Ley del Silencio
Iniciativa legislativa pretende amordazar a la prensa en el caso del espionaje telefónico.
Martha Chávez: el pretexto de la defensa nacional para no profundizar las investigaciones.
Después de largas semanas de casi total inactividad, la presidenta de la Comisión de Defensa, Orden Interno e Inteligencia del Congreso, Martha Chávez de Ocampo, inesperadamente dio declaraciones sobre el tema del espionaje telefónico. Antes estuvo de viaje y luego, a su regreso, canceló una sesión programada decretando extemporáneo duelo por la muerte del congresista Gamaniel Barreto, miembro de la citada comisión.
Cuando lo que se esperaba era un avance preliminar de las "investigaciones" realizadas hasta la fecha, Chávez dio un nuevo giro al caso.
Pocos días antes había reconocido la existencia del llamado "Plan Emilio", aunque sostuvo que estaba orientado a cautelar la defensa nacional. Hasta ese momento, dicho plan era conocido por la opinión pública como la denominación que recibió el plan operativo del candidato presidencial Javier Pérez de Cuéllar durante la campaña de 1985, de congresistas de oposicion y de periodistas independientes.
Seguidamente, el domingo 2 anunció que presentaría un proyecto de ley destinado a mantener la reserva de documentos secretos vinculados a la defensa nacional. Esto, si bien es razonable, sin embargo parece estar destinado a evitar que se profundicen las investigaciones en el caso del espionaje telefónico u otras por el simple hecho de basarse en documentos clasificados.
Analistas políticos interpretan este iniciativa como un castigo a la prensa independiente y, a su vez, asegurarse que miembros de las FF.AA. no denuncien actos que vulneren el ordenamiento legal vigente.
Se trata ciertamente de una curiosa manera de entender el trabajo de una comisión investigadora. Si bien Chávez ha admitido la posibilidad de invitar a miembros de las FF.AA. e inclusive hasta al asesor del SIN, Vladimiro Montesinos, para declarar sobre el tema, llama a suspicacia el orden de prioridades establecido y el propósito de la iniciativa.
Es habitual que una comisión concluya sus investigaciones presentando un proyecto de ley relativo a la materia investigada, pero no que proceda de manera inversa, es decir, cuando las investigaciones apenas empiezan.
En todo caso, la congresista Anel Townsend, denunciante del espionaje telefónico, presentará un proyecto para asegurar que los ciudadanos tengan todas las seguridades para realizar sus denuncias y que no se restrinja la labor de la prensa.
MARINO AL AGUA
Esta semana nuevamente cobró fuerza el runrun de la renuncia de Marino Costa Bauer a la cartera de Salud. El motivo de su posible salida se debería a discrepancias con su viceministro José Aguinaga por los resultados de una licitación de servicios de consultoría.
ENCAJE MOVIL
La sobrevivencia del encaje de 45% que exige desde hace seis años el BCR para los depósitos en moneda extrajera, parece camino a su extinción, empujado por la secuela del efecto Dragón. Lo que en un momento fue una medida coyuntural para afrontar la masiva afluencia de los capitales de corto plazo ha devenido en permanente. Así, de cada US$ 100 que ingresan al sistema bancario, US$ 45 son inmovilizados en las bóvedas del BCR generando distorsiones a la economía peruana.
Inmovilizar uno de cada dos dólares trae como consecuencia que:
AL ACECHO
Guido Guevara del CSJM: nuevo proceso a Leonor La Rosa, quien aún no puede viajar.
Más que la información sobre el organismo a su cargo, la presentación del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), general Guido Guevara, ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, dejó en claro la posición de la justicia militar en torno al caso de la ex agente torturada Leonor La Rosa. El general Guevara sostuvo que está abierto un nuevo proceso contra la ex agente por seguimiento indebido a un funcionario público. Se referia al alcalde de Comas. Si bien se cuidó de afirmar que no se pretendía interrumpir el tratamiento médico de La Rosa, ésta sería la citada a declarar en un plazo de quince días. A pedido de la congresista Beatriz Merino, la Comisión de la Mujer ha decidido iniciar gestiones ante el Ejecutivo para que éste solicite al gobierno mexicano el otorgamiento de visa a los familiares de La Rosa. Sin embargo, el lunes 3 la ministra Miriam Schenone afirmó que para ella el caso estaba cerrado. El consulado mexicano sólo ha otorgado visa a la ex agente y a un familiar, y habría comunicado que si el gobierno peruano intercede revisaría la solicitud.
PRUEBA DE FUEGO
Miguel Velit, de la Comisión de Fiscalización, y denuncia al parecer ineludible.
La semana pasada el propio alcalde de Huancavelica, Federico Salas Guevara, entregó a la presidenta de la Comisión de Descentralización, Carmen Lozada de Gamboa, un casete que contiene comprometedoras declaraciones de María Luisa Fernández, repuesta jefa del PRONAA de Huancavelica, a la prensa. Esta manifestó, entre otras cosas, que hay que echar abajo al alcalde Salas. Días después, el lunes 3 de noviembre, el mismo alcalde, entregó al presidente de la Comisión de Fiscalización, Miguel Velit, una solicitud de investigación contra la funcionaria. Adjunto al pedido Guevara entregó copia del informe 03-97-EE-PRONAA-OAI sobre la anterior gestión de Fernández. Las conclusiones de éste encontraron responsabilidad administrativa y presunta responsabilidad civil de inadecuados mecanismos de control financiero, así como inoportunos e inadecuados manejos de control y administración de los recursos asignados. Es extraño que, con tales antecedentes, esta funcionaria haya asumido nuevamente el cargo. Ella, por cierto, fue rival de Salas en las últimas elecciones municipales. Fernández parece ser infatigable. Se le acusa, además, de haber realizado campaña política utilizando alimentos del programa de gobierno, induciendo a los clubes de madres huancavelicanas en favor de Luz Salgado, nada menos que su madrina, en las elecciones generales de 1995. Salgado fue la congresista que obtuvo más votos en Huancavelica. Por sus irregularidades, la actual jefa del PRONAA de Huancavelica fue retirada del mismo cargo en setiembre de 1995.
