Jueces Sin Paz
Por razones opuestas, caso Escobar y Greta Minaya mantienen a los magistrados en pie de guerra.
Jueza Minaya con el general Robles, cuyo recurso de hábeas corpus ella acogió.
Los ánimos continúan encrespados en el Poder Judicial. A la resistencia de los magistrados a ser controlados por tarjetas, se ha venido a sumar ahora la resolución del Organo de Control de la Magistratura que solicita la separación del juez Percy Escobar y el bolondrón desatado por la denuncia del Ministerio del Interior contra la jueza Greta Elba Minaya por supuesto delito de terrorismo. El comandante Dellepiane trata de aquietar las aguas y aunque no parece tenerlas todas consigo, sigue empujando su discutida reforma.
EL pasado viernes 15 por la mañana, mientras el secretario ejecutivo del Poder Judicial, comandante José Dellepiane Massa, se reunía en un hotel de San Isidro con representantes de la prensa para indicarles que la reforma del referido Poder seguiría adelante, en el OCMA se culminaba la explosiva resolución que pedía la separación de la judicatura del juez Percy Escobar, nombrado por el Supremo Nelson Reyes y a cargo del caso Ivcher.
Nelson Reyes y Elcira Vásquez: supremos con distintos puntos de vista sobre Percy Escobar.
La investigación y el informe que sustentaban tal pedido eran obra de la ex presidenta de la Corte Antidrogas, Inés Villa Bonilla, y contaban con la aprobación de la vocal suprema Elcira Vásquez, jefa del OCMA. Pero la última palabra sobre el asunto no está todavía dicha, ya que finalmente la separación de Escobar la tendrá que ver la Comisión Ejecutiva que comanda Dellepiane.
No hay que olvidar que ya anteriormente el OCMA pidió la separación de la vocal provisional Alminda López, quien veía el caso de Cachique Rivera, habida cuenta de que era jueza de paz y había saltado dos cargos para llegar al puesto que ocupaba, y la Comisión Ejecutiva dejó sin efecto la resolución.
EL CASO MINAYA
A raíz de la denuncia por terrorismo contra la jueza Elba Greta Minaya, realizada por el procurador Mario Cavagnaro, del Ministerio del Interior, el pasado miércoles 13, Dellepiane tuvo que lidiar con una buena cantidad de enardecidos magistrados, a los que, por añadidura, había alcanzado también el fuego encendido días antes por los vocales de la Corte de Lima, cuando cuestionaron a su presidente Marcos Ibazeta (Ver Caretas 1478).
Cuestionado juez Percy Escobar (derecha) veía el caso Ivcher (izquierda). Ha apelado resolución que pide separarlo del PJ.
Ese jueves por la tarde, Dellepiane tenía ya conocimiento de que el Ministerio del Interior iba a emitir otra resolución dejando de lado la denuncia inicial contra la jueza Minaya hasta que el OCMA concluya su investigación. Y él mismo envió al domicilio de la magistrada copia de la resolución, pero el sobre que la contenía llevaba bordes negros, lo que le daba un aspecto fúnebre.
Elba Greta lo tomó a broma. Ella había asumido su propia defensa y pidió dos días de licencia al Poder Judicial. Tuvo el apoyo del Colegio de Abogados, de la Asociación Pro Derechos Humanos y de sus colegas magistrados.
El motivo de la denuncia, según el procurador Cavagnaro, era que la jueza había actuado de oficio un hábeas corpus en favor de Carmen Cáceres Hinostroza, estando impedida de hacerlo.
Pero la posición de la magistrada es que ella actuó de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y lo cierto es que el caso en cuestión presenta elementos oscuros. Si bien es cierto que el pasado 16 de junio se intervino al ex policía Máximo Alberto Avila Reyes, esposo de Carmen Cáceres, quien fue expulsado de su institución por extorsión y purgó condena por cerca de 10 años por delito de robo, es casi imposible que un sujeto con esos antecedentes integrase una agrupación terrorista.
Avila fue intervenido por la División de Robos. Pero luego el mayor PNP Carlos Cuestas envió a Carmen Cáceres a la Dincote porque, según su versión, se le encontró en su domicilio una cacerina con balas.
Al respecto ella ha denunciado que se trató de una venganza, por no haber accedido a pagarle l,500 dólares al referido mayor.
Cuando la jueza Elba Greta realizó sus investigaciones, encontró una serie de irregularidades en lo actuado por la policía. Y como no obtenía respuestas sobre los partes policiales y el material incautado, decretó la libertad de Cáceres.
Pero el lunes 17 la sala de Derecho Público que preside el vocal Sixto Muñoz Sarmiento, revocó su resolución y pidió la captura de Carmen Cáceres. Muñoz, a todo esto, es un vocal cuestionado y con denuncia en el OCMA.
Era fácil percibir, en consecuencia, cómo se movían ciertos resortes ocultos en el Poder Judicial. Una labor silenciosa y sistemática, realizada según diversos testimonios por el general EP Guido Guevara, daba sus frutos. Guevara, señalan las fuentes, habría convocado personalmente a más de un magistrado a su despacho, donde les habría hecho un discurso acerca de la falta que le hacían al Estado jueces que lo apoyaran.
Elba Minaya (derecha) cuando estudiaba Educación en la Católica. Entre sus compañeras, Trinidad Becerra (izquierda), esposa de Montesinos.
Así las cosas, parece que la suerte de la magistrada Minaya estaría por decidirse muy pronto, ya que suponiendo que el OCMA no le encuentre responsabilidad, en última instancia el caso será visto por la Comisión Ejecutiva.
La verdad es que ella es muy incómoda para el gobierno, pues suele admitir recursos de amparo y hábeas corpus que otros jueces rechazan o tienen temor de resolver. No hay que olvidar que fue ella quien falló el hábeas corpus en favor del general Rodolfo Robles, ordenando su inmediata libertad cuando él se encontraba detenido en el Real Felipe.
OTRAS MOVIDAS
Ante el movimiento de los vocales superiores que prosiguió el martes 19 en el despacho de Ibazeta, los vocales supremos, para no quedarse atrás, están promoviendo una sala plena extraordinaria. Se habría reunido más de 11 firmas y con el quórum respectivo se sesionaría. La agenda sería pedir a Dellepiane un informe completo y detallado sobre cómo marcha la reforma del Poder Judicial .
Mientras tanto Ibazeta ha prometido a sus colegas sacar un pronunciamiento sobre los reclamos que se le han planteado. Por su parte, la comisión presidida por Víctor Prados e integrada por Jorge Carrión, Luis Quiroz y Pablo Rojas, entregó al mismo Ibazeta un comunicado para que lo haga llegar a la Comisión Ejecutiva.
Carmen Cáceres Hinostroza: ordenar su libertad le acarreó problemas a la jueza Elba Minaya.
Pablo Rojas señaló que no tenía temor de firmar el documento. Recordó que ellos en 1995 suscribieron a título personal un documento donde realizaron un diagnóstico del Poder Judicial y que esta vez también lo podrían firmar. Añadió que si nadie quería hacerlo, no le importaba: firmaría él solo. Los demás vocales superiores, entonces, que en número de 50 estaban en la reunión, se pararon y señalaron que también firmarían.
Ibazeta dijo a sus colegas que había que evitar el enfrentamiento y la polarización política, pero la verdad es que la pradera continúa encendida en el Poder Judicial.
Los magistrados se oponen al control, ya sea por cuaderno o tarjetas. Y la Comisión Ejecutiva no va a retroceder en su posición. Falta ver qué dicen al respecto los vocales supremos.
Mientras tanto, los genios de la reforma están estudiando cómo librarse del OCMA. Se habría elaborado un nuevo diseño de control de magistrados dentro del que no serían jueces quienes integrarían el órgano en cuestión, sino profesionales de otras áreas. Una forma de controlar a los hoy encabritados magistrados y seguir empujando la reforma.
