
El Pagador de Promesas
Los sustanciosos anuncios económicos cubren una amplia gama de sectores sociales y económicos.
LOS anuncios de medidas económicas para relanzar el programa y, sobre todo, para emprender la jornada en pro del empleo tienen el brillo de los fuegos artificiales y marcan, sin duda, un ingreso a la heterodoxia, aunque tímido y concertado con el ministro Jorge Camet.
Los empresarios, en una primera reacción esperanzada,se han mostrado de acuerdo con las medidas económicas.
Se argumentará que también hay un retorno al populismo electoral que le resultó favorable en 1994 al actual gobernante.
Con todo, y pese a múltiples dudas y suspicacias, hay un camino distinto que trata de darle al programa económico parte del rostro humano que se ha reclamado insistentemente y una genuina preocupación por redoblar el ataque a la pobreza, al desempleo y a la miseria.
Salvo que el BCR o el ministro de Economía lo aclaren, ahora debemos US$ 7,674 millones más que cuando se inició este régimen.
Ministro Jorge Camet: de inflexible, ha empezado a aceptar soltar la cuerda de la caja fiscal. ¿Hasta dónde?
No deja de extrañar que el Presidente Fujimori se contradiga en el mismo párrafo de su discurso: "...Este proceso de recompra fue enteramente transparente, y para defender los intereses del país no fue hecho público en una primera instancia. Esto puede despertar suspicacias, hasta generar un costo público, pero no quedaba otra salida. Algún gobierno tenía que hacerlo; debíamos mantener la reserva para evitar reacciones negativas de los bancos acreedores."
El Sueño de la Casa Propia
Pocos imaginaban que la crisis de los rehenes iba influir en la nueva política empleada para el uso del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), anunciada por el Presidente Fujimori en su mensaje presidencial. No se trata de la disminución de la tasa del 7% al 5% (bien recibida por los empresarios), sino de las 10 mil viviendas que como mínimo se construirán en los próximos tres años.
Según la versión presidencial se trata de viviendas cuyo costo no supere los US$ 20 mil por unidad, es decir que las 50 mil viviendas costarán como mínimo US$ 1,000 millones. Si consideramos que la recaudación anual del Fonavi es alrededor de US$ 550 millones anuales, entonces el monto recaudado en los próximos tres años -con la reciente rebaja- ascendería a cerca de US$ 1,500 millones.
Los cálculos mencionados indicarían que el 75% de los recursos del Fonavi se destinarán a los sectores medios de las ciudades y ya no exclusivamente a proveer infraestructura básica (agua, desagüe, etc) a los sectores de extrema pobreza en zonas alejadas.
¿Qué es lo que hay detrás de este sorpresivo cambio? Hasta antes del anuncio, el Presidente Fujimori empleó los recursos del Fonavi como una suerte de "caja chica" usada para cumplir las promesas hechas en las zonas más pobres del país. Cuando se exigía la eliminación de esta contribución, los representantes del gobierno respondían que los recursos del Fonavi se destinaban a los más pobres.
Después de enfrentar una masiva crítica, se acordó en abril último que los responsables del manejo del Fonavi iban a presentar trimestralmente, ante la Comisión de Presupuesto, toda la información detallada sobre el uso y destino de los recursos del Fonavi.
Sin embargo, los problemas políticos enfrentados por el gobierno en junio y julio, han dejado de lado el velar por el cumplimiento de los responsables del manejo directo del Fonavi. Es más, en estos dos últimos meses se han nombrado nuevos representantes. Para empezar se renunció al presidente del Fonavi, Roberto Ribeyro Amorós, hombre de confianza de Carlos Tsuboyama, poderoso viceministro de Infrestructura del ministerio de la Presidencia, que fue uno de los ex rehenes de los emerretistas.
Tsuboyama mantiene bajo su dependencia no sólo el Fonavi sino Enace, Banco de Materiales, entre otras dependencias que están directamente relacionadas con la política de gasto social realizada por el gobierno desde hace más de cinco años. Ha resistido todos los ministros de ese portafolio, incluyendo por supuesto al ex delfín, Jaime Yoshiyama.
Si nada ni nadie parecía tocarle a Tsuboyama hasta diciembre del año pasado, entonces ¿cuáles son los motivos para que desde mayo del presente año, le hayan removido a todo su directorio?
Un ex funcionario gubernamental estima que el problema residiría en las dificultades que habrían encontrado las autoridades competentes para que los anteriores responsables del Fonavi sostengan una auditoría bastante independiente. Total está en juego la transparencia del uso de US$ 3,000 millones que es el monto recaudado en cinco años.
Mi Banco y el Autoempleo
Otro de los anuncios del 28 de julio ha sido la creación de Mibanco, un proyecto que ha estado en diseño desde hace meses y que estará dedicado al financiamiento de las microempresas. De acuerdo con la versión presidencial, esta nueva entidad ya contaría con el apoyo de los dos principales bancos del país, el Banco de Crédito y el Banco Wiese.
Un funcionario de una entidad de promoción para la pequeña y microempresa (Edpyme) manifestó que aparentemente Mibanco otorgará préstamos de bajo monto a microempresarios, de manera similar a las operaciones realizadas por Acción Comunitaria, una entidad especializada en estos préstamos.
Acción Comunitaria trabaja con diversidad de microempresarios, entre ellos los que laboran en mercados, y sus préstamos en promedio oscilan entre S/. 500 y S/. 1,500. "Evidentemente se trata de préstamos cuyo objetivo es el autoempleo; ya que una pequeña empresa demanda préstamos de montos mayores", dijo el experto.
De otro lado, la participación de los bancos mencionados indicaría que está descartada cualquier operación de captación de recursos por parte de Mibanco; ya que ello significaría entrar en una "peligrosa" competencia con los bancos.
Empleados Empresarios
La creación del Programa de Participación Ciudadana del Sector Público que busca poner a disposición de los empleados y jubilados en general certificados de un fondo muto o de inversión, que se constituirá con el aporte de las acciones que el Estado mantiene en empresas privatizadas (US$ 1,300 millones) y otros recursos de la privatización ha despertado interés e interrogantes. La reglamentación pondrá en claro si personas que a las justas tienen para comer pueden pasar a tener acciones, que sólo podrían adquirirlas si se las dan como compensación. De lo contrario los únicos que podrían comprarlas son los privilegiados de la burocracia dorada. No es una mala idea, en principio, pero hay que ver cómo se la instrumenta.