Buenos Modales
El nuevo presidente del Congreso explica el porqué es necesario el diálogo en el Parlamento.

Mirando al cuadro de Francisco Javier de Luna Pizarro, el primer presidente del Congreso peruano, Carlos Torres señala que a él, por cábala y destino, le ha tocado ser el número 200. "Señal de que de repente, le toca el 2000", bromea alguien. No se puede negar que el cargo le gusta. Su ambición va más allá. Quiere ser recordado por una gestión insólita para un régimen tan aficionado a la bronca. He aquí un esbozo de un buen propósito.

¿Qué es lo que ha llevado a que ahora el tema de la administración y de las compras en el Congreso haya resultado un detonante político?
-La administración es la misma y yo soy el primer responsable de lo que haya podido suceder antes, o suceda ahora porque yo he sido vicepresidente de las mesas anteriores. Lo que hemos detectado ahora, por compras realizadas en los últimos días, no es más que producto de la organización que hemos contado desde 1993. Desde entonces a la fecha tenemos auditoría externa, auditoría interna y control de la Controloría General de la República. Desde 1993, la administración económica y contable no está en manos de los congresistas (a diferencia de lo que ocurría antes) sino de una gerencia, de las gerencias operativas, y del oficial mayor.

Carlos Torres y Torres Lara: "Si el gerente general tiene responsabilidad o no, lo determinarán las investigaciones".

Los últimos resultados son la expresión de la buena organización lograda con la presidencia de Víctor Joy Way, de Martha Chávez y de Jaime Yoshiyama. Ella ha permitido que en un momento determinado pueda detectarse una irregularidad en forma inmediata. No solamente somos un equipo, sino que yo soy, en todo caso, el principal responsable de lo que ha sucedido o suceda; y en consecuencia, la labor realizada por Víctor Joy Way y su mesa directiva, en la cual estoy incluido, no ha tenido nada que ver con estos aspectos de carácter administrativo económico.
-Hay otro nivel de irregularidades denunciado también, que se refiere a nepotismo o favoritismos de parte de los congresistas. ¿Se va hacer algo al respecto?
-Sí, desde un principio y desde el tiempo del ingeniero Yoshiyama, Martha Chávez, Joy Way, y obviamente bajo mi presidencia está terminantemente prohibida la contratación de familiares en los grados que señala la ley, cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Es condición para la contratación de cualquier persona en el Congreso que lo declare bajo juramento. A veces se alude al caso de parentescos en vista de los apellidos. Desde nuestro punto de vista, en este momento no existen parientes en el Congreso.Y si existieran, están siendo ocultados, y si alguien lo denuncia, inmediatamente procederemos. Acabo de instalar una mesa afuera de sugerencias y espero recibir las denuncias, no solamente del personal oficial del Congreso, sino también del público.
-Por más que trata de decir que todo sigue igual, usted marca distancias. ¿Por qué este cambio de temperamento?
-Esto no se debe a un cambio de la dirección, sino de las condiciones en las que estamos operando. En la primera etapa, cuando las encuestas nos declararon un amplio apoyo, teníamos la posibilidad de realizar una serie de acciones a la mayor velocidad, lo que impedía un diálogo más amplio, sobre los temas que habían en debate. Hoy las condiciones han cambiado. En las encuestas no dice que el Congreso esté actuando bien, nuestro porcentaje ha bajado. Tenemos, en consecuencia, que ver esas encuestas y rectificar. Según la gente hemos debatido poco y no hemos conversado lo suficiente con la oposición.
-Y que también han dado muchas leyes sorpresa...
-Bueno, lo que la gente cree que son sorpresas. Admitamos que sea así. Tenemos, entonces, que rectificar porque ya no representamos el 70 u 80% de la población sino un porcentaje mucho menor. En consecuencia, si queremos ser democráticos, antes podíamos ser rápidos, hoy tenemos que ser más lentos, conversar más, discutir con los otros grupos. Gran parte de la opinión pública pide debate. Entonces, si alguna crítica tendrá mi gestión, es que no debemos figurar como los que dieron más leyes, sino como los que dialogaron más.
-Lo criticarán por hablar mucho y legislar poco...
-No importa. Ojalá que al final de mi período se diga se debatió demasiado y se dieron pocas leyes, porque eso será el indicador que dialogué, discutí y conversé. Las leyes se dan por mayoría, cuando la mayoría es clara y contundente. Si no es así, hay que pedir la orientación de la opinión pública para estar seguros de que tienen el peso suficiente.
-¿Este cambio de estrategia es solamente privativo del Congreso o también está planteándolo el Ejecutivo.
-El Ejecutivo tiene que contestar por el Ejecutivo, yo le contesto por el Legislativo. Soy corresponsable de lo que se hizo antes. Pero hoy mi papel ha cambiado y es ser el coordinador de este poder del Estado. Tengo que buscar la coherencia entre los grupos de mayoría y de minoría.
-El gobierno no responde a una serie de inquietudes. El "chuponeo" telefónico es una de ellas. ¿Qué piensa que debiera hacerse al respecto?
-En primer lugar, es importante mostrar en los hechos que el gobierno tiene capacidad de reflexión y de rectificación. El Ejecutivo ha demostrado eso muy bien, rectificando una resolución que se había dictado para interponer una acción penal contra una jueza. En un plazo muy rápido el Ejecutivo actuó y rectificó.
¿Tuvo ocasión de opinar contra esa resolución ante el Ejecutivo?
Sí, opiné por la tarde del día en que se estaba rectificando la resolución y creo que coincidimos tanto el Legislativo como el Ejecutivo en el sentido que había que introducir una rectificación a un hecho de esa naturaleza.
En fin, el tema era el chuponeo...
Soy un decidido propulsor de que se investigue esta situación. Para determinar quiénes son los que intervienen las comunicaciones. Algunos dicen que podría ser el Servicio de Inteligencia. No sería extraño que alguien del SIN pudiera estar utilizando malamente equipos determinados que hay que investigar. Otros dicen que sería el partido aprista, quien adquirió los equipos durante el tiempo del doctor Alan García y que, según las últimas investigaciones, no fueron entregados. Otros dicen que pueden ser servicios de inteligencia de particulares. En concreto, todas esas afirmaciones son posiblemente válidas.
Lo que hay que determinar es realmente quién las hace y sancionar en la forma correspondiente. La última investigación se hizo en 1990, cuando este gobierno recién iniciaba su tarea, y se detectó que las interferencias telefónicas habían sido hechas entre 1987 y el 90, y que habían sido hechas, por ejemplo, contra el señor Vargas Llosa en pleno proceso electoral, contra el arquitecto Belaunde. Recuerdo las declaraciones del maestro Luis Alberto Sánchez, quien dijo que aquí toda la vida se ha hecho este tipo de interferencias. Nosotros lo que queremos declarar es que esperamos que no se vuelvan hacer, y para eso hay que detectarlas.
Si se le encarga al gobierno o a los propios servicios castrenses, tampoco se producen resultados. Se alude al secreto militar, a la seguridad...
Indudablemente, mi primer problema como presidente es que lleguemos a una conclusión concreta y espero que el jueves se produzca. Si llegamos a esa conclusión, el segundo tema será quién investiga, son dos cosas diferentes. ¿Investiga una comisión por mayoría? ¿Investiga una comisión por minoría? ¿Investiga una comisión mixta?, ¿quién tendrá la presidencia?, ¿la mayoría o la minoría? Necesitamos plena credibilidad. Lo primero que tendrá que hacerse es pedir al propio Servicio de Inteligencia del Perú que informe quién hace estas interferencias, sin perjuicio, por supuesto, de investigar al propio Servicio de Inteligencia. Pero el Servicio de Inteligencia tiene que informar también si hay posibilidad de interferencia en otros sectores y por otras razones, y en qué forma.
¿Fue la mesa directiva la que decidió las compras hoy cuestionadas?
Apenas asumimos al cargo hemos dado algunas indicaciones: por ejemplo, la remodelación de las oficinas, sin precisar lo que tiene que comprarse, dónde tiene que comprarse, quién lo vende, cómo son las licitaciones. Lo único que acuerda la mesa directiva es que habiliten cuatro o seis oficinas para reuniones y las oficinas personales.
Simultáneamente a eso, uno puede pedir exámenes especiales de lo que se está haciendo. Fue lo que hicimos, dado el alto volumen de compras, apenas llegados a la Presidencia. Pedimos comparar precios y qué es lo que se pagaba.El auditor responsable constató que habían diferencias sustanciales, esto es lo que sucedió. En consecuencia, lo que hace la mesa directiva anterior o la actual es la supervisión de la administración.
-¿En buena cuenta, quién es el responsable de las compras?
-Esa es una decisión que corresponde al gerente, no corresponde a la mesa directiva. Nosotros en la mesa directiva anterior le hemos dado todo nuestro respaldo tanto al oficial mayor como al gerente. Quiero decir que el oficial mayor tampoco tiene una responsabilidad directa sobre estas cosas, porque son temas administrativos de compras, de adquisiciones.
-¿Está diciendo que el responsable es el actual gerente general?
-Vamos a decir que todos somos responsables de lo que pasa en el Perú. Sin embargo, hay niveles. Uno, del que compra con sobreprecio, otro del que ordena la compra, por encima de él hay un jefe, que tiene menor responsabilidad, pero que también es responsable. Habrá que estudiar hasta dónde llega la responsabilidad del jefe del señor que compró estos bienes; sobre él está el gerente general, el que está a cargo de toda la administración. Si tiene responsabilidad o no, lo determinarán las investigaciones. El gerente es un hombre del que nosotros tenemos las mejores referencias, pero también deberá entrar en el proceso de investigación; encima de él está el oficial mayor que es un hombre que se dedica fundamentalmente a la parte legislativa.
-¿Es cierto que se revisaría el caso de la sanción al congresista Fernando Olivera?
-Sí. Quiero decirle que estoy preocupado sobre esta materia y que estoy conversando con los diversos grupos políticos. Hay un sector también muy grande en el Congreso que opina que si el señor Olivera no se rectificó, si el insulto que dio fue ante autoridades extranjeras invitadas en esa oportunidad, se considera que es además un asunto acabado. La situación es muy difícil, porque además yo tengo que considerar que se ha producido durante una etapa anterior. Vale decir durante la presidencia de Víctor Joy Way, y creo que tengo que ser muy respetuoso de las decisiones que se tomaron durante su etapa. Por lo tanto, como coordinador hoy día del Congreso, quisiera en esta materia ser muy prudente. Buscar la posibilidad de una conciliación en esta materia, pero comprender que si no se toma se debe a que las declaraciones de Olivera fueron sumamente duras y realmente negativas.
-¿No sucede lo mismo en el caso de Diez Canseco? Justamente al respecto, se dice que algunos piden hasta su desafuero...
Más todavía, algunos piden que se le inicie una acción penal. Sobre esta materia que ya se produce en mi período, quiero ser también muy prudente, y aunque se verá probablemente en la sesión que viene o en la siguiente del pleno, debo manifestar que me parece que esto debe ser materia de un amplio estudio. Primero, sobre la naturaleza jurídica del acto que ha realizado el señor Diez Canseco, que es para unos muy negativo y para otros no merecería una pena tan alta. En segundo lugar, la consecuencia que significa esto, para las futuros actos de sesiones secretas que a veces algunos piden e incluso el problema del reglamento sobre la materia y los temas tecnológicos, hoy día es muy fácil conocer qué cosa se discute en un salón a 50 metros de distancia, el problema es complejo.

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