea que exigió desde los inicios del proceso de privatización la necesidad de incluir las acciones doradas en la venta de Petroperú, las empresas eléctricas, puertos y aeropuertos, entre otros. "Resulta paradójico que cinco años después de haber iniciado el proceso y destinado casi US$ 5 millones en consultorías para vender Petroperú recién tomen conciencia que es necesario proteger el interés nacional" agrega Indacochea. (Ver nota aparte).
La acción dorada (golden share) se utilizó en Inglaterra, Francia e Israel; los objetivos eran variados. Se trató de evitar los procesos de privatización de la transferencia a terceros y principalmente que el nuevo dueño de la que fue la empresa estatal desmantele la planta y la traslade a otro país.
Por su parte, las Fuerzas Armadas han mantenido un perfil discreto en este debate. Sólo la Marina de Guerra en su momento manifestó su inconformidad, de manera informal, por la venta de Petrolera Transoceánica (naviera que distribuye petróleo a los puertos del litoral) a capitales sureños. La Copri para salir del impase nombró a un almirante en el CEPRI y finalmente el ganador fue Glenpoint Enterprise, (5/11/93), una empresa formada al vuelo en Panamá por inversionistas mayoritariamente chilenos.
Augusto Alvarez Rodrich del grupo Apoyo, muy influyente en la privatización, sostiene que esta ley "se ha dictado para calmar las tribunas más que para cumplir su objetivo". (El Comercio 6/7/97).
En cambio el economista Percy Tabory hace algunos meses señaló que "en los albores del siglo XXI los capitales se desplazan sin fronteras y lo único que limita su presencia y decisión es la rentabilidad económica".
Discusión al margen, no se puede negar que hoy en día existe un peligro latente de que se despierte una corriente de opinión favorable a las nacionalizaciones por esta infortunada decisión de postergar para un mejor momento la inclusión de acciones doradas en las privatizaciones de sectores altamente sensibles.
Hay que señalar sin embargo que la acción dorada no es cómo se cree una solución mágica que podría cerrar la puerta a capitales de determinada nacionalidad.
En un mundo globalizado las acciones de una empresa van de una mano a otra. En la ruleta de las bolsas, al mejor cazador se le va la paloma. No hay que ir muy lejos para comprobarlo. Por ejemplo, el Lote 8 fue adquirido por capitales argentinos, la empresa Pluspetrol-Islas Caimán, filial de Pluspetrol Company, que es propiedad de la empresa argentina Astra. Sin embargo, recientemente Astra ha sido comprada por la empresa española Repsol. Del tango al flamenco sin más. Ni con una acción dorada se puede evitar que la empresa matriz pueda cambiar de dueños. (Rafael Hidalgo).
