A Ritmo De Candidato
La inscripción de Somos Perú ha dado nuevo aliento a Alberto Andrade, que se ubica en el centro de la acción política opositora.
Alcalde Alberto Andrade se frota las manos más que de satisfacción como preparándose para una nueva batalla legal a favor de los fueros municipales.
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Si dejo que pasen por encima del fuero municipal, entonces no soy alcalde", ha indicado Alberto Andrade Carmona, el burgomaestre de Lima Metropolitana, para señalar que respecto a la ley de habilitaciones urbanas no cederá un milímetro.
Con variantes de estilo, este argumento le ha servido hasta hoy para convertirse en el adalid de la defensa de los fueros municipales, seguido por un eco diverso de los demás alcaldes del país.
La diferencia esta vez estriba en que a la firmeza se añaden argumentos jurídicos que enfrentan al poder legislativo y su omnímoda potestad y que ahora Andrade ya no sólo es el alcalde sino también una figura política, con movimiento propio e inscrito en el JNE.
Las habilitaciones urbanas tal como las concibe populistamente la nueva ley fortalecerían el caos urbano, el mayor mal de Lima metropolitana.
Es, pues, una fuerza política que se coloca en la primera fila o en el centro del ring político, que cuenta con un sostenido apoyo ciudadano (73% a favor de su gestión edil) en contraste con el decaído pendón oficialista que sólo viene conociendo el rechazo público.
Es vox pópuli que el factor que ha llevado a este crecimiento político de Andrade es la actitud hostil del régimen, el permanente hostigamiento legal y económico a que se somete a Lima y el legicidio continuo que disminuye las prerrogativas de los gobiernos locales.
Esta vez Alberto Andrade cree que puede enfrentar la ley de habilitaciones urbanas con una mayor audiencia y un mayor número de adherentes en los municipios provinciales. Asimismo, la Cámara Peruana de la Construcción, el Colegio de Arquitectos y diversos constitucionalistas brindan un apoyo multidisciplinario a este esfuerzo por impedir que el reino del casco urbano -que tanto padecen las ciudades peruanas- se vea fortalecido por esta ley sancochado, en la que se mezclan conceptos, ideas y principios.
El tema de las habilitaciones urbanas puede que tenga algunos fundamentos prácticos, especialmente para acelerar la titulación de tierras que son ocupadas por viviendas y urbanizaciones informales. El primero en pronunciarse al respecto fue el Instituto Libertad y Democracia de Hernando de Soto, que sostuvo hace algunos años que por razones de rémora administrativa el país desaprovechaba una gran fuente de inversión y movimiento de capitales en el sector construcción gracias a la inmensa propiedad informal de viviendas.
El gobierno terminó peleándose con Hernando de Soto, pero la idea le fue grata y se llevó a gran parte del equipo del ILD para crear la "Comisión de Formalización de la Propiedad Informal" (Cofopri), un ente técnico que, como es obvio, tenía el atractivo de multiplicar las simpatías políticas de los informales.
Congresista Carmen Lozada de Gamboa, una pertinaz cadena legal de errores que a la postre favorecen a su archienemigo.
Si la reelección de Alberto Fujimori necesita un instrumento, un brazo populista y de fácil manejo, ese es Cofopri.
La ley de habilitaciones urbanas tiene, en ese sentido, desviaciones conceptuales, pues con el pretexto de las viviendas informales aprovecha para cambiar la ley de municipalidades y entra en aspectos mucho más amplios (de planificación urbana) y de utilización del suelo urbano. Y tiene desviaciones políticas populistas: que la gente crea que es "papá gobierno y papá Fujimori" el que les otorga los títulos de propiedad de sus viviendas.
Hasta el momento las municipalidades provinciales es posible que hayan ido lento en la titulación de los informales, pero es que los casos tienen una multiplicidad de formas que hacen preciso ser cautelosos, especialmente porque el mercado de tierras en los sectores populares se ha convertido en pingüe negocio de desaprensivos alcaldes distritales.
La ley rechazada ha encontrado en el asesor legal del Municipio Metropolitano, Ernesto Blume Fortini, a un contradictor de polendas. Si es inconstitucional no puede ser admitida, más aún cuando la Carta Magna de 1993 admite que las municipalidades "gozan de autonomía, lo que implica la facultad de autonormarse, autorregularse y autogobernarse".
Blume se ampara en opiniones de varios constitucionalistas para sostener que basta una ordenanza municipal y quede planteada una contienda de competencia automáticamente que deberá resolver o la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional (que no puede pronunciarse mientras no complete el número legal de sus miembros).
Blume recuerda que no es la primera vez que se han planteado acciones de defensa del fuero municipal. Está el caso de la invasión de los parques zonales por parte de alcaldes distritales del oficialismo. Y la propia congresista Carmen Lozada de Gamboa, autora del legicidio de hoy, en otras tres oportunidades pasadas fue frenada por ordenanzas. Fue el caso del Promcepri, que le restaba a los municipios la facultad de crear incentivos a la inversión privada en obras de servicio e infraestructura pública. También el del proyecto Lozada de Gamboa que le impedía a los municipios disponer de sus bienes sin antes pedir la anuencia de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Luego vino el añadido de la ley Indecopi que establecía que éste podía inaplicar ordenanzas municipales y sancionar a los municipios.
"Se trata de auténticos rescates normativos", arguye Blume.
Por su parte, las observaciones del Colegio de Arquitectos, dadas a conocer el martes 18 de noviembre, son sumamente importantes. Reconoce que el proyecto original de habilitaciones urbanas puede tener como fin aceptable la eliminación de trámites engorrosos, pero lo que deplora es el inútil enfrentamiento con las municipalidades. Finalmente propone salidas a aquellos artículos que considera equivocados.
La ley, según el Colegio de Arquitectos, contiene asuntos ajenos a los anunciados por el título general y simplemente se refiere a los procedimientos para la aprobación de habilitaciones con fines de vivienda, modifica la ley de municipalidades al "distritalizarse la aprobación de las habilitaciones, Cofopri retiene un "poder exclusivo y excluyente", no se condice con la realidad del país, incita a la habilitación sin servicios urbanos indispensables y alienta la especulación.
¿Hay una premeditada resistencia a la ley por parte de Alberto Andrade? Es improbable. Justamente lo que le ha permitido hasta ahora al alcalde limeño realizar una cabal acción municipal ha sido que se ha basado en la ley y la ha defendido ardorosamente. Para él ha sido un triunfo su inscripción en el JNE, pues si bien le han mochado casi 600 mil firmas sobrepasó la barrera de las 480 mil, dando señal de que sabe trabajar con orden y sin pausa.
Su inscripción como movimiento le permite ahora encaminarse a la conformación de las listas de candidatos a nivel nacional. Nada le conviene más que mantenerse en el marco de la ley. Se dice que Somos Perú ha recibido ya 2000 solicitudes de postulantes que desean candidatear. Según Manuel Masías recién se podría hablar de nombres el próximo año, pero ya circulan en los corrillos los nombres de Pablo Gutiérrez y Luisa María Cuculiza que llevarán los colores del grupo para su reeleción en Chorrillos y San Borja. También sería el caso de Tito Chocano y José Murguía, los líderes de Tacna y Trujillo. Pedro Carranza López sería el nombre voceado para Chimbote.
