Mar de Fondo

Caja Mayor
Arranca el debate presupuestario con gran incógnita: el costo del subsidio eléctrico y de las 50 viviendas ofrecidas por Fujimori.

Carlos Lam, presidente de la Comisión de Presupuesto: ni una coma la proyecto del Ejecutivo.

Este jueves 20 los ministros Alberto Pandolfi y Jorge Camet acuden al Congreso a defender su propuesta de Presupuesto para 1998 que al parecer Juan Carlos Lam, presidente de la Comisión respectiva del Congreso, ha respetado de cabo a rabo.
La torta es de US$ 10'200,000 (S/. 29'533,000) y una vez más a Daniel Hokama, titular del ministerio de la Presidencia, y a Jorge Camet, ministro de Economía, les toca más de la mitad.

  • Los ingresos fijos de SUNAD y SUNAT (2% de la recaudación) a estas alturas parecen un exceso. La reforma en ambas instituciones ya es un hecho. El retorno de estos recursos a una caja única, que es una sana práctica fiscal, sin embargo seguirá pendiente.
  • Por otra parte Pandolfi tendrá la oportunidad de explicar con claridad cuánto costará el subsidio eléctrico prometido por el presidente Fujimori. Todavía no está claro a qué partida le aplicarán el tijeretazo para cubrir este ofrecimiento.
  • A estas alturas está claro que Camet redacta el Presupuesto de la República con la misma facilidad con que un abogado realiza la constitución de una empresa. El formato es único. Nuevamente aparece un artículo relativo a los topes de las licitaciones, concursos y adjudicaciones directas. Sin embargo, cada vez que el MEF lo requiere utiliza el expediente de los Decretos de Urgencia convirtiendo a la ley en letra muerta.
  • Lam parece haber aprendido de sus iniciales errores, como por ejemplo cuando señaló que el Presupuesto sería de S/. 24 mil millones y los pagos de deuda de US$ 700 millones. Lo cierto es que el Presupuesto para 1998, sin ampliaciones, llega a S/. 30 mil millones y los pagos de deuda superan los US$ 1,700 millones.
    La oposición planteó la desaparición del ministerio de la Presidencia (23% del Presupuesto) y repartir sus jugosas partidas entre las municipalidades y los gobiernos regionales. Hokama ni se inmutó. Más realista Manuel Lajo ha propuesto cierta gradualidad en el recorte, y más bien un aumento del 20% para los pensionistas y 8% para los empleados del sector público.

  • Recursos propios (capital social de S/. 16,000) así como líneas de COFIDE y de algunos bancos comerciales (S/. 32,500) constituyen el capital de trabajo inicial de MIBANCO, cuya organizacion fue autorizada por la SBS la semana pasada. Accionistas de la publicitada entidad son: Acción Comunitaria del Perú (60.0%), Acción Internacional (7%), Profund Internacional S.A. (19.68%), Banco de Crédito del Perú (6.66%) y Banco Wiese Ltdo. (6.66%).

  • El informe de 1997 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) difundido a fines de octubre indica que entre 1990 y 1996 la deuda pública externa de América Latina creció 7% anual (de US$ 418,792 millones a US$ 622,529 millones). En contraste durante ese mismo período el incremento del PBI regional fue, en promedio, de apenas 3.3% al año. Es decir, que en los últimos años la deuda de los países latinoamericanos ha venido creciendo casi dos veces más rápido que sus economías.

    POSTULACION A CIEGAS

    En sesión privada el pleno del JNE resolvió la consulta formulada por el personero de UPP, Carlos Chipoco, y por el congresista Arturo Chirinos (AP) para aclarar si un congresista puede postular a una alcaldía. Chipoco buscaba respuesta a las inquietudes existentes en UPP en torno a la eventual candidatura de Daniel Estrada a la alcaldía de Lima, en tanto que Chirinos lo hacía con miras a una posible postulación a la alcaldía de Chiclayo. El JNE sin embargo no ha dicho ni sí ni no. Señala que primero deberán presentarse las candidaturas, y luego -si es que las hay- las tachas. Y recién entonces resolverá. Así las cosas UPP deberá decidir a tientas si lanza o no al ex alcalde del Cusco. Se presume, en todo caso, que de producirse alguna tacha contra Estrada, ésta no vendría del oficialismo que ve con buenos ojos toda posibilidad de restar votos a Alberto Andrade. Más probable es, a juzgar por declaraciones de algunos upepistas, que la tacha venga de sus propias filas.

    AGENDA CALIENTE

    Alcalde de Huancavelica Federico Salas: requerimientos de los gobiernos locales y oídos sordos del MEF en agenda de la AMPE.

    Los presagios de Luis Guerrero, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), parecen confirmarse: a los gobiernos locales les correspondería el 3.1% del Presupuesto para para 1998. Es decir, una rebaja en relación al actual ejercicio fiscal (3.5%). Según Guerrero, la Ley de Presupuesto será uno de los temas que se discutirán en el próximo Congreso de AMPE que se desarrollará del jueves 27 al sábado 29 en el Cusco. No será en todo caso el único tema espinoso. También estará sobre el tapete la Ley de Departamentalización, la Ley de Habilitaciones Urbanas y la Ley de Descentralización Fiscal. Sin duda, una agenda urticante. Uno de los alcaldes más preocupados por el tema presupuestal es el de Huancavelica, Federico Salas Guevara, quien ha había venido insistiendo en que primero debía aprobar la Ley de Departamentalización para consignar así la ejecución presupuestal por departamentos. Salas teme que con la actual estructura administrativa -por regiones- el presupuesto asignado a Huancavelica sea una vez más insuficiente.

    AZUCARADO CARAMELO

    Arturo Woodman y el precio de la privatización de las ex cooperativas azucareras.

    El economista César Humberto Cabrera ha sido enrolado por un grupo de trabajadores-propietarios de Laredo, Casa Grande y Cartavio para hacer frente a la arremetida privatizadora que promueven, visiblemente Arturo Woodman desde la CEPRI azucarera, y fantasmalmente Absalón Vásquez con su maquinaria de campaña. El argumento de los cañeros es atendible: el Estado, que es dueño del 10% de las ex cooperativas, quiere disponer no sólo de su parte en el negocio sino también del 90% restante.
    El ofrecimiento de US$ 1,000 por testa a cambio de renunciar a su participación, filtrado al parecer por la CEPRI, no parece haber tenido mayor acogida. El ex viceministro de Industria, Vicente Silva Checa, le ha bajado el dulce a la propuesta privatizadora al recordar que se está hablando, de cifras mayores. Grosso modo el valor de cada hectárea de las ex cooperativas es de US$ 10 mil, y si se considera que son 60 mil las hectáreas en juego el monto total es de por lo menos US$ 600 millones. Sin embargo, la propuesta privatizadora no cubre ni el 5% de este valor.
    La diferencia con la suerte de los parceleros de Ica que se retiran del campo arrastrados por la ola inversionista del sector privado es evidente: cada uno éstos viene recibiendo por los lotes de alrededor de 6 hectáreas cerca de US$ 30 mil.
    Si así están las cosas en tierras cuyo potencial es, según los expertos, igual o menor, no parece haber razones suficientes para presumir que 30,400 trabajadores (entre activos y jubilados) van a dejar sus tierras y además sus viviendas por una suma tan magra.