Por AUGUSTO ELMORE
¡ Somos buenazos!: Luego de la actitud desleal y, ¿por qué no decirlo?, cobarde del gobierno del Uruguay que aceptó, valgan las verdades, el canje de su embajador, retenido en la embajada del Japón en Lima, por la libertad de dos emerretistas (que de paso ya se han hecho humo, seguramente para entrar próximamente en acción), y después del distanciamiento que aquello originó entre ambos países, cuando finalmente el Perú condescendió en echarle encima el manto del olvido enviando de nuevo a su embajador, las autoridades uruguayas desairaron a la embajada peruana brillando por su ausencia en las ceremonias de Fiestas Patrias, a las que estaban obligadas protocolarmente a asistir. Y en lugar de manifestar su malestar, el gobierno peruano ha dicho públicamente que allí no pasó nada. ¡Qué buenazos que somos! Siempre estamos dispuestos a presentar la otra mejilla. Somos como aquel personaje que representaba en Buenos Aires el gran actor argentino Narciso Ibáñez Menta: El que recibe las bofetadas.
Han vuelto a aparecer las informaciones a que nos tenía acostumbrados la Fuerza Aérea Peruana respecto de la, ahora vamos, silenciosa lucha que lleva ese sector de las Fuerzas Armadas en contra del narcotráfico. Por ejemplo, a raíz del reciente y publicitado derribamiento de una avioneta sin matrícula que traspuso nuestro espacio aéreo -cuyos restos, claro, no han sido y me sospecho jamás serán encontrados (estoy dispuesto a rectificarme si tal cosa sucede)- apareció en el más importante diario peruano la información siguiente: "Cabe recordar que en 1996 se capturaron y derribaron 80 aviones de narcotraficantes, según información proporcionada a principios de julio por la Segunda Región Aérea territorial de la FAP, con sede en Las Palmas". ¡OCHENTA aviones en un año!, es decir más de seis por mes; uno y pico por semana sin faltar una sola. ¡Miren lo que son las cosas!; ¡y nosotros que ni nos habíamos enterado!
Vergonzosa, nauseabunda, obscena ha sido la interceptación telefónica que ha vulnerado la privacidad del embajador Pérez de Cuéllar. Además de infame. ¡¿Y van a decir ahora que ha sido producida por fisgones aficionados con scaners adquiridos en Miami? Ya sé que todo, especialmente las investigaciones del Congreso, quedará en nada, pero a todos les consta ya el bajo nivel de sus probables autores. Y el de aquellos que los encubren. Cosa de delincuentes, en verdad.
Lo único que queda de bueno en el descubrimiento de esa ilícita e inmoral actividad es que ahora los que la realizan sienten pasos en el arco, como diría Martínez Morosini. Hay quien se encuentra allí dentro, sabe lo que sucede y está en contra, porque se encarga de que se conozca. Algún día se destapará la olla podrida.
Servando y Florentino, los dos granujas salseros que han hecho triste noticia en Lima, deberían ser impedidos de reingresar al país. Tanto por el delirante, absurdo e inexplicable frenesí que producen en jóvenes adolescentes, por la mala calidad de lo que hacen. Las empresas que en el futuro los auspicien deberían se calificadas como cómplices de sus desmanes (los de ellos y los de sus pobres seguidoras). Además de eso, los consulados peruanos deberían negarles la visa de ingreso al país porque son peores y más dañinos que la fiebre amarilla y la peste bubónica.
Considero que en esta emergencia la Asociación Sicoanalítica Peruana, en el supuesto de que exista, debería ofrecer sus servicios y el de los especialistas, para que en los consultorios siquiátricos de todo el país puedan tener ingreso y tratamiento libre todas las jóvenes de 17 años que sufran de la peligrosa enfermedad mental denominada Síndrome Servando y Florentino. ¡Sicoanalistas a la acción! ¡Ahora!, porque mañana puede ser demasiado tarde.
Uno de los peores insultos que han recibido las Fuerzas Armadas proviene nada menos que de la Sala Penal de la Corte Suprema, que ha dictaminado que el juicio que por torturas se sigue a aquellos que las cometieron en agravio de Leonor La Rosa sea visto por la Justicia Militar y no por la civil, aduciendo sin querer queriendo que las torturas son un delito de función (militar claro). Nosotros no lo sabíamos hasta ahora, aunque ha habido quienes lo sospechaban.
"Fallas en el diseño y consistencia de carreteras acrecientan accidentes". "Tramo de carretera recién construida está deteriorado". Esos son dos de los titulares y las noticias publicadas por el decano de la prensa nacional en un mismo día. Razón para preocuparse por el desarrollo de la ingeniería peruana, tan renombrada en otros tiempos. ¿O será que el apetito de los empresarios constructores puede más que la ética profesional de los ingenieros?
El domingo último apareció un suplemento dedicado a la Justicia Militar, en la que ésta no se ahorra autoditirambos, insistiendo numerosas veces en su absoluta independencia ("la jurisdicción militar está concebida como un fuero independiente y como tal autónomo"). Sin embargo, nada menos que su editorial dice lo siguiente: "(la Justicia Militar está) preparada para afrontar los nuevos retos que puedan presentarse en los años venideros y asumir las funciones que el Supremo Gobierno considere asignarles". Por otra parte destaca el contraste existente entre los indultos producidos por el Fuero Común: 104 en 1996 y 115 en 1997, y aquellos de la Justicia Militar: 6 en 1996 y 1 en 1997. No sé si esa evidente diferencia es buena o mala. ¿Será acaso que la Justicia Militar no se equivoca o que simplemente no le gusta dar su brazo a torcer? ¿O será como Jalisco, que nunca pierde?
