Demanda Conjunta
Celeridad en la sentencia, demora en la liberación. La larga espera del "indulto" para María Elena Loayza y otros inocentes.
Familiares de Bonifacio Solsol, Luis Quinto, Víctor Liñán y Carlos Cuyo. Abajo, María Elena Loayza.
La postergada liberación de María Elena Loayza Tamayo, exigida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a nuestro gobierno, ha echado nuevas sombras sobre el panorama de la justicia en el país. Encarcelada desde hace más de cuatro años -sin pruebas definitivas (sólo la acusación de una arrepentida) que la vinculen con la organización terrorista Sendero Luminoso-, la Sala Superior de "jueces sin rostro" que veía su caso no atendió su pedido de hábeas corpus, razón por la cual aún no ha sido puesta en libertad. Curiosa lentitud de trámite que contrasta con la celeridad de los "tribunales sin rostro" -oficialmente desactivados el miércoles último- que resolvieron en días pasados decenas de casos por terrorismo y traición a la patria en sus respectivas salas. Una eficiencia productiva que, según analistas, podría haber respondido a la proximidad de su desaparición.
"Lo insólito es que llegaron a realizar entre 10 y 15 audiencias diarias por sala. El objetivo habría sido dejar el trabajo a la comisión de indultos", opina Manuel Boluarte de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), institución que viene asesorando a los familiares de otros 54 reclusos -acusados de terrorismo- que han solicitado liberación y cuyo pedido fue alcanzado a la Comisión Técnica de la Defensoría del Pueblo el año pasado, sin que hasta hoy haya respuesta.
La Comisión Ad Hoc -encargada de recomendar el indulto o el derecho de gracia para inocentes condenados o procesados por terrorismo- ha informado por su parte, la recepción de más de 2,200 solicitudes para la revisión de casos referidos a igual número de detenidos. De este total, 226 personas han sido liberadas. Pese a la declarada voluntad del gobierno de solucionar los pedidos de indulto, sería pertinente agilizar las resoluciones de las mismas. Resulta casi "kafkiano", en estos tiempos, el hecho que sea más fácil encerrar a un inocente que liberarlo.
CASO ABIERTO
Un nuevo giro podría dar el caso de Baruch Ivcher tras la admisión de la queja presentada por el empresario contra tres de los miembros de la sala de Derecho Público, los vocales superiores Sixto Muñoz Sarmiento, Jorge Gonzales Campos y Pedro Infantes Mandujano. La Oficina de Control de la Magistratura resolvió iniciar un proceso disciplinario contra los mencionados magistrados por presuntas irregularidades en el trámite de este caso. El proceso podría determinar no sólo la destitución de los magistrados por prevaricato sino también ser pasibles de una denuncia penal. Recientemente el fiscal superior Pablo Visalot Chávez se pronunció a favor de la acción de amparo presentada por Ivcher reconociendo implícitamente la inconstitucionalidad del retiro de la nacionalidad al empresario. Las muestras de independencia de algunos miembros del Poder Judicial coinciden con el de la fijación de un plazo de 30 días establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver si procede dictar medidas cautelares destinadas a restituir el derecho de nacionalidad peruana de Ivcher.
CONSULTA DESFONDADA
Presidente del JNE, Alvaro Chocano, y apuros presupuestales sin solución a la vista.
El sorteo de 2,010 miembros titulares y suplentes de las primeras 335 mesas (correspondientes a 33 distritos) que participarán en la consulta popular sobre la revocatoria de alcaldes y regidores 1997, ha puesto en marcha dicho proceso electoral que -tras obligada postergación por retraso en la transferencia respectiva del MEF- se realizará el 23 de noviembre. El martes 21 la ONPE realizaría un segundo sorteo para 479 mesas de 29 distritos pendientes en los que hay 77,921 electores. Sin embargo, aún hay inconvenientes. La ONPE solicitó al MEF una partida de S/. 7.2 millones para la realización de la consulta, pero sólo se le otorgó S/. 6 millones. "Se ha tenido que cortar los spots de radio y reajustado una serie de gastos, lo cual rebajará la calidad de los comicios. Además falta dinero para la instalación de jurados especiales", advierte Jorge Recavarren, gerente de Información y Educación Electoral de la ONPE. En el JNE las cosas no están mejor: había solicitado S/. 1.8 millones para los gastos que demandará la instalación de locales, pago de viajes y viáticos para los jurados especiales de los primeros 33 distritos, pero el monto fue rebajado a S/. 1.2 millones. De acuerdo a la ley lo único que le queda al JNE es solicitar una ampliación presupuestal. Y otra vez todo estará en manos del MEF.
LLAMADA DE LA FORTUNA
Herley
Llerena,
representante de usuarios
ante Osiptel enfrenta
desafío
tarifario.
La propuesta de Osiptel sobre las nuevas tarifas para las llamadas telefónicas mínimas ha llevado a los integrantes de la Asociación de Consumidores y Usuarios (ACYU) a desenterrar el hacha de guerra. Actualmente la llamada mínima de servicio local dura tres minutos y cuesta S/. 0.24. Si esta llamada mínima se redujera a un minuto, lo lógico -dicen- sería que la tarifa se divida en tres, con lo que habría que pagar S/. 0.08. Pero Osiptel opina que el factor de división debe ser 2.04, basado en que los ingresos de Telefónica por las llamadas de tres minutos deben ser iguales a las llamadas de un minuto. César Gutiérrez, presidente de ACYU, afirma que una persona telefonea en promedio 2.42 minutos por llamada pero la facturación redondea el tiempo a tres minutos. Lo mismo ocurre si se habla por cuatro minutos ya que la facturación redondea el tiempo en seis minutos. El perjudicado es, según este razonamiento, el usuario. De aplicarse la sugerencia de ACYU, la factura de una persona con llamadas de un minuto se reduciría en 33%, porque la nueva tarifa no toca a la renta fija que cobra Telefónica sino sólo a los "pasos" en exceso. Si se tratase de llamadas de dos minutos, la reducción de la factura sería de 1.3%, pero si se tienen llamadas de tres minutos, la cuenta subirá en 43%. Quienes quieran navegar en Internet tendrán que tomar Coramina antes de abrir el recibo de la cuenta telefónica. Para Gutiérrez, de aplicarse la teoría de Osiptel, los ingresos de Telefónica crecerán 12.7% "Debe ser por eso que los directivos de la empresa están mudos", señala. Mientras tanto, Herley Llerena, representante de ACYU ante el directorio de Osiptel compuesto de otros seis miembros, tratará de convencerlos esta semana con estos argumentos. "En caso contrario, habrá guerra", dice.
